Si bien es cierto, Francisco Arce quedó conforme con el rendimiento del equipo en el segundo tiempo frente a Sol para jugar ante Nacional en el choque de vecinos el sábado podría cambiar al menos un hombre y de esquema en busca de la punta del torneo.
Para este partido ante los albos ya pasaron los días de trabajos regenerativos y diferenciados de algunos que quedaron contusos y en la fecha, el entrenamiento se basará en lo que puedan hacer en el campo en la parte táctica.
Además de aguardar la situación sobre Jean Fernandes, existe la posibilidad de realizar un cambio en el mediocampo.
Entrará Ángel Cardozo Lucena, pero la duda está en reemplazo de quien lo hará. El colombiano Rafael Carrascal no estuvo bien ante Sol y “Coyote” Rodríguez hizo un gran partido.
La duda de Arce está ahí, pese a que para ser más ofensivo, Robert Morales podría ser alistado en lugar de Carrizo y hacer pareja con el argentino Boselli.
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Última reunión sobre el salario mínimo determinará propuesta de aumento al Ejecutivo
Este miércoles, en horas de la mañana, se desarrollará la última reunión del Consejo Nacional de Salarios Mínimos (Conasam) para determinar la propuesta que será elevada al Poder Ejecutivo. Desde el inicio de los encuentros no hubo un acuerdo entre el sector de los trabajadores y el de los empleadores sobre la variación de la remuneración básica.
José Pineda, vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores Auténtica (CUT-A), conversó con “Así son las cosas” de canal GEN y Universo 970/Nación Media y explicó que los obreros están reclamando un reajuste de 22,3 %, unos G. 646.000, con base en cálculos realizados sobre la base de los datos del Banco Central del Paraguay (BCP).
Por su parte, se sabe que los empleadores se mantienen en la posición de mantener la variación del Índice de Precios del Consumidor (IPC) como medida, es decir aplicar un incremento del 2,4 %, lo que representa G. 69.577.
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Sobre lo mencionado, Pineda manifestó que lo más probable es que al término de la reunión fijada para las 10:30, el Ministerio de Trabajo eleve las dos propuestas al Ejecutivo y sea el presidente de la República, Santiago Peña, quien determine el incremento del salario mínimo, que actualmente se encuentra en G. 2.899.048. La suba debe ser establecida antes del final de este mes de junio y tendrá que regir desde julio.
Sorpresa anunciada
En la víspera, el diputado Hugo Meza, en conversación con los medios de comunicación, adelantó que Santiago Peña dará una muy buena noticia sobre el reajuste del salario mínimo vigente en los próximos días. El legislador no dio detalles de lo que consistiría esta decisión, pero sí confirmó que será una “señal enorme” para el trabajador.
“Tengo una conversación con el presidente de la República; él no está de acuerdo con los cálculos que se vienen haciendo. No voy a robarle la primicia; creo que esta vez él va a dar una información bastante importante. Por primera vez se va a estar enviando una señal enorme a un reconocimiento al trabajador”, fueron las expresiones del legislador.
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OIT aprueba convenio para garantizar trabajo decente en plataformas digitales
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) un histórico convenio internacional orientado a garantizar condiciones de empleo decente para los trabajadores de plataformas digitales, un sector en crecimiento a nivel global que incluye a repartidores, conductores y prestadores de servicios contratados mediante aplicaciones.
La decisión fue adoptada durante el plenario de la 114ª Conferencia Internacional del Trabajo, celebrada en el marco de la asamblea anual de la OIT, donde representantes de gobiernos, sindicatos y empleadores respaldaron el texto con 406 votos a favor, 8 en contra y 36 abstenciones.
La sesión fue presidida por el ministro de Trabajo y Seguridad Social de Uruguay, Juan Castillo, en un hecho considerado histórico por organismos laborales internacionales, debido al avance que representa en la regulación de nuevas formas de empleo vinculadas a las tecnologías digitales.
El convenio, resultado de varios años de debates y negociaciones, establece un marco de protección para los trabajadores de plataformas, con el objetivo de equipararlos al resto de empleados en aspectos fundamentales como salario mínimo, acceso a la seguridad social y protección frente a despidos arbitrarios.
