El ministro de Defensa, Óscar González, se refirió este miércoles a los avances en la investigación del paradero del colono Almir De Brum, quien lleva varias semanas secuestrado. “Independientemente de las operaciones de inteligencia, se realizan operaciones tácticas de reconocimientos”, manifestó en declaraciones a C9N.

Añadió que la orden del presidente de la República es que todos los elementos de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional y de otros organismos de seguridad estén apoyando las operaciones que buscan liberar a esta persona retenida por un grupo criminal.

“La verdad, que hay que ser sinceros y claros, es un secuestro. El hecho de que no hayan pedido rescate es un detalle a tener en cuenta, pero yo no quiero disfrazar la realidad”, expresó.

En ese sentido, mencionó que junto al comandante de las Fuerzas Militares, estuvieron en el PC de la subárea de especificación n.º 5, que es la unidad operativa que se encuentra en el lugar donde se produjo la desaparición del trabajador.

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González afirmó que existen indicios de que se trata del grupo criminal del Norte, aunque hasta el momento no hay comunicación de parte de los mismos. “Pero como Estado no podemos descabalgar o no cumplir la misión de efectuar todas las operaciones para liberar a este ciudadano retenido por estos terroristas”, apuntó.

A la par, realizan operaciones de contención, manteniendo la distancia, a pedido de la familia para no poner en peligro al ciudadano retenido.

Por otro lado, opinó que difícilmente los secuestradores puedan sacar alguna ventaja económica, y es debido a que la víctima pertenece a una familia de recursos limitados. “Es una familia trabajadora, que no tiene las condiciones para pagar un rescate típico de este grupo criminal”, subrayó.

Asimismo, destacó el trabajo conjunto con los efectivos policiales. “Estamos trabajando con todo lo que tenemos a mano, de tecnología, de elementos entrenados, tanto policías como militares, porque el Departamento Antisecuestros de la Policía Nacional está trabajando hombro a hombro con el batallón de Inteligencia Militar”, precisó.

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La alta demanda de medicamentos adelgazantes y la ola de robos en farmacias preocupa a autoridades sanitarias. Se trata de medicamentos producidos para combatir la diabetes tipo 2 y la obesidad. Sin embargo, son usados para bajar de peso sin supervisión médica.

“Desde Dinavisa preocupa esta onda delictiva desde el punto de vista de la habilitación o la creación de nuevos puntos de comercialización ilegal porque los productos sustraídos van a parar a un mercado negro”, señaló Óscar Allende, titular de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria, en diálogo con el canal GEN y radio Universo 970 AM/Nación Media.

Además, preocupa desde el punto de vista de la salud, debido a que son productos que tienen una restricción bastante estricta. Deben tener un almacenamiento de 2 a 8°. “Al perder esa cadena de custodia también va perdiendo las propiedades e implican un peligro a la salud para el usuario que puede llegar a comprar un producto que perdió al cadena de frío”, advirtió el profesional.

Se refirió, igualmente a la alta demanda pese al elevado precio de los mismos. “Tenemos un producto de alto valor, y el propietario de la farmacia se arriesga a tener por la alta demanda”, aclaró.

Añadió que anteriormente, los medicamentos para patología raras eran absorbidas por el sector público. Sin embargo, hoy día ha cambiado el panorama, se encuentran disponibles en las farmacias, siendo blanco de robos.

“Tenemos un medicamento de alto valor, de alta rotación. Entonces, el propietario de una farmacia se arriesga a tener en alta cantidad. Ahí se crea este nuevo escenario que da pie a una ola delictiva”, explicó.

Por otro lado, mencionó la alta densidad de personas con diabetes y con obesidad en el país. “Entonces, esa población se mezcla con aquel público eventualmente de frontera, o sea, el mercado brasileño, donde productos paraguayos son introducidos ilegalmente”, apuntó.

En ese sentido, Brasilia sacó una alerta. “No de que nuestros productos no sean legales, sino que son introducidos al país de manera ilícita”, precisó.

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A nivel local, comentó que también fueron detectadas varias marcas que no están registradas en Paraguay, ni en ningún país vecino. “Entonces, ya nos llama la atención en el sentido de que se están fabricando de manera ilegítima”, subrayó.

