El juez Penal de Garantías de Fernando de la Mora, Miguel Ruiz, elevó a juicio oral y público el proceso penal contra el hijo de un exvicepresidente de la República, quien fue acusado por supuesto abuso sexual de un niño de 10 años. El Ministerio Público sostiene en su acusación que el hombre se aprovechó de la vulnerabilidad del menor para manosearlo en varias oportunidades.

Tras la audiencia preliminar, el juzgado resolvió admitir íntegramente la acusación del Ministerio Público y, además, dispuso que el acusado cumpla arresto domiciliario con control de la comisaría jurisdiccional de la zona. Asimismo, impuso medidas como la prohibición de acercarse a la víctima y a su madre.

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La acusación presentada por el fiscal Armin Echeguren refiere que el procesado, aprovechándose de la vulnerabilidad de la víctima, quien tenía 10 años a la fecha de la denuncia, procedía a manosearlo en sus partes íntimas, por debajo de su ropa, utilizando como herramienta la excusa de los juegos para conseguir su cometido de índole sexual.

Los episodios, según la investigación, sucedían durante las visitas a su domicilio y, ocasionalmente, en la casa de los abuelos paternos, debido a que contaba con un régimen de relacionamiento.

Con la resolución del juzgado de primera instancia, el acusado deberá afrontar juicio oral y público y será juzgado por un Tribunal de Sentencia de Fernando de la Mora.

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El viceministro de Atención Integral a la Salud, Dr. Saúl Recalde, anunció que recurrirá a las instancias judiciales contra el asesor médico del SEME, doctor Freddy Cantero, luego de los posteos en redes sociales que atentan contra su honorabilidad.

Aseguró que Cantero lo acusó sobre vínculos con el narcotráfico por ser de Pedro Juan Caballero.

El doctor Recalde decidió llevar el caso ante los tribunales con el argumento de que defenderá su honorabilidad y su reputación.

Aseguró que las acusaciones difundidas a través de las redes sociales constituyen un ataque directo contra su persona y sostuvo que vincularlo maliciosamente con estructuras delictivas únicamente por su lugar de origen constituye un acto discriminatorio.

“Hace cuestión de meses que está con una seguidilla de escritos relacionados a que soy narcotraficante por el simple hecho de ser pedrojuanino. En el departamento de Amambay, específicamente Pedro Juan Caballero es una localidad de persona que trabajan y no pueden poner el mote de narcopolítico por el simple hecho de ser de ahí”, expresó Recalde, en entrevista con la 1020AM.

Aseguró que es muy injusto que las personas tilden a las personas oriundas de citado departamento como narcos o ligarlos directamente con hechos ilícitos por residir en esa zona del país. Aclaró que solo está defendiendo su honorabilidad y que este tipo de acusaciones lo hizo salir de control.

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“Una persona en sus redes y estados no te puede acusar, tocar tu honor o trayectoria, ser cuestionado y agraviado por una persona que ni siquiera residencia tiene; asesor de qué puede ser una persona que no tiene curriculum. Estoy defendiendo mi honor y lo voy a demandar, cumplir una acción penal”, puntualizó.

Refirió que tiene más de 16 años siendo médico con dos residencias hechas y en las que ingresó bajo la modalidad de concurso, en las mejores posiciones de la Comisión de Residencias Médicas. “La gente no puede desmeritar hablando de demandas o mala praxis, nunca tuve una deferencia con un paciente”, concluyó.

El doctor Recalde encaró y acorraló al doctor Cantero en plena institución, luego de que este último publicó en sus estados de WhatsApp y redes sociales críticas dirigidas a un “narcopolítico y ñembo viceministro”. Además, dijo ventilaría los antecedentes sino es removido del cargo.

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La agente fiscal Silvia González volvió a solicitar a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que destrabe el proceso penal por lesión de confianza contra el exministro del Interior y actual senador, Rafael Filizzola. La máxima instancia judicial debe definir quién integrará la Cámara de Apelación que tendrá que estudiar si Filizzola seguirá procesado o no.

