EUROPA PRESS

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, planteó durante un acto público celebrado el sábado instau­rar la pena de muerte para castigar delitos de corrup­ción y de traición y elevarla a nivel constitucional con una reforma de la Carta Magna.

“Creo que ha llegado la hora de una reforma constitucio­nal para introducir en nues­tra Constitución la pena de cadena perpetua para la corrupción e inhabilitación de por vida a la corrupción, de cadena perpetua a la traición a la patria y a los graves deli­tos contra el pueblo”, planteó Maduro durante un acto para conmemorar el regreso de su predecesor Hugo Chávez al Palacio de Miraflores tras un intento fallido de golpe de Estado el 13 de abril de 2002.

Maduro recordó que “para reformar la Constitución hace falta el pueblo y yo lo convoco a este debate y a una reforma constitucional para introducir ya la cadena perpetua y que esa gente se pudra de por vida en la cár­cel”, según recoge el portal Efecto Cocuyo.

“Caiga quien caiga”, advirtió Maduro, a la vez que pidió al fiscal Tarek William Saab que investigue todos los casos de corrupción. “Las puña­ladas me las han dado por la espalda gente en la que confié plenamente y creyeron que el poder les pertenecía y se olvi­daron del pueblo”, declaró.

Desde el Tribunal Supe­rior de Justicia Electo­ral (TSJE) confirmaron que se ha culminado con la redacción de un borra­dor que prevé una serie de modificaciones técnicas al Código Electoral con miras a las elecciones municipa­les del 2026. La institución aclaró que estos cambios en la legislación no supon­drán la reforma o enmienda constitucional.

“Hemos concluido algunas modificaciones al Código Electoral, específicamente a la Ley n.° 834 y a la n.° 635 que organiza la Jus­ticia Electoral, garantizo que en estas dos leyes y las modificaciones que vamos a enviar al Parlamento, no existe absolutamente nada de corte político, ni menos que tenga que ver con enmiendas o reformas de la constitución”, aseguró Luis Alberto Mauro, asesor de la institución.

Las reformas en el Código que plantea el TSJE, tienen que ver con cuestiones téc­nicas, señaló Mauro, quien recordó que estas modifi­caciones ya fueron anun­ciadas en diciembre de 2023 por el ministro, César Rossel. Para este fin se con­formó una comisión que se abocó a la redacción de las modificaciones al Código Electoral.

“Hemos terminado el tra­bajo y hemos entregado el trabajo a los tres minis­tros, así como también un informe. Como Justicia Electoral no nos vamos a meter a modificar artícu­los de corte político, exclu­sivamente de corte técnico”, ratificó Mauro en diálogo con la 730 AM.

Entre las modificaciones que había mencionado Ros­sel en conferencia de prensa mencionó la posibilidad de otorgarle más atribución a los fiscales en cuanto a deli­tos electorales. Añadió que se buscaría aplicar remu­neración a los miembros de mesa en lugar de distribuir­les comida, además de exten­der el periodo electoral a 170 días, de modo de garantizar el cumplimiento de la ley de financiamiento político.

El senador Basilio Núñez incluyó en el proyecto de ley contra el nepotismo a las orga­nizaciones no gubernamenta­les (ONG), argumentando que muchos de ellos también son manejados por sectores polí­ticos, citando algunos casos sonados. Se incluye además a agencias y fundaciones que reciban dinero de los fondos públicos.

“Vamos a proponer agregar otro artículo a la ley de nepo­tismo e incluir a las oenegés, agencias, fundaciones, que reciben fondos públicos y cas­tigar a los que tienen injerencia directa para contratación de familiares, con inhabilitación para recibir fondos y pena pri­vativa de libertad de 5 a 7 años”, adelantó el legislador a través de su cuenta de red social X.

En una conferencia con medios de prensa en el Senado, Núñez citó el caso del Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD), caso sonado por el manejo de una coyuntura política. “Estamos incluyendo otra modificación y esa modificación precisamente es la que molesta, ese dinero público que va a las oenegés, como vimos en el caso del CIRD. Si yo soy presidente del CIRD o el director, yo no puedo contratar a un familiar, como hicieron y llenaron de parien­tes, porque es dinero público”, indicó el legislador.

El senador explicó que su propuesta se da ya que exis­ten organizaciones, agencias y fundaciones que reciben recursos públicos; por lo tanto, también deben ser incluidos en el marco del nepotismo. “Una legislación comparada es muy amplia, hasta habla de favoritismo a través de empre­sas. El caso de nepotismo no es solamente la parte política, y puede haber políticos en las oenegés, ¿quiénes manejan las oenegés?, manejan los políti­cos”, manifestó.

Por otra parte, se refirió la ini­ciativa popular de un sector político, lo que calificó como positivo; sin embargo, reveló que le solicitaron retirar su proyecto.

El diputado Rubén Rubin presentó ante la Comisión Perma­nente un proyecto de ley que plantea la modificación de la Ley n.° 5295/14 que “prohíbe el nepotismo en la función pública”, iniciativa que está acompañada por varios de sus colegas de diferentes banca­das. El legislador resaltó que está encontrando una volun­tad política para llevar ade­lante esta modificación y la idea es que sea analizado en la primera sesión ordinaria de la Cámara Baja al reinicio de las actividades legislativas en marzo próximo.

El parlamentario señaló a Nación Media que la actual ley vigente está enfocada en una cuestión de “ordenadora de gastos”, pero se vio que varios legisladores y políti­cos están siendo denunciados por casos de nepotismo y ellos a su vez se excusan en que no comenten tales hechos, por no ser los ordenadores de gastos.

“La ley actual se enfoca en ‘ordenador de gastos’; pero, queda bastante claro que no solo el ordenador de gastos puede caer en actos de nepo­tismo. Cualquier legislador puede caer en actos de nepo­tismo, gestionando la contrata­ción de un familiar en su propio despacho, por ejemplo. El acto de nepotismo indigna de sobre­manera a la ciudadanía, por eso se dio inicio a un proceso de ini­ciativa ciudadana, para modifi­car dicha legislación”, explicó.

Asimismo, lamentó que ante los últimos casos de nepotismo la clase política solo se limitó en formular excusas afirmando que no se configura el acto de nepotismo. “Porque la ley actual dice que solo aquellos que estén facultados para con­tratar o nombrar son respon­sables; es decir, el que firma el contrato. Por eso, lo que yo propongo es que no sea solo el ordenador de gastos, sino tam­bién el que use su atribución o influencias para contratar a un familiar”, explicó.

El diputado Rubin señaló ade­más que la actual ley tampoco es clara, sobre quién es el ver­dadero culpable del nepotismo, por lo que propone en la modi­ficación que son culpables de actos de nepotismo tanto aquel que contrate como el contra­tado, y en ambos casos sean sancionados por igual. Res­pecto a las sanciones, indicó que se establece que queda­rán inhabilitados para ejer­cer la función pública, ade­más ambos deberán devolver el salario percibido a partes iguales.