Una drástica sanción aplicó el Tribunal Disciplinario de la Asociación Paraguaya de Fútbol al defensor liberteño Alexander Barboza (26 años), sin considerar sus descargos sobre la provocación recibida por parte de Guillermo Paiva del Olimpia en el clásico blanco y negro. En ese sentido, no hizo lugar a la prueba pericial de lectura de lenguaje de labios solicitada por el jugador, quien adujo que recibió un trato discriminatorio “negro de mierda”, lo que provocó su reacción en contra de Paiva.
Además de la sanción de un partido por la expulsión que ya cumplió en la fecha precedente, Barboza fue “sancionado con la multa de 30 salarios mínimos mensuales y la suspensión de cuarenta y cinco (45) días, contados a partir del día siguiente a la notificación de la presente Resolución, de conformidad al Art. 79 del Código Disciplinario de la APF”. Por esta determinación, el zaguero argentino se perderá por lo menos 6 partidos más hasta volver a estar disponible para el entrenador Daniel Garnero, quien ya prepara el once para medir a Ameliano mañana.
¿NO ES INSULTO?
El futbolista de Libertad cuestionó la decisión a través de sus redes sociales. “Condenan un acto violento de manera ejemplar, pero un acto de racismo no es motivo de sanción. La palabra negro utilizada en forma despectiva y como insulto, ¿Para ustedes no es motivo de sanción alguna?”, expresó el argentino. Barboza dejó una serie de imágenes muy fuertes, donde recibe insultos racistas de algunos aficionados. “No al racismo, ni en el fútbol ni en ningún otro lugar”, expresa el texto.
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Diputados sancionan acuerdo SOFA entre Paraguay y Estados Unidos
La Cámara de Diputados sancionó este martes en sesión extraordinaria, el proyecto de ley que ratifica el acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas (SOFA) suscrito entre la República del Paraguay y los Estados Unidos de América, instrumento que establece el marco jurídico para regular la presencia temporal de personal militar y civil estadounidense en territorio nacional en el marco de actividades de cooperación bilateral.
El “Acuerdo entre el Gobierno de la República del Paraguay y el Gobierno de los Estados Unidos de América Relativo al Estatuto de las Fuerzas” es una iniciativa que tiene como objetivo principal definir reglas claras, previsibles y recíprocas respecto a aspectos operativos, jurisdiccionales y administrativos vinculados a misiones conjuntas, entrenamientos, asistencia técnica y acciones de cooperación en materia de seguridad y defensa.
Según la exposición de motivos, el acuerdo busca fortalecer las capacidades del Estado paraguayo frente a desafíos contemporáneos como el crimen organizado transnacional, el narcotráfico, el terrorismo internacional y los riesgos emergentes vinculados a ciberataques y nuevas tecnologías, amenazas que, según se argumentó, requieren de una cooperación internacional más estrecha.
El documento establece disposiciones relacionadas con jurisdicción penal, privilegios e inmunidades, movilidad del personal extranjero, reconocimiento de licencias profesionales y operación de vehículos, señalando que dichas actividades deberán desarrollarse con respeto a la soberanía nacional y al ordenamiento jurídico paraguayo.
Fundado en el derecho internacional
El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Juan Manuel Añazco, explicó durante la sesión que, desde el punto de vista jurídico, el acuerdo se fundamenta en principios del derecho internacional y en la facultad soberana de los Estados para celebrar tratados, conforme a la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Asimismo, sostuvo que este tipo de instrumentos son habituales en esquemas de cooperación militar y humanitaria entre países.
Por su parte el diputado Pedro Ortiz, presidente de la Comisión de Defensa, Seguridad, Inteligencia y Orden Interno destacó el fortalecimiento de las capacidades militares mediante entrenamientos conjuntos, transferencia de conocimientos, asistencia técnica y preparación ante emergencias y desastres, además de mejorar la respuesta estatal frente a redes criminales transnacionales que operan en la región.
Esfuerzo conjunto
A su turno, el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, sostuvo que la lucha contra el narcotráfico requiere de un esfuerzo conjunto entre el Estado y la comunidad internacional.
“No podemos solos, quiero ganar la guerra a las drogas y ofrecerles un país seguro a mis hijos”, expresó, al remarcar la necesidad de fortalecer la cooperación en materia de seguridad y combate al crimen organizado
El acuerdo también apunta a otorgar seguridad jurídica a las operaciones de cooperación internacional, evitando vacíos legales mediante reglas claras sobre responsabilidades, jurisdicción e inmunidades del personal extranjero.
Durante el debate parlamentario, legisladores de la oposición manifestaron inquietudes respecto a las disposiciones vinculadas a privilegios e inmunidades contempladas para el personal estadounidense, particularmente, en lo referente a la jurisdicción penal y eventuales limitaciones para que ciudadanos extranjeros sean juzgados por tribunales paraguayos.
La aprobación del proyecto se sustenta en el artículo 202, inciso 2, de la Constitución Nacional, que faculta al Congreso Nacional a dictar, modificar y aprobar leyes y tratados internacionales, consolidando así la cooperación entre estados en materia de seguridad y defensa.
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Diputados sancionan límites fronterizos entre los municipios de San Alberto e Itakyry
Durante la sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados que se desarrolló en la fecha, se sancionó el proyecto de ley “Que modifica los límites del municipio de San Alberto, colindante con Itakyry departamento de Alto Paraná”. El documento se remite ahora al Poder Ejecutivo para la promulgación o veto.
