La justicia resolvió durante los primeros tres meses de este año que 126 personas enfrentarán un juicio oral y público por el hecho punible de incumplimiento del deber alimentario por no poder cumplir con la asistencia legal para sus hijos.

Las resoluciones se generaron luego de la realización de las audiencias preliminares llevadas a cabo en diferentes sedes judiciales de nuestro país. Ahora se deberá fijar la fecha para el desarrollo de la audiencia oral para los acusados que tienen aún la posibilidad de llegar a un acuerdo conciliatorio abonando la deuda que tienen por prestación de alimento y así evitar que se lleve a cabo la audiencia oral y pública.

Según los datos facilitados por la dirección de Estadística del Poder Judicial en la sede de capital este 2025 se elevaron un total de 13 causas penales por incumplimiento del deber alimentario a juicio oral y público.

En la circunscripción judicial de Alto Paraná un total de 20 procesados estarán en el banquillo de los acusados, mientras que en Itapúa se elevaron a juicio oral causas penales por incumplimiento del deber alimentario. Asimismo, en la circunscripción de Central se elevó un total de 57 procesos penales a juicio oral y público.

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Del mismo modo, de acuerdo a los datos obtenidos durante el año 2020, un total de 377 causas fueron elevadas a juicio oral. En el 2021 fueron 773; en el 2022 se elevó a juicio oral 677 procesos penales; en el 2023 un total de 636 casos, y en el 2024 fueron 644 casos lo que se elevó a juicio oral y público.

El artículo 225 del Código Penal refiere que el que incumpliera un deber legal alimentario y con ello produjera el empeoramiento de las condiciones básicas de vida del titular, o lo hubiera producido de no haber cumplido otro con dicha prestación, será castigado con prisión de hasta dos años o multa.

Modo agravado: el mismo artículo apunta que el que incumpliera un deber alimentario establecido en un convenio judicialmente aprobado o en una resolución judicial, será castigado con pena privativa de libertad de hasta cinco años o con multa.

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En amistoso inter­nacional en la Olla, Cerro Porteño ven­ció en penales 4-1 al argen­tino Platense tras empate 1-1 en tiempo normal. Robert Piris da Motta (30′) desper­dició un penal, que remató a un palo.

El paraguayo Ronaldo Martínez (23′), de atrope­llada, marcó el tanto de los argentinos. Derlis Rodrí­guez (48′), con potente remate, selló el empate. Desde el punto penal ano­taron Francisco da Costa, Eduardo Brock, Robert Piris da Motta y Federico Carrizo. Ignacio Vázquez convirtió para Platense; malograron Óscar Salomón y Braian Riveros.

Cerro Porteño alistó a Jean Fernandes; Enzo Giménez, Javier Báez, Eduardo Brock y Miguel Benítez; Gabriel Aguayo, Jorge Morel, Robert Piris da Motta y Derlis Rodríguez (Fede­rico Carrizo); Juan Iturbe y Diego Churín (Francisco da Costa). DT: Manolo Jimé­nez.

A segunda hora, el cuadro B de Cerro cayó 1-0 ante el equipo A de Sol de América con gol de Lisandro Cabrera (83′). El Ciclón jugó con Alexis Arias (Miguel Mar­tínez); Víctor Cabañas, Alan Benítez (Alexis Prieto), Rodrigo Melgarejo y Diego León; Tobías Portillo (Dra­mané Diarra), Rafael Carras­cal, Alexis Fariña (Alan Arce) y Federico Carrizo (Édgar Páez); Fernando Fer­nández y Francisco da Costa (Luis Olmedo).

Finalmente, Cerro Porteño transfirió al delantero Fer­nando Romero (24 años) al argentino Independiente Rivadavia en unos 600 mil dólares por el 70 % del pase y un contrato de tres tempo­radas. Romero fue llamado de Trinidense, donde estaba a préstamo, para reincor­porarse al Ciclón de cara al segundo semestre.

• Ciudad del Este. Agencia regional.