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Entre los principales derechos reconocidos figuran la libertad sindical y el derecho a la organización, la negociación colectiva entre trabajadores y empresas, además del acceso a mecanismos de protección social y coberturas básicas.
Asimismo, el documento contempla garantías relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo, el derecho a una remuneración justa por las tareas realizadas y mayor transparencia sobre los algoritmos utilizados por las plataformas para asignar viajes o pedidos.
Otro de los puntos destacados es la protección frente a decisiones automatizadas que puedan afectar el acceso al trabajo, así como la creación de mecanismos para reclamar y defender derechos laborales.
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OIT adopta convenio inédito para proteger a trabajadores de plataformas digitales
La Organización Internacional del Trabajo (OIT), un organismo de la ONU, adoptó ayer viernes el primer acuerdo en el mundo sobre la protección de los trabajadores a tiempo parcial de las plataformas digitales. En 2023 el Banco Mundial estimó que había hasta 435 millones de trabajadores de plataformas digitales (gig online) en el mundo, que en gran medida han quedado fuera de las protecciones laborales.
El crecimiento de estas plataformas durante las últimas décadas ha abierto nuevos mercados para las empresas y creado oportunidades de empleo e ingresos, “ofreciendo cierta flexibilidad a algunos trabajadores y caracterizándose por bajas barreras de entrada”, según la OIT. Pero las condiciones a veces dejan que desear, ya que están reguladas por contratos de prestación de servicios o autónomos, en vez de ser asalariados de las empresas.
Las compañías que están detrás de las aplicaciones controlan el trabajo por encargo mediante algoritmos que asignan tareas, fijan la remuneración, evalúan el desempeño e incluso despiden a los trabajadores. Esto les permite, en muchos casos, ignorar aspectos como los requisitos de salario mínimo, la seguridad en el lugar de trabajo y el acceso a la seguridad social.
El acuerdo de la OIT tiene como objetivo ampliar las protecciones laborales a millones de personas en todo el mundo que trabajan a través de plataformas digitales, en ámbitos como el reparto de comida y los servicios de transporte. Según el texto, se aplica a todos independientemente de su situación laboral.
“Exigir responsabilidades”
El convenio marca “un punto de inflexión para los trabajadores de plataformas”, afirmó Lena Simet, asesora principal de justicia económica de Human Rights Watch, que siguió las negociaciones. Establecería “la primera norma mundial para proteger sus derechos y exigir responsabilidades a las plataformas de trabajo digitales”, señaló.
El convenio fue adoptado en la 114ª Conferencia Internacional del Trabajo, celebrada en Ginebra. “Delegados, ¿puedo entonces considerar que la conferencia adopta el convenio en su totalidad? Adoptado”, declaró el presidente de la conferencia, Juan Castillo, mientras hacía sonar el mazo.
El texto fue aprobado por 406 votos a favor, 8 en contra y 36 abstenciones. Entre los países que votaron en contra figuran Estados Unidos y Nueva Zelanda, mientras que Argentina, Bangladesh, Reino Unido, India, Rusia y Chile están entre los que se abstuvieron.
Países como India, Bangladés y Estados Unidos estimaron que el convenio debía aplicarse de manera flexible. El representante de India llamó a preservar “la flexibilidad de los Estados miembros para diseñar y adaptar políticas en función de su contexto socioeconómico y de su desarrollo tecnológico”.
“Esto es especialmente importante para apoyar el crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas y de las start-ups”, precisó. Estados Unidos recomendó “prudencia respecto a la adopción de regulaciones vinculantes en sectores de la economía en rápida transformación”. Esto es válido para las plataformas “donde normas demasiado rígidas obstaculizan la innovación y perjudican a los trabajadores a los que se supone deben ayudar”, señaló el representante estadounidense.
El texto pide a los Estados miembros que adopten medidas para garantizar derechos fundamentales, como “la libertad de asociación”, la negociación colectiva, “la eliminación de toda forma de trabajo forzoso u obligatorio” y “la abolición efectiva del trabajo infantil”. La OIT es única en el sistema de las Naciones Unidas, ya que sus 187 Estados miembros están representados por igual por gobiernos, empleadores y trabajadores.