A fin de evitar inconvenientes, recomendó comprar de lugares debidamente habilitados, de farmacias que tienen la cadena de custodia y exigir que sean entregados en condiciones, porque “las reacciones adversas se dan mayoritariamente por causa de la descomposición de medicamentos”, expresó.

Finalmente, aconsejó verificar en el estuche la autorización de DINAVISA, número de registro sanitario y que el proveedor esté inscripto en la caja, y tenga lote y fecha de vencimiento.

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El director del Hospital Nacional de Itauguá, Dr. Miguel Ferreira, brindó este martes una actualización sobre el estado de salud de la agente de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) que fue arrollada por una camioneta cuyo conductor se dio a la fuga tras el accidente. Según el profesional, la paciente se encuentra con signos vitales estables y lúcida, aunque presenta lesiones que requieren un estricto seguimiento médico.

Ferreira explicó que la agente sufrió un traumatismo abdominal cerrado, con una lesión en el bazo, órgano que podría haber sufrido una ruptura y estar provocando una hemorragia interna. “Tiene criterios para un tratamiento no operatorio, pero así como están las cosas, es para entrar a cirugía. Evaluaremos algunos datos más para decidir definitivamente”, señaló el director del centro asistencial en comunicación con la 1080 am.

El médico destacó además que, pese a la gravedad del impacto, la paciente no presenta traumatismo de cráneo ni de columna, lo que representa un factor favorable en su evolución. “Ella está consciente, habla y se mantiene estable”, subrayó Ferreira, al tiempo de indicar que se continúa con la reevaluación de las imágenes para determinar si será necesaria la extracción del bazo.

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Por su parte, la hermana de la agente relató cómo ocurrió el hecho. Según su testimonio, tras el atropello, el conductor descendió del vehículo y observó a la víctima en el suelo. “Voy a llamar a una ambulancia, le dijo a mi hermana, y ella le respondió que sí. Pero él dijo: ‘Ah no, vos estás bien’, se subió y se fue”, denunció.

En cuanto al aspecto legal, se informó que el conductor ya fue identificado y se presentó posteriormente. No obstante, podría ser procesado por omisión de auxilio, ya que huyó del lugar tras haber cruzado un semáforo en rojo y embestido a la agente de la PMT. El caso sigue bajo investigación mientras la paciente permanece en observación médica.

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El presidente de la Federación de Conductores de Plataformas, Basilio Duarte, exteriorizó su preocupación ante la exigencia de la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial de que estos trabajadores cuenten con una licencia profesional.

Consideró inviable este cambio, teniendo en cuenta que para obtener la categoría A, los choferes primero deben tener dos años de experiencia en la “B”.

“Estamos tomando con bastante preocupación esto. No se puede alegar desconocimiento de la ley, la ley es muy clara que para el transporte público de pasajeros el conductor debe tener registro categoría A. Ahí surge una duda, qué somos, somos servicio privado de transporte, somos servicio público o somos servicio privado de interés público”, señaló a la 1080 AM.

Afirmó que no hay un marco regulatorio sobre el punto y manifestó que hace mucho tiempo están luchando para que se apruebe una ley, ya que las ordenanzas municipales existentes “tienen más bien un espíritu recaudatorio que de ordenar el tránsito”.

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Calificó como un retroceso el nuevo sistema de movilidad urbana. “Estas ordenanzas municipales por ejemplo dicen que el conductor de plataforma que tenga por ejemplo habilitación y registro de Capiatá puede levantar pasajeros en esta ciudad, llevarlos a otra ciudad. Pero en esa otra ciudad no puede volver a alzar pasajeros, debe entrar de vuelta a su municipio. Entonces, nos convertimos de vuelta en taxi”, manifestó.

A su criterio, si se llega a implementar la propuesta de la Agencia de Tránsito, generaría 5.000 desocupados, ya que este número de conductores quedarían sin trabajo. “Y no podrían acceder a la Categoría A porque hay una cuestión de antigüedad por categoría. La primera que pueden solicitar es la profesional B y esto no te habilita a transportar pasajeros y ese conductor debería seguir dos años en esa categoría para poder solicitar la categoría A. Entonces, ahí le estamos impidiendo a que siga realizando esta labor”, subrayó.

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