En sesión conjunta, las comisiones de Hacienda y Presupuesto, presidida por el senador Silvio Ovelar; de Cuentas y Control de la Administración Financiera del Estado, encabezada por el senador Dionisio Amarilla; y de Obras Públicas, presidida por el senador Natalicio Chase, dictaminaron a favor de la aprobación del contrato de préstamo con la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA).

El financiamiento permitirá la construcción del Corredor de Integración y Desarrollo Socioeconómico de la Región Sur-Oeste, una obra considerada estratégica para impulsar el desarrollo económico y la conectividad del país.

Para el efecto, invitaron a la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, quien brindó los detalles del alcance del proyecto de Ley que aprueba el Contrato de Préstamo Nº PG-P20, suscrito entre la República del Paraguay y la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA). El monto de la operación es de hasta 36.380 millones de yenes japoneses (unos USD 286 millones).

Estos recursos serán destinados al financiamiento del Proyecto de Mejoramiento del Corredor de Integración y Desarrollo Socioeconómico de la Región Sur-Oeste, a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.

La propuesta contempla además la ampliación del Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2026, aprobado por la Ley Nº 7609, remitido por el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Economía y Finanzas.

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Durante su exposición, la titular del MOPC Claudia Centurión, explicó que el financiamiento asciende aproximadamente a 286 millones de dólares y será destinado a la construcción del Corredor Bioceánico del Sur-Oeste, una obra de casi 200 kilómetros considerada estratégica para el crecimiento económico y social del país, especialmente para los departamentos de Misiones y Ñeembucú.

Asimismo, destacó que el proyecto fortalecerá la conectividad, impulsará el desarrollo turístico y generará nuevas oportunidades para las comunidades de la zona.

En ese contexto, señaló que Ñeembucú presenta una de las menores tasas de pavimentación del país, por lo que esta infraestructura permitirá mejorar el acceso a oportunidades de desarrollo, integración y crecimiento.

Por su parte, la senadora Hermelinda Alvarenga, presidenta de la Comisión Parlamentaria de Amistad Paraguayo-Japonesa, resaltó que la iniciativa se enmarca en la estrategia del Gobierno para ejecutar obras contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2030, orientadas a la reducción de la pobreza, el desarrollo social, el crecimiento económico inclusivo y una mayor proyección internacional del país.

Durante el debate, la senadora Celeste Amarilla enfatizó la necesidad de que la obra se ejecute con materiales de calidad, conforme a las especificaciones técnicas y bajo una adecuada fiscalización.

A su turno, el senador Dionisio Amarilla destacó la importancia de concretar el proyecto en las condiciones previstas, considerando el impacto que tendrá en el desarrollo de la región.

El senador Pedro Díaz Verón, por su parte, resaltó la importancia de verificar la solvencia técnica y financiera de las empresas adjudicatarias para garantizar la ejecución y culminación del proyecto en tiempo y forma.

Finalmente, el senador Éver Villalba recordó que Ñeembucú es el departamento con menor cantidad de kilómetros de rutas asfaltadas del país. Además, destacó que las características geográficas de la zona, compuesta principalmente por humedales, requieren técnicas constructivas específicas, por lo que este tipo de obras no puede compararse con las ejecutadas sobre suelo firme.

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Una investigación que llevó adelante la organización social “Contraloría Ciudadana” de Ciudad del Este, detectó una nueva irregularidad cometida por el equipo del exintendente destituido y hoy postulante a la presidencia de la República por la oposición, Miguel Prieto.

De acuerdo con los datos recabados por esta organización, la abogada Gilda María Portillo Vera, quien ejerce de defensora de Prieto, tendría un contrato como asesora judicial externa con un salario de G. 11 millones pagados por la comuna local.

Uno de los datos de denuncia penal que están preparando para presentar ante el Ministerio Público, indica que la abogada Portillo Vera, con matrícula 34.243 de la Corte Suprema de Justicia, contratada por la Municipalidad como “asesora externa”, aparentemente estaría cumpliendo únicas funciones para llevar la representación y defensa de Miguel Prieto y otros imputados por hechos de corrupción durante su gestión como jefe comunal, en las varias causas judiciales abiertas.

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Por ahora, la nueva denuncia que hacen pública los miembros de la Contraloría Ciudadana, al confirmar que la abogada Portillo fue contratada como asesora externa de la Municipalidad de Ciudad del Este, con un honorario mensual de 11 millones de guaraníes y no estaría aparentemente llevando ninguna causa que compete al municipio.

Los datos divulgados señalan que la citada abogada no ejerce esa asesoría en la Comuna, y solamente se dedica a defender a Miguel Prieto en todas sus causas judiciales de corrupción que pesan sobre él, y también apareció como representante legal del concejal municipal Sebastián Martínez Insfrán, y varios otros imputados como ser Francisco Raimundo Arrúa Álvarez; Maggi Elizabeth Fariña Almada; Alex Yamal Samhat González; Higinio Ramon Acuña, Nelson Alexis Segovia Acevedo todos ellos imputados en las diferentes causas judiciales vinculados al exjefe comunal destituido.