El proyecto de ley en cuestión fue devuelto por la Cámara de Senadores con modificaciones de forma, las cuales quedaron aceptadas y, en consecuencia, se concretó la sanción.
Esto tiene por objeto el establecimiento de límites entre los distritos de San Alberto e Itakyry, con el fin de adecuar límites naturales con los distritos vecinos, teniendo en cuenta la cartografía base del Servicio Nacional de Catastro.
Una de las principales proyectistas, la diputada Rocío Abed, mencionó el caso de la comunidad de Ytaipyte, al lado Este del distrito de San Alberto, que históricamente ha sido considerada parte del mencionado municipio, pero en los papeles corresponde a Itakyry.
“Se han puesto de acuerdo los intendentes de San Alberto e Itakyry, con relación a una comunidad que históricamente figuraba en un distrito (Itakyry), pero era el otro el que hacía las inversiones (San Alberto)”.
La legisladora explicó que allí se encuentran asentadas instituciones educativas, como la Escuela Básica Nº 1516 “Virgen de Fátima”, y el Colegio Nacional Itaipyte, donde la Intendencia Municipal de San Alberto ha realizado innumerables inversiones.
Con la aprobación de esta iniciativa y la anexión de la citada colonia, San Alberto pasaría a contar con una superficie total de 105.863 hectáreas con 2.062 metros cuadrados.
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EE. UU. retira visa a ministro de Transportes de Chile
El ministro de Transportes de Chile, Juan Carlos Muñoz, confirmó el viernes que es uno de los tres funcionarios chilenos sancionados por Estados Unidos acusados de “socavar la seguridad regional”.
“Efectivamente, he sido informado recientemente de que mi visa para ingresar a Estados Unidos ha sido revocada por ese país. Lo que lamento profundamente”, dijo Muñoz en un video enviado a la prensa.
El gobierno chileno criticó la decisión del gobierno de Donald Trump y convocó al embajador de Estados Unidos en Chile para conocer más detalles sobre la sanción y la identidad de los afectados.
- Fuente: AFP
Lea más: Trump ordenará la publicación de archivos sobre extraterrestres
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Diputados dan luz verde al sistema MAFE para búsquedas urgentes de personas desaparecidas
La Cámara de Diputados, durante su sesión ordinaria de la fecha, sancionó y envió al Poder Ejecutivo el proyecto de ley “Que crea el Registro Nacional de Personas Desaparecidas (RENAPED) y el Sistema Nacional de Alerta Inmediata para la Búsqueda de Personas Desaparecidas (MAFE)”.
La presidenta de la Comisión de Presupuesto, diputada Cristina Villalba, abogó por la aprobación del documento con las modificaciones de la Cámara de Senadores. Explicó que la cámara revisora estableció que la autoridad de aplicación de la presente normativa será la Comandancia de la Policía Nacional, a través del Departamento Especializado en Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas.
Asimismo, mencionó que se establece la obligación de coordinar el trabajo con la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas (CONADE), y que se podrá dar participación a un representante de la Asociación de Familias Desaparecidas del Paraguay.
En cuanto a los recursos presupuestarios, manifestó que los fondos asignados al Presupuesto General de la Nación, en Fuente 10 (Recursos del Tesoro), serán destinados, exclusivamente, para el cumplimiento de acciones y estrategias del programa.
Familias siguen esperando
La diputada proyectista Rocío Abed, manifestó que la iniciativa es una reivindicación a aquellas familias que siguen esperando a sus seres queridos que se encuentran desaparecidos.
Por su parte, el diputado Rodrigo Blanco, uno de los impulsores de la propuesta, indicó que la intención es otorgar un marco legal a las miles de familias que son víctimas de este flagelo en el Paraguay.
“Los números son preocupantes, hoy en promedio existen 3.000 personas desaparecidas en nuestro país. Los familiares esperan un marco legal, para saber a quién acudir y cómo actuar en estos casos”, expresó el parlamentario.
Recordó el caso de María Fernanda, una joven de 17 años que se encontraba desaparecida y posteriormente fue hallada sin vida, y a quien se debe el nombre de esta ley.
Principales puntos
El proyecto crea dos mecanismos para búsqueda de personas desaparecidas en Paraguay: el Registro Nacional Personas Desaparecidas (RENAPED) y el Sistema de Alerta Inmediata (MAFE).
- Administración: Departamento Especializado de Búsqueda de la Policía Nacional, coordinado con CONADE y el Ministerio del Interior.
- Cobertura: Todas las personas desaparecidas, priorizando niños, adultos mayores, personas con discapacidad y mujeres víctimas de violencia.
- Denuncia: Sin tiempo mínimo de espera, ante Policía, Fiscalía, Defensoría o Sistema 911. Comunicación inmediata obligatoria al Departamento Especializado.
- Registro incluye: Datos personales, biométricos, circunstancias de desaparición, contactos familiares, acciones de búsqueda y activación de alertas.
- Sistema MAFE: Alerta masiva e inmediata a través de TV, radio, SMS, redes sociales, pantallas públicas y aplicaciones móviles. Sin costo.
- Obligaciones empresas: Telefonía y plataformas digitales deben entregar en máximo de 2 horas (bajo orden judicial/fiscal) datos de llamadas, conexión y geolocalización.
- Menores: No requieren autorización parental para difundir su imagen en búsqueda. Publicaciones se eliminan inmediatamente al localizarlos.
- Protección de datos: Garantiza confidencialidad y destrucción de información tras localización.
- Plazo reglamentación: 90 días desde promulgación.