El Ministerio Público comunicó que la Inspectoría General de la institución dispuso la apertura de un sumario administrativo contra Jessica Magdalena Báez Medina, señalada por la familia del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes por haber solicitado USD 300.000 a cambio de no filtrar información que comprometía al exparlamentario

“De acuerdo con las declaraciones del abogado Óscar Tuma, representante de la familia del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes, la mencionada funcionaria estaría vinculada a un supuesto grupo de coacción, junto con agentes antidrogas de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y habría exigido una suma de dinero al legislador a cambio de no filtrar información en su contra”, señala el escrito compartido desde la Fiscalía.

Además de este hecho, se investiga también su presunta participación en operativos en los que habría incurrido en irregularidades, como el allanamiento a la vivienda del hijo del diputado, donde, según los denunciantes, se la escuchó dando órdenes para que lo asesinen. También se analiza su papel en los procedimientos “Pavo Real” y “Pavo Real II”, en los que Eulalio Gomes era investigado por supuesto lavado de dinero del narcotráfico.

Lea también: Oficina de la Primera Dama ya planea los festejos por los 500 años de Asunción para el 2037

“En el marco de la investigación administrativa, se analizarán posibles faltas administrativas como uso indebido de influencias, cohecho, filtración de información reservada, obstrucción de operativos y conducta indebida en procedimientos. Estos hechos, de ser comprobados, constituirían violaciones a la ley orgánica del Ministerio Público y al reglamento interno vigente”, explicaron.

La Inspectoría General del Ministerio Público ha ordenado la notificación de la funcionaria y se le otorgó un plazo de 10 días para presentar su descargo y las pruebas que considere pertinentes. Con esta medida, la Fiscalía sostiene que reafirma su compromiso con la transparencia y el cumplimiento de las normativas vigentes, “garantizando que todo el proceso se lleve a cabo conforme a derecho”, concluyeron.

Le puede interesar: Mitic y Ministerio de Desarrollo firman convenio de cooperación

Mediante la resolución N° 2.638, la Cámara de Diputados ordenó la apertura de un sumario administrativo a Miguel Ángel Robles, funcionario de la Cámara Baja que se encontraba bajo el cargo de asesor, quien fue condenado a 10 años de prisión por el millonario desvío en la gobernación de Central bajo la administración de Hugo Javier González.

“La Cámara de Diputados resuelve ordenar la instrucción de un sumario administrativo al funcionario Miguel Ángel Robles, por la supuesta comisión de faltas graves previstas en la ley N.° 1.626/00 “De la Función Pública”, reza el documento emitido este lunes 6 de enero y el cual lleva la firma del presidente de la Cámara, el diputado Raúl Latorre.

En esta resolución mencionan que este sumario nace a partir de la sentencia dictada, por la cual se condena a pena privativa de libertad de 10 años por los delitos de lesión de confianza y producción de documento no auténtico en calidad de instigador a Robles, exasesor y exdirec­tor de Gabinete de la Gobernación centralina, a través de los cuales, se logró el desvío de G. 5.105 millones.

Lea también: Opositores piden a la Procuraduría recuperar dinero sustraído por exgobernador

Asimismo, se designó a Sirley González Palau y a María José Acosta para que representen al cuerpo legislativo, es decir, a la Cámara de Diputados, en carácter de parte actora en el marco de la realización de l sumario. Igualmente, se deben remitir los antecedentes y documentos al Viceministerio de Capital Humano y Gestión Organizacional, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas.

Un Tribunal de Sen­tencia de manera unánime otorgó 10 años de prisión al exgoberna­dor del departamento Cen­tral, Hugo Javier González, por malversación de los recursos económicos que fueron des­tinados en la lucha contra la pandemia del Covid-19. En la causa también fue conde­nado con la misma cantidad de pena su exasesor y exdirec­tor de Gabinete, Miguel Ángel Robles Ibarra.

Le puede interesar: Exgobernador de Central ingresó este lunes a Tacumbú con una condena de 10 años

La complicidad de funcionarios y agentes penitenciarios del penal de Emboscada ocasionó la violación de protocolos y dispositivos de seguridad, por lo que el Ministerio de Justicia abrió un sumario administrativo. Tras esa investigación se procedió a la desvinculación de un total de 9 funcionarios y agentes penitenciarios que permitieron la vulneración de equipos de vigilancia y el protocolo de disciplina, según el Ministerio de Justicia.

El hecho se registró en los primeros días de julio, por lo que se tomaron todas las medidas respectivas: la apertura de un sumario, comunicación al Ministerio Público y la desvinculación de funcionarios y agentes.

En un informativo institucional, autoridades refieren que el control y la seguridad en los pabellones de alta seguridad, tanto en el penal de Emboscada como en la nueva penitenciaría de Minga Guazú están garantizados.

