Estados Unidos publicó ayer martes un informe sobre derechos humanos en el mundo adaptado a las prioridades del presidente Donald Trump en el que ensalza a sus aliados, como El Salvador, y fustiga a los que considera rivales como Brasil.

Este informe anual suele generar polémica independientemente del partido en el poder, pero este año el Departamento de Estado ajustó la parte redactada por el gobierno del expresidente demócrata Joe Biden, por ejemplo, en lo relacionado con las políticas favorables a la diversidad o el aborto. En política extranjera pasó otro tanto. Washington arremete contra países con los que mantiene una relación tensa como Sudáfrica o Brasil.

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“La situación de los derechos humanos en Brasil se deterioró” en 2024, se lee en el texto días después de que Estados Unidos impusiera aranceles del 50 % al país por lo que considera una “caza de brujas” contra el expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, juzgado por una presunta intentona golpista en 2022.

El gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva “socavó el debate democrático” y reprimió “de manera desproporcionada la expresión de los partidarios” de Bolsonaro, así como de periodistas y políticos, añade este informe, solicitado anualmente por el Congreso.

Los tribunales brasileños adoptaron medidas “desproporcionadas para socavar la libertad de expresión” y en internet, sostiene Washington, que sancionó recientemente al juez de la Corte Suprema de Brasil Alexandre de Moraes, a cargo del juicio contra Bolsonaro.

En la lista de los malos alumnos de América Latina Washington también incluye a Venezuela y Nicaragua, donde dice que la situación de los derechos humanos “empeoró” el año pasado. No ve “cambios significativos” en Cuba, otro país latinoamericano muy criticado por el jefe de la diplomacia Marco Rubio.

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También salen mal parados algunos de los aliados europeos de Estados Unidos como Reino Unido, Alemania o Francia, donde considera que la situación se ha deteriorado, principalmente en lo relativo a la libertad de expresión. No ve cambios en España. No es la primera vez que la administración Trump ve presunta censura en Europa.

El vicepresidente JD Vance dejó atónitos a los alemanes y a los europeos en general con un discurso pronunciado en Múnich (sur) a mediados de febrero, en el que afirmó que la libertad de expresión está “retrocediendo” en Europa, en particular en Alemania. Por el contrario, Trump ve con muy buenos ojos la gestión del presidente salvadoreño Nayib Bukele, un gran aliado del republicano en su lucha contra la inmigración ilegal que se prestó a encarcelar a migrantes deportados por Estados Unidos a cambio de dinero.

“No hubo informes creíbles de abusos significativos de los derechos humanos” en el país, afirma el Departamento de Estado. “Los informes de violencia de pandillas se mantuvieron en un mínimo histórico bajo el estado de excepción” gracias a las “detenciones masivas”, añade. Este panorama apologético contrasta con las denuncias de las oenegés y de los migrantes detenidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador, adonde Trump expulsó en marzo a más de 250 venezolanos a los que acusó de pertenecer a la pandilla Tren de Aragua, antes de que fueran liberados como parte de un canje.

Una vez en libertad, varios de estos migrantes contaron a la AFP haber vivido un infierno con palizas constantes, comida podrida y celdas de castigo diminutas. Además, en un informe de julio de 2024, Human Rights Watch documentó violaciones de los derechos humanos contra niños en el Salvador.

Otra oenegé, Socorro Jurídico Humanitario, denunció incluso ante la Corte Penal Internacional (CPI) casos de torturas, desapariciones de personas y muertes de presos en este país bajo el régimen de excepción invocado por Bukele como parte de su “guerra” contra las pandillas.

Israel, otro gran aliado de Trump, se beneficia de las alteraciones. Washington reconoce casos de arrestos arbitrarios y asesinatos por parte de Israel, pero afirma que las autoridades tomaron “medidas creíbles” para identificar a sus responsables. Senadores demócratas expresaron hace meses su preocupación por los cambios introducidos en el informe que, según ellos, perjudican la credibilidad de Estados Unidos.

Fuente: AFP.

La COP30 que se celebrará en noviembre en la ciudad brasileña de Belém, en Amazonía, podría ser “