Fuente: AFP.
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Argentina se ubica entre los “10 peores países del mundo” sobre derechos de trabajadores
Argentina y Panamá se sumaron a Ecuador entre los “10 peores países del mundo” para los derechos de los trabajadores, según un estudio de la Confederación Sindical Internacional (CSI) divulgado este lunes. Estas tres naciones latinoamericanas integran el grupo junto a Bielorrusia, Egipto, Esuatini, Birmania, Nigeria, Túnez y Turquía, según el último informe Índice Global de los Derechos.
“Argentina se incorpora este año a la lista de los 10 peores países para los trabajadores tras su descenso a la categoría 5, segundo año consecutivo de deterioro de su calificación”, apuntó la CSI. “Las condiciones para los trabajadores y los sindicatos se han vuelto cada vez más represivas y hostiles con el gobierno de extrema derecha del presidente Javier Milei”, sostiene el estudio.
El informe recordó que “Argentina ha instituido un protocolo antibloqueo para mantener ‘el orden público en caso de bloqueos de carreteras’, por el cual se autoriza a hacer un uso indiscriminado de la fuerza policial”.
“La calificación de Argentina ha empeorado por segundo año consecutivo, situándose en la categoría 5, el peor nivel alcanzado en el Índice por este país sudamericano. Esto representa un descenso brusco y sin precedentes de la categoría 3 a la 5 en apenas dos años”, señala el estudio. El grupo 5 corresponde al de los países con “derechos no garantizados”.
Este retroceso obedece a la “existencia de violaciones regulares de los derechos a una situación en la que los trabajadores no tienen garantizados sus derechos”.
En el caso de Panamá, la CSI señaló que “trabajadores y sindicatos de este país centroamericano carecen de garantías en cuanto a sus derechos básicos, y se enfrentan a una opresión constante por parte de los empleadores y del Estado”.
Sobre Ecuador, el informe apuntó que “los legisladores ecuatorianos promulgaron en 2025 una ley que permite ejercer la vigilancia sin disponer de una orden judicial, así como interceptar comunicaciones y recopilar datos privados”.
Los países del grupo 5 “son los peores países del mundo para trabajar. Si bien la legislación puede enumerar ciertos derechos, los trabajadores carecen efectivamente de acceso a ellos”, indica el estudio.
Uruguay, una “excepción”
Brasil, Costa Rica, El Salvador, Perú y Trinidad y Tobago están en el grupo 4, sobre países con “violaciones sistemáticas de derechos”.
Bahamas, Bolivia, Chile, Jamaica, México y Paraguay aparecen en el grupo 3, con “violaciones regulares” de derechos.
En el grupo 2 (“violaciones repetidas”) aparecen España, Portugal y República Dominicana.
El único país latinoamericano en el grupo 1 (“violaciones esporádicas”) es Uruguay, junto a Alemania, Austria, Dinamarca, Islandia, Irlanda, Noruega y Suecia.
El estudio pone de relieve que Uruguay constituye “una excepción en una región caracterizada en gran medida por la represión sindical y la explotación”.
En general, América Latina “ha seguido siendo la más mortífera para los trabajadores y sus representantes, con ejecuciones extrajudiciales registradas en Colombia y México”.
“En cerca de 9 de cada 10 países se ha vulnerado el derecho de huelga y se ha impedido el registro de sindicatos. En aproximadamente la mitad de los 25 países de la región se ha detenido o encarcelado a trabajadores”, señala la CSI.
Luc Triangle, secretario general de la CSI, señaló que “el Índice 2026 revela que la crisis de los derechos de los trabajadores ya no se limita a unos pocos países: ahora se encuentra en el centro de las democracias”.
“Los gobiernos ya no protegen a los trabajadores y, en algunos casos, contribuyen a debilitar sus derechos”, apuntó.
Este informe, elaborado por la CSI desde 2014, clasifica a 151 países sobre la base de 97 indicadores que se apoyan en convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y en su jurisprudencia.
Fuente: AFP.