El director de Itaipú, Justo Zacarías, informó este jueves que la puesta en marcha del plan piloto de la planta solar flotante de Itaipú, localizada en el embalse del lado paraguayo, será el próximo mes de octubre. Detalló que la iniciativa genera un gran interés por parte de las autoridades brasileñas de la entidad binacional.

“Esta en fase de finalización. Tengo la manifestación por parte de los compañeros de la margen izquierda de que es positivo y coincidente el interés de explorar con mucha fuerza la posibilidad de generar energía solar desde paneles en el lago Itaipú”, indicó en una entrevista con el programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El pasado 9 de setiembre comenzó la instalación del primer segmento o conjunto de flotadores de la futura planta solar. En esta oportunidad, se realizó el lanzamiento de 132 paneles solares bifaciales de 705 vatios (W) en la margen derecha. Mientras que las obras civiles y el tendido de cables de media tensión que conectarán el sistema flotante con la sala de celdas se encuentran ya en estadios avanzados.

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La primera etapa de la planta solar flotante prevé el montaje de un total de 1.584 paneles solares bifaciales sobre 4.199 flotadores. Los paneles solares cuentan con una vida útil estimada de 30 años y alta resistencia a condiciones climáticas severas. Una vez operativa, se estima que la planta solar flotante tenga una capacidad total de 1.105,44 kilovatios pico (kWp).

“El interés con Brasil de avanzar con esto es bastante, hablamos incluso de otra Itaipú en el lago. Esto sería extraordinario y necesario, pero se tendrán que adecuar ciertas documentaciones, algunos dicen que se tiene que adecuar hasta el Tratado, mientras que otros dicen que no será necesario", comentó el director paraguayo de la binacional.

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El Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos, integrado por Adriana Planás Sonia Sánchez y Matías Garcete, fijó para el 1 de octubre a las 8:30, el inicio del segundo juicio oral y público contra el exfiscal general del Estado, Francisco Javier Díaz Verón y su esposa María Selva Morínigo, acusados por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Díaz Verón y su esposa serán nuevamente juzgados por resolución del Tribunal de Apelación que anuló la absolución que dictaron los jueces de sentencia Víctor Alfieri, Alba González y Darío Báez.

El Tribunal de Apelación Penal en mayoría, con los votos de los camaristas José Agustín Fernández y Bibiana Benítez anuló la absolución de culpa y pena del exfiscal general del Estado, Francisco Javier Díaz Verón y su esposa, María Selva Morínigo.

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La camarista Bibiana Benítez señaló en su voto que “habiendo detectado serias violaciones a las reglas legales, fundamentalmente la inobservancia del artículo 175 del Código Procesal Penal, ya que han omitido referirse a pruebas relevantes del proceso, desoyendo que la citada norma manda a resolver la causa de la valoración conjunta y armónica de todas las pruebas producidas; se han detectado razonamientos absurdos y arbitrarios, que han provocado una falta de fundamentación, por lo que corresponde anular la determinación de primera instancia”, dice el criterio de la mencionada jueza.

El proceso penal contra la pareja Díaz Verón, Morínigo se inició a raíz de una denuncia presentada por el Ministerio Público en el año 2019, que señalaba que entre los años 2008 y 2017 los ingresos de Díaz Verón fueron de G. 10.702 millones, mientras que sus egresos alcanzaron los G. 21.143 millones, generando un déficit injustificado de G. 10.495 millones en su patrimonio y en el de su cónyuge.

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El interventor de la Municipalidad de Ciudad del Este, Ramón Ramírez, emitió este lunes un comunicado en el cual confirma el robo de equipos informáticos, además del amedrentamiento y atripello de funcionarios de Miguel Prieto a la sede comunal tras concluir el proceso de intervención, el pasado jueves 14 de agosto.

“Por este medio se confirma a la ciudadanía en general sobre la irrupción en las oficinas de la Intendencia de la Municipalidad de Ciudad del Este, perpetrando hechos similares a grupos criminales mafiosos, en atropello a la Institución y a la figura constitucional de la Intervención”, señala la nota emanada por el equipo de intervención.