Una vez que se defina al camarista, se deberá analizar si corresponde dejar sin efecto la prescripción de la causa que se resolvió en un Juzgado Penal de Garantías. El Ministerio Público apeló dicha determinación y pidió que el proceso siga su curso para que Filizzola continúe procesado en esta causa penal por la supuesta comisión de lesión de confianza.

El Ministerio Público interpuso un recurso de apelación general en contra del A.I. n.° 371 de fecha 6 de mayo de 2025. El Tribunal de Apelaciones Penal, Primera Sala, fue designado para entender en el recurso; sin embargo, se generó un conflicto de competencia entre los miembros de la Cámara de Apelación, cuya decisión sigue pendiente ante la misma Sala Penal.

“Esta representación penal viene a solicitar respetuosamente que se sirva arbitrar las medidas necesarias para lograr la pronta integración del Tribunal competente y el consecuente dictado de la resolución acerca de la apelación planteada”, remarca el documento enviado por la fiscal interviniente a la Corte Suprema de Justicia.

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Este recurso de apelación tiene como objeto central cuestionar la declaración de prescripción de la acción penal dispuesta mediante el A.I. n.° 371. Por ello, la falta de un pronunciamiento oportuno respecto de dicha impugnación adquiere especial trascendencia, ya que el transcurso del tiempo está directamente vinculado con la cuestión que constituye la materia de controversia.

“Resulta de particular importancia que las sucesivas incidencias procesales que han impedido hasta la fecha la integración definitiva del Tribunal competente no continúen dilatando el tratamiento y resolución del recurso, a fin de evitar que el mero transcurso del tiempo pueda generar consecuencias procesales adversas para la prosecución de la causa, especialmente considerando que la cuestión sometida a revisión se encuentra relacionada con la prescripción de la acción penal”, agrega el escrito.

El caso “Comisarías de oro”, que involucra al senador Rafael Filizzola por su gestión como ministro del Interior durante el gobierno de Fernando Lugo, sigue sin resolverse. La investigación fiscal comenzó en 2013 y el proceso judicial en el Juzgado Penal arrancó al año siguiente; sin embargo, hasta ahora la causa sigue trabada y no avanza. A pesar del desembolso de G. 1.131 millones a la empresa Todo Verde Emprendimientos, las obras quedaron inconclusas.

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Después de más de tres décadas, el Gobierno del Paraguay, a través del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), avanza en la regularización de los terrenos del territorio social Nueva Asunción (exOgarapé), dando respuesta a una histórica demanda de más de 2.000 familias de la ciudad de Luque, departamento Central.

Este lunes, el titular del MUVH, Juan Carlos Baruja, avanzó en el proceso de regularización del citado territorio social, con la entrega de la exoneración de los tributos municipales correspondientes a los más de 2.000 lotes que integran el lugar. Durante la reunión de trabajo que mantuvo con el presidente de la Junta Municipal de Luque, Enrique Quintana, acompañado por representantes de la comuna municipal y de la comisión vecinal.

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Al respecto, el ministro Baruja señaló que este paso permite continuar con el proceso de regularización de los inmuebles y acerca a las familias a un objetivo largamente esperado: contar con mayor seguridad jurídica sobre el lugar donde construyeron sus hogares, luego de más de treinta años de espera.

“La regularización del territorio social Nueva Asunción forma parte del trabajo articulado que impulsa el MUVH junto con los gobiernos locales y las comunidades, a fin de ordenar la situación de los terrenos y avanzar hacia la formalización de los asentamientos”, precisó el ministro.

Agregó que con acciones concretas como esta, el Gobierno del Paraguay, liderado por el presidente Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Alliana, reafirma su compromiso de brindar respuestas a demandas históricas, fortaleciendo la seguridad jurídica y el acceso a un hábitat digno para miles de familias.

“Con el liderazgo del presidente Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Alliana, seguimos impulsando acciones concretas para que miles de familias avancen hacia la seguridad jurídica sobre el lugar donde construyeron sus hogares”, expresó a través de las redes sociales del MUVH.

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