De acuerdo a informes de varios medios de comunicación esteña señalan que el abogado Víctor Enríquez, asesor de la Contraloría Ciudadana, señaló que la mencionada abogada Portillo Vera, ejerce la actual defensa tanto de Miguel Prieto, como del actual concejal Martínez Insfrán, que están con procesos judiciales por corrupción en la administración municipal.

“La misma administración municipal que fue víctima de esos nefastos personajes, es la que ahora le paga a la abogada Portillo que los defiende. Está contratada desde febrero de este año, y percibe sus salarios provenientes del rubro 145 de los fondos municipales. Cobra honorarios como contratada, fue contratada por Daniel Pereira Mujica, quien en junio renunció al cargo para volver a postularse en las elecciones del 4 de octubre”, expresó.

Enriquez agregó que, si no hay delito, por lo menos es una inmoralidad terrible, estarán analizando con un equipo si presentan una denuncia ante la Superintendencia de Justicia.

La Municipalidad de Ciudad del Este, a cargo del intendente interino Pedro Acuña, se mantiene en silencio y no brinda aclaración alguna sobre el caso.

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¿Cuán importante es un contrato bien analizado y ajustado a las necesidades de quien lo firma? De esto habla Lorena Juliana Chamorro Díaz, abogada de Eunomia Consultora.

Analizar la situación, ajustar los criterios a la necesidad le­gal-operativa y asegurarse de que todo se encuentre dentro del mar­co legal vigente otorga seguridad al proyecto, independientemente de su naturaleza.

“Existen diversos tipos de contratos y, en la actualidad, la modernización de los servicios y la formalización impulsada por el Estado nos llevan a ser más precisos al momento de redactar estos documentos, que son la base de la vinculación legal”, expresó Lorena.

1- Identificar el objeto del contrato: Definir con claridad el objeto permite ceñir las bases legales al tipo de proyecto (servicios, suministros, laborales, inversión, revenue share o joint venture) y a las partes firmantes, que deben estar habilitadas para evitar nulidades del acto jurídico.

2- Alcance y responsabilidades: Establecer estos puntos otorga seguridad sobre hasta dónde llega la exigencia de cada parte y quién asume cada responsabilidad.

3- Plazo, precio, forma de pago y condiciones: Definir el plazo y el precio genera estabilidad presupuestaria y evita gastos no previstos. Establecer la forma de pago y sus condiciones permite evitar reclamos posteriores y asegurar su exigibilidad.

4- Indemnizaciones y penalidades: Estos mecanismos obligan a las partes a cumplir el objeto del contrato y resguardan los intereses financieros y legales.

5- Confidencialidad y propiedad intelectual: La confidencialidad es clave para proteger la información. También se define quién será el titular de los productos, servicios o trabajos una vez finalizado el contrato.

6- Cláusulas de resolución o terminación: Permiten establecer qué ocurre ante incumplimientos o causas de fuerza mayor, definiendo responsabilidades y condiciones de finalización anticipada.

7- Solución de conflictos: Determina los mecanismos para resolver disputas: negociación directa, mediación, arbitraje o tribunales, según corresponda.

8- Firma: Es el acto de formalización del contrato. Debe verificarse la identidad y habilitación de las partes. En caso de firma electrónica, esta debe ser cualificada para garantizar su validez.

El diputado colorado Alejandro Agüilera presentó un proyecto de resolución “Que pide informes a la Municipalidad de Ciudad del Este sobre el cobro de cánones a la publicidad luego de la rescisión del convenio MOPC - Fast Print”.

El documento se fundamenta en hechos de público conocimiento relacionados con la instalación de carteles publicitarios con mensajes ofensivos hacia la soberanía nacional en dicha localidad, situación que generó una amplia repercusión y preocupación en diversos sectores de la sociedad.

El proyectista señaló en su argumentación que la inquietud se ve agravada por una situación institucional vinculada a un aparente cobro indebido de cánones por publicidad por parte del municipio esteño.

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Según los antecedentes expuestos, dichos cobros se habrían efectuado con posterioridad a la rescisión del convenio que existía entre el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y la empresa Fast Print.

En su exposición de motivos, el parlamentario resalta las declaraciones públicas del representante legal de la firma publicitaria, quien afirmó de manera categórica que la Municipalidad de Ciudad del Este le otorgó los permisos correspondientes para el cobro del canon.

La normativa plantea que la administración municipal responda de manera puntual si ha cobrado cánones por publicidad a la empresa Fast Print o a cualquier anunciante luego de la rescisión del convenio con el MOPC, debiendo especificar los períodos y los montos involucrados en caso afirmativo.

Solicita que la institución explique las razones legales o administrativas por las cuales consideró procedente el cobro de dichos cánones de forma posterior a la rescisión de la alianza, considerando que la autorización original para instalar la publicidad provenía de la cartera de Obras Públicas y no de la propia municipalidad.

Finalmente, el proyecto exige la remisión de copias de las ordenanzas, resoluciones, contratos o permisos en los cuales la comuna sustentó la recaudación en la zona afectada tras la culminación del acuerdo.

Este pedido de informes será remitido a las comisiones para los dictámenes de rigor y, posteriormente, será tema de análisis en el plenario de la Cámara de Diputados. Como en todos los casos, de ser emitido el requerimiento, el plazo para las respuestas será de 15 días.

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