El ente ministerial agregó que los incidentes registrados en el sistema penitenciario son rápidamente atendidos y se toman las medidas correctivas pertinentes.

Ante la difusión de versiones inexactas de un incidente ocurrido en el centro penitenciario “Martín Mendoza”, el Ministerio aclaró que, en fecha 1 de julio del corriente año, la complicidad de funcionarios y agentes penitenciarios del mencionado establecimiento ocasionó la violación de protocolos y dispositivos de seguridad.

Lea más: Pdte. Franco: vecinos del barrio donde balearon a docente pidieron más seguridad

En efecto, las autoridades del ministerio inmediatamente accionaron el sistema de protocolo, por lo que resolvieron abrir un sumario administrativo en averiguación de los hechos. Concluida la investigación se tomaron las siguientes medidas correctivas:

1) Se reforzó la seguridad en el Centro Penitenciario de Reinserción Social “Martín Mendoza”, de Emboscada.

2) El 6 de agosto se procedió a la desvinculación de un total de 9 funcionarios y agentes penitenciarios que permitieron la vulneración de equipos de vigilancia y el protocolo de disciplina.

3) Se impusieron medidas disciplinarias a las personas privadas de libertad (PPL) que ocasionaron los incidentes (aislamiento por 30 días sin posibilidad de recibir visitas de familiares).

4) El 21 de agosto se comunicó al Ministerio Público el incidente registrado el 1 de julio de 2024 y sus derivaciones.

5) Se procedió a la planificación del traslado de 7 PPL del “Martín Mendoza” al Centro de Reinserción Social de Minga Guazú.

6) Se inició el acondicionamiento de la penitenciaría de Minga Guazú y el adiestramiento de personal para recibir a 7 PPL de Emboscada y otras 15 de las penitenciarías de Ciudad del Este y Concepción.

7) Organización con la Policía Nacional del operativo traslado, considerando que son PPL de alto perfil (peligrosas).

8) El 22 de agosto se procedió al traslado de las 7 PPL de Emboscada a Minga Guazú.

9) El 22 de agosto se procedió al cambio del Abog. Tomás Bolaños, director del centro penitenciario “Martín Mendoza”, y se nombró en su reemplazo a Jesús Emmanuel Pérez Guerrero.

En un informativo institucional afirmaron que el nuevo modelo de gestión penitenciaria no está exento de incidentes y situaciones de crisis, pero existe la decisión y firmeza de accionar inmediatamente para tomar las acciones correctivas y aplicar las sanciones correspondientes.

En el informe remarcaron que la corrupción y la complicidad con las PPL que no se adecuan a las disposiciones disciplinarias serán castigadas sin contemplación, garantizando así el control y la seguridad en el régimen cerrado especial.

Te puede interesar: Trasladaron a Miguel Insfrán “Tío Rico” al penal de máxima seguridad en Minga Guazú

La Dirección General de Control de Profesionales y Establecimientos de Salud de la cartera sanitaria realizó un sumario al local denominado Instituto de Genética y Medicina Oropallo luego de una inspección, en la que se detectó que el responsable del lugar no tiene registro profesional en Paraguay; además, las instalaciones tampoco cuentan con el permiso para operar.

“Con base en un pedido de informe que llegó por el portal de acceso a la información pública, tomamos aviso de la existencia de una persona de nombre Líbero Antonio Oropallo, que sería supuestamente médico italiano y que estaría atendiendo en una clínica cercana a un shopping capitalino”, comentó el Abg. Luis Velázquez, director general de la mencionada dependencia del Ministerio de Salud.

Agregó que, ante la información, un equipo de la Dirección General de Control de Profesionales y Establecimientos de Salud fue hasta el local. “Efectivamente se constata la existencia de este establecimiento. La comitiva fue atendida por una persona que decía ser simplemente secretario, el que manejaba las redes sociales. Esta persona dijo que hace dos semanas estaba este señor (Líbero Oropallo) en el país, pero que en ese momento no se encontraba en el edificio, sino que estaba en otro lugar. Le solicitamos al señor Oropallo que se acerque al local, pero no vino”, relató Velázquez.

Detalló que el edificio visitado tiene muchos consultorios, más allá de los ocupados por Oropallo. Este edificio está constituido por consultorios. Algunos estaban habilitados; el más grande es una clínica odontológica que está habilitada, pero uno de los sectores, aparentemente el alquilado a Oropallo, que aglutina tres consultorios y no mostraba aún movimientos de pacientes, no está habilitado ni tiene trámites para su habilitación ante el Ministerio de Salud”, explicó el director general.

Aseguró además que la persona, identificada como Líbero Antonio Oropallo, tampoco figura en el registro como profesional. “Todo esto va a ser enviado a la asesoría jurídica de la cartera sanitaria para un sumario, las averiguaciones y demás”, explicó.