Agrega que “este grave hecho, que se suma a otros actos como el robo de equipos informáticos, el acceso de funcionarios directivos en horas de la noche y el ataque a vehículos asignados a la Intervención, comprueban el sistemático esquema de maniobras arteras, violencia e intento de amedrentamiento sufrido por el equipo interventor durante todo el proceso”.

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También informa que la Policía Nacional se encuentra en el lugar de los hechos realizando el relevamiento de datos y las diligencias pertinentes, y que hasta este momento se desconoce “el objetivo de dicho actuar criminal y si fue introducido o sustraído algún tipo de documento, dispositivo de escucha/video o elementos en las oficinas donde se produjeron los hechos”.

“El personal de Criminalística de la Policía Nacional, constituido en la sede de la Intendencia, determinó que la puerta frontal de dicha sede no fue forzada, deduciendo que fue abierta mediante la utilización de un juego de llaves. No obstante, se evidencia que fue forzada la puerta de acceso a la sala de reuniones de la Intendencia, así como del despacho del intendente, ubicándose marcas de pisadas sobre el escritorio del Intendente, para alcanzar los equipos de iluminación de la oficina”, señala este comunicado.

Ante esta situación, el interventor condena estos hechos y expresa su confianza plena en las autoridades de la Policía Nacional y el Ministerio Público, que se encuentran realizando las diligencias necesarias para determinar los responsables. “Las evidencias recabadas ayudaran a llegar y castigar a los mismos. La Intervención agotará todos los mecanismos institucionales para que todas estas violaciones a la institución municipal no queden impunes”, puntualiza el documento.

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La representante de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este, Magdalena Montiel, resaltó el trabajo que lleva adelante el interventor municipal, Ramón Ramírez, que no solo está confirmando las denuncias que presentaron ellos como organización civil; o las que hizo la propia Contraloría General que motivó la intervención misma, sino que está sacando a luz nuevos hechos que no estaba a conocimiento de la ciudadanía.

En conversación con La Nación/Nación Media, resaltó que son personas bastante técnicas, que están presentando todas las conclusiones que desde el principio ya sabían que iban a ser positivas. En el sentido de que el mayor ente contralor que tiene el país es la Contraloría General de la República emitió, con todos los técnicos que tiene, un informe sobre las evidencias que ahora el equipo de intervención está corroborando.

“Como organización civil estamos súper satisfechos, porque se confirman todas las denuncias que veníamos haciendo. Además, no es, como decían ellos, sobre una persecución política, porque acá se hacen trabajos técnicos, se corroboran con documentos. A pesar de que, no es tan bueno para la ciudad, lógicamente porque afecta a todo lo que es la gestión pública, pero sí estamos satisfechos en el sentido de la comprobación de los hechos”, remarcó.

Asimismo, resaltó que se han verificado y constatado, para presentar una denuncia tan seria ante el Ministerio Público, la existencia de un esquema de defraudación a las arcas municipales, en la administración del intendente Miguel Prieto. Ya que se emitían comprobantes legales de la municipalidad, pero los recursos no ingresaban a la tesorería finalmente.

Al respecto, la licenciada Montiel señaló que este esquema se repite no solo en la dirección de Impuestos Inmobiliario que estaba a cargo de la prima del intendente, Prieto, la cual fue calificada por el propio jefe comunal como “la más impoluta” y que gracias a ella supuestamente aumentó la recaudación. Indicó que por lo dicho por el propio Prieto, este esquema de caja paralela se repite en otras dependencias.

Remarcó que en la Municipalidad de Ciudad del Este, existe toda una cadena de responsabilidad, desde los funcionarios, directivos y hasta el intendente municipal.

Señaló que el interventor explicó que en este caso, el sistema que tiene la municipalidad permite los accesos mediante los perfiles de usuarios, en el cual la directora de Impuestos Inmobiliarios es la que tenía el administrador de la base de datos y la que, justamente, liquidó y modificó, los ingresos de los últimos años de pago, más o menos.

“Hay toda una cadena de responsabilidades. Ahí están involucradas varias personas, inclusive la gente de auditoría interna. Porque si auditoría interna supuestamente tenía ya un informe referente a hechos que se habían denunciado; y no sé si en el informe que menciona Prieto, en su supuesta denuncia también señala otro departamento, como el caso del impuesto inmobiliario. La gente de administración y finanzas también tienen que aclarar esto”, precisó.

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