• Buenos Aires, Argentina. AFP.

El gobierno argentino autorizó a civiles la compra de armas semiautomáticas y de asalto, según un decreto publicado este miércoles en el boletín oficial. La decisión del gobierno del ultraliberal Javier Milei autoriza a “legítimos usuarios” la compra y tenencia de “armas semiautomáticas, alimentadas con cargadores de quita y pon símil fusiles, carabinas o subametralladoras de asalto derivadas de armas de uso militar de calibre superior al 22”, de acuerdo al decreto publicado en el boletín oficial.

La disposición deroga una prohibición al respecto que regía desde 1995, cuando se restringió al ámbito militar la compra y uso de ese tipo de armamento. El decreto lleva la firma del presidente Milei, del jefe de ministros, Guillermo Francos, y de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

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Es la última de una serie de medidas que flexibilizan la tenencia de armas en Argentina, donde según datos oficiales citados por el Centro de Estudios Legales y Sociales “en el año 2022 uno de cada dos homicidios dolosos (...) fue producido con un arma de fuego”. En mayo se simplificó por decreto el otorgamiento de permisos con la llamada “tenencia express”, un trámite destinado a “facilitar y agilizar la obtención de armas de fuego”, según había anunciado el gobierno.

El trámite pasó a ser exclusivamente en formato digital a través de la plataforma de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac), tanto para civiles como para miembros de las Fuerzas Armadas, de seguridad o policías que compren armamento en armerías comerciales. Los civiles deben probar “usos deportivos”. A finales de 2024, otro decreto de Milei bajó la edad mínima de portación legítima de armas de fuego de 21 años a 18.

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“A los 16 años tienen derecho a votar. A los 18 pueden ir a la guerra, formar una familia o ser miembros de una fuerza de seguridad. Y, aunque parezca increíble, a cualquier edad pueden elegir un cambio de sexo que los marcará de por vida. Entonces, ¿por qué a los 18 años no podrían ser legítimos usuarios o portadores de un arma?”, se había preguntado entonces la ministra Bullrich.

La ministra es una defensora de la libre portación de armas, en tanto el presidente Milei, aunque se manifestó a favor cuando era diputado antes de llegar a la presidencia, luego dijo que una reforma en ese sentido no formaba parte de su plataforma. En Argentina, con 45 millones de habitantes, cerca de un millón -la mayoría hombres- tienen credenciales de usuario de armas de fuego, aunque más del 65 % están vencidas, según una investigación de Chequeado en mayo en base a pedidos de acceso a la información.

Este lunes se realizó una requisa en el Pabellón A Alta, del Centro de Rehabilitación Social (Cereso) del departamento de Itapúa, en la que los intervinientes lograron incautar armas de fuego, proyectiles y celulares. La intervención fue realizada por personal del establecimiento penitenciario con el acompañamiento del director, Javier Rodas, y fue comunicado a la Policía Nacional.

Según el reporte policial, la intervención se realizó pasado el mediodía en el centro de rehabilitación ubicado en barrio San Jorge, en el distrito de Cambyretá, donde lograron incautar varios elementos, entre ellos dos armas de fuego y proyectiles, todos sin percutir.

La Dirección de Policía del Departamento de Itapúa realizó el relevamiento de datos, trabajos de campo y retiro de los elementos incautados para su análisis. También fue informado el agente fiscal de turno, Francisco Martínez, quien dispuso la individualización y declaración indagatoria de los reclusos en cuyo poder encontraron las armas.

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En la requisa encontraron un arma de fuego, tipo revólver, calibre 38 mm; un arma de fuego, tipo pistola calibre 22 mm, marca Mahely. Además, 28 cartuchos sin percutir de ambos calibres, un celular de la marca Samsung en poder del recluso Pascual Benítez Miranda alias el “Sicario”.

Así también, otro aparato celular, marca Samsung de color negro en poder de la personas privada de su libertad identificada como Ronald Javier Núñez. Las evidencias se encuentran actualmente bajo cadena de custodia en sede de la Comisaría n.º 115 del Barrio Arroyo Porã de Cambyretá.

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En cumplimiento a un mandato del comandante en jefe y presidente de la República, Santiago Peña, durante una visita pasada a la Dirección General de Material Bélico (Digemabel), se procedió a la destrucción de más de 9.000 armas de fuego que fueron entregadas en custodia y que estaban vinculadas a procesos judiciales de años anteriores.

La misma se realizó con autorización jurisdiccional correspondiente.

Al respecto, el ministro de Defensa Nacional, Óscar González, detalló que se trata de un lote de armas viejas, acumuladas durante años, que principalmente incluyen revólveres y escopetas.

“Estas armas que fueron destruidas son aquellas que fueron decomisadas durante años y que fueron entregadas a la Digemabel, que es la depositaria judicial de los armamentos que son requisados en cualquier hecho delictuoso”, mencionó.

El ministro González explicó que el jefe de Estado había realizado una visita a la Digemabel en una ocasión anterior, en la cual había instruido que se acelere el proceso de destrucción de las armas porque eran una inmensa cantidad acumuladas en un depósito.

Destacó que la institución realizó los procesos para acelerar la destrucción de las armas, ya que, al estar vinculadas a procesos judiciales, donde las mismas constituyen una prueba, no podían ser destruidas hasta tanto culmine el proceso judicial y se tenga la autorización correspondiente.

El ministro de Defensa aclaró que las armas que fueron destruidas no guardan relación con aquellos armamentos nuevos incautados en operativos contra el crimen organizado, que eran armas nuevas de uso militar, y que efectivamente fueron entregadas a la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

• México. AFP.

Doce personas murieron y cinco resultaron lesionadas por un incendio en una clínica de rehabilitación contra las drogas en el violento estado mexicano de Guanajuato (centro), informó este domingo la fiscalía estatal. Los ataques a centros de atención de personas con adicciones en México suelen ser perpetrados por cárteles del narcotráfico que buscan reclutar a los pacientes que, en caso de resistirse, son ejecutados por los sicarios.

El incendio en la clínica, localizada en el municipio de San José Iturbide, ocurrió la madrugada de este domingo, según información de medios mexicanos. Agentes de investigación criminal y peritos de la fiscalía estatal determinaron que el incendio se inició al interior de un dormitorio que estaba cerrado por fuera, indicó la dependencia en un comunicado.

Señaló asimismo que 23 personas se encontraban en la clínica al momento del incendio, de los cuales tres internos que resultaron ilesos se reportan como “no localizados”. “La identidad del responsable aún no ha sido determinada. Se investiga si se encuentra entre los fallecidos, lesionados o personas ilesas”, señaló la fiscalía.

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En abril, un ataque armado contra una clínica de rehabilitación en el estado de Sinaloa (noroeste) dejó nueve personas fallecidas y cinco heridas. Otro incendio en un establecimiento similar en Ciudad de México en febrero provocó la muerte de cinco internos y forzó la evacuación de decenas de pacientes. El estado de Guanajuato es un importante centro industrial, con plantas de ensamblaje de autos como Mazda y Toyota, y alberga además populares destinos turísticos.

La región, sin embargo, es sacudida por la violencia debido a cruentos enfrentamientos entre el Cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los más poderosos de México, y el grupo Santa Rosa de Lima. En 2024 fue el estado con mayor número de homicidios (3.151), según cifras oficiales, poco más del 10 % de los registrados el año pasado en todo México.

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