En el desierto del norte de Chile, las zanjas construidas por el nuevo gobierno del ultraderechista José Antonio Kast para cerrar el paso a la migración irregular divide a chilenos y peruanos a ambos lados de esta frontera de intenso flujo terrestre. “¿Irá a dar resultados?”, se pregunta Manuel Pérez, un turista chileno de 50 años en la limítrofe ciudad peruana de Tacna. “Son muchos kilómetros de límite y siento que una zanja no soluciona de base el problema de la inmigración”, dice a la AFP.

El plan “Escudo fronterizo” de Kast, que asumió la presidencia hace una semana, contempla la construcción de “barreras físicas” en cerca de 500 kilómetros en las regiones norteñas de Arica, Tarapacá y Antofagasta, en sus límites con Perú y Bolivia, según el gobierno. Frenar la inmigración irregular fue una de las principales promesas de campaña de Kast, que asocia a los indocumentados con un incremento de la delincuencia.

En Chile, de 20 millones de habitantes, hay unos 337.000 migrantes sin papeles, la mayoría venezolanos que llegaron por esas fronteras. El país sigue siendo uno de los más seguros de Latinoamérica. La tasa de homicidios en 2025 fue de 5,4 por cada 100 mil habitantes, una de las más bajas en la región.

En la frontera de Chile y Perú, el comercio bilateral es una de las actividades centrales. Muchos peruanos llegan a Arica para trabajar y comerciar productos, mientras que muchos chilenos ingresan a la peruana Tacna para hacer compras o acudir a consultas médicas más económicas. La comerciante Irene Flores, peruana de 50 años, llega a Chacalluta con unas bolsas de mercadería. Teme la posibilidad de que otras medidas más rígidas afecten ese intercambio fluido. “Debería ser un poquito más flexible” el gobierno chileno, dice.

Además de la zanja, el gobierno de Kast anunció que ampliará el contingente militar en las fronteras y mejorará sus tecnologías de vigilancia con drones, cámaras, sensores y equipamiento especializado. La zanja es “muy drástica”, comenta a la AFP el jubilado peruano Pedro Rosales, de 79 años, en una plaza de Tacna.

Al otro lado, la ariqueña Angélica Ramírez, de 54, dice que las medidas son necesarias “porque la delincuencia en Chile es muy alta”. Los ingresos irregulares, sin embargo, muestran una “disminución sostenida” desde 2021, según el Servicio Nacional de Migraciones. En 2025 se registró una caída del 10,2 % respecto del año previo.

Fuente: AFP.

Las intensas lluvias de temporada que se registran en Perú desde diciembre pasado dejan a la fecha un saldo de 92 personas muertas y más de 23.000 damnificados, informó el lunes el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci). La mayoría de las víctimas perdió la vida por deslizamientos de tierras, inundaciones, tormentas eléctricas y el desborde de ríos en las regiones andinas y amazónicas del país.

La cifra de “muertes hasta la fecha llegó a 92”, dijo a la AFP una fuente de la institución estatal. Según el Indeci, hasta el momento las lluvias han dejado 23.788 damnificados y 1.149 viviendas destruidas. Un deslizamiento de tierra dejó el domingo cinco personas fallecidas en el distrito de Parcoy en la región de La Libertad.

Las precipitaciones obligaron al gobierno a declarar en emergencia 1.177 distritos de los más de 1.800 que existen en todo el país. Perú se encuentra desde febrero en estado de alerta climática ante la llegada del fenómeno natural El Niño Costero, que eleva periódicamente la temperatura del océano y causa lluvias e inundaciones.

Las regiones más afectadas son Tumbes, Piura y Cajamarca, en la frontera con Ecuador; Lambayeque, Arequipa, Ayacucho y Madre de Dios, este último limítrofe con Brasil y Bolivia. La temporada de lluvias en Perú corre de diciembre a abril. Durante 2025 hubo 96 muertes y más de 127.000 damnificados por las precipitaciones, según las autoridades.

Fuente: AFP.

Agencias de noticias internacionales informan que el avión que transporta al capo narcontraficante uruguayo Sebastián Marset, tras su expulsión de Bolivia, aterrizó en el aeropuerto de Lima, Perú. En este lugar, la DEA, agencia federal estadounidense que se encarga de combatir el narcotráfico, cambió de aeronave y continuó su viaje hacia los Estados Unidos.

Marset fue capturado por la Policía de Bolivia en un operativo que tuvo lugar a las 03:00 de la madrugada en el barrio Las Palmas de Santa Cruz de la Sierra. En horas de la mañana de ese viernes, el gobierno de Bolivia dispuso su expulsión del país, y el traslado, quedó a cargo de agentes de la DEA, que inició pocas horas después de su detención.

El avión de matrícula norteamericana Drug Enforcement Administration con matrícula N846DJ, que sacó a Marset de Bolivia, aterrizó en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, de Lima Perú, sobre las 13:44 de este viernes.

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Según las informaciones que dieron a conocer las autoridades, la DEA completará el traslado de Marset hacia Estados Unidos en otro avión, continúa su viaje para someterse a la justicia norteamericana por diversos cargos, hasta la ciudad de Nueva York.

El uruguayo es señalado por autoridades de varios países como líder de una organización dedicada al tráfico internacional de cocaína y al lavado de dinero, con operaciones que habrían conectado Bolivia, Paraguay y Europa.

Además, Estados Unidos había ofrecido una recompensa de hasta 2 millones de dólares por información que condujera a su arresto o condena, dentro del programa de recompensas contra el crimen organizado transnacional del Departamento de Estado.

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El gobierno de Perú ordenó el pasado viernes teletrabajo para el sector público y clases a distancia en todo Lima por el racionamiento de gas que originó una fuga en el ducto del principal yacimiento del país. Las medidas, que también afectan al puerto vecino Callao, durarán hasta el 14 de marzo, fecha en que las autoridades prevén que se restablezca el suministro normal del combustible.

La crisis de abastecimiento provocó largas filas de vehículos a la espera de ser atendidos en las estaciones de servicio en Lima, la capital peruana de 10 millones de habitantes. El decreto que regirá a partir de este sábado busca ahorrar energía para “asegurar el abastecimiento de gas en más de dos millones de hogares y garantizar” el desarrollo “de los servicios esenciales”, según una nota de prensa oficial.

“Para la continuidad laboral se dispondrá del teletrabajo en el sector público en Lima y Callao en el período de la contingencia”, hasta el 14 de marzo, dijo la primera ministra Denisse Miralles en conferencia con los medios. El teletrabajo será obligatorio para el sector público. Las empresas privadas deberán evaluar si lo adoptan o no, aunque el gobierno las alienta a hacerlo.

Además, todas las escuelas y universidades deberán disponer clases a distancia o virtuales. Para las industrias privadas afectadas por la restricción de gas, el gobierno sugirió “el adelanto de vacaciones” entre su personal. El Ejecutivo decretó el lunes en emergencia el suministro de gas natural a causa de la fuga seguida de una deflagración en un ducto del yacimiento de Camisea, en la selva de Cusco (sureste).

A raíz de ello, la empresa Transportadora de Gas Natural (TGP) paralizó sus actividades en esa infraestructura. La fiscalía inició una investigación a TGP por contaminación ambiental y atentado contra la salud, después de que que 35 indígenas amazónicos sufrieron afectaciones respiratorias y oculares leves. Aparte de abastecer a su mercado interno, Perú exporta gas natural a México, China, Japón, Corea del Sur y algunos países de Europa.

Fuente: AFP.