La Dirección de Bienestar y Reinserción Social del Minis­terio de Justicia viene desa­rrollando un ciclo de lectura entre personas privadas de libertad, dentro de recintos penales de varones, y el vier­nes fue la clausura en la Peni­tenciaría Regional de Ciudad del Este. De 30 inscriptos ini­cialmente, 10 concluyeron con el trabajo, según la titu­lar de esta dirección, la doc­tora María Rosalía González.

La actividad se realizó a pro­pósito de la semana del libro, pero el trabajo empezó hace un mes porque el proyecto tiene dos fases: primero la lectura, luego hacer un ensayo literario, de acuerdo a las posibilidades de cada uno, para presentarlo en un acto final de clausura, que fue lo realizado el viernes al mediodía en el penal de Ciu­dad del Este, con presencia de autoridades del Ministe­rio de Justicia.

“Iniciamos esta semana una serie de actividades de lectura y ensayos literarios, hacién­donos cargo del aspecto cul­tural, como una opción, en el marco de una reinserción integral de las personas pri­vadas de libertad”, expresó la directora María Rosalía González. Indicó que se les dio tiempo a las personas por­que se requería de la lectura y luego presentar un ensayo.

“Lo que queremos es pro­mover lectores autócto­nos que puedan adquirir el hábito de la lectura, que es lo que más ayuda a una per­sona que está en situación de encierro, distraerse un poco, no estar ocioso y en el caso de no realizar nin­guna actividad de estudio o de capacitación dentro de los planes que se les ofrece, puedan también tener que es del ámbito cultural”, dijo María Rosalía González.

El ministro del Interior, Enrique Riera, se refirió a los planes que existen alrededor de los diferentes penales del país con el objetivo de transformar la realidad penitenciaria. Indicó que la habilitación de los nuevos penales, la habilitación de celdas exclusivas para criminales peligrosos y una reforma en Tacumbú son los caminos a los que apunta el Estado.

“Se está buscando transformar Tacumbú en un lugar para procesados, usar las cárceles de máxima seguridad por ahora para descomprimir y apuntar en el mediano plazo a inaugurar las otras tres y construir nuevas de alta seguridad para los condenados, para los que tienen sentencia firme”, explicó Riera.

La habilitación plena de las dos penitenciarías en Emboscada y la de Minga Guazú, son prioridades del gobierno actual, manifestó el ministro del Interior, quien recordó que el expresidente Mario Abdo se fue sin cumplir esa misión, por lo que la administración de Santiago Peña entiende que contar con estos nuevos penales es clave para mejorar la situación en las cárceles.

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“El gobierno anterior se fue sin terminar la tarea y lo que se está haciendo ahora es utilizar las celdas de máxima seguridad que están dentro de las cárceles, son celdas 100 veces mejores de las que se tenían en Tacumbú en términos de seguridad. En una de ellas, en la de Emboscada, están los más peligrosos que habíamos sacado de Tacumbú (el clan Rotela)”, señaló ante la 650 AM.

Esta banda delictiva está custodiada por policías, funcionarios penitenciarios y el cuidado y control del perímetro está a cargo de militares. Riera recordó que cada uno de los tres penales cuenta con 82 celdas de máxima seguridad, por lo que al inaugurarse las tres unidades, se contará con capacidad para albergar a 246 criminales peligrosos, esto mientras se evalúa a la Región Occidental como destino para quienes tengan condena.

“Estamos apostando en líneas generales al Chaco como una posibilidad real para los condenados, a la par se está hablando de una transformación de Tacumbú, físicamente hablando la idea es que esa cárcel termine siendo para procesados y se pueda construir dos o tres juzgados bien protegidos para que no haya más esa transferencia de presos o que el juez venga a Tacumbú y haga una maratón de audiencia”, detalló.

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También se busca dar una solución al abuso que se ha dado de la prisión preventiva, lo que ha contribuido a la sobrepoblación penitenciaria, por lo cual el objetivo es agilizar todo el sistema de juzgamiento, evaluar alternativas a la prisión para aquellos que no representan un peligro para la sociedad y contar con mayor infraestructura para albergar a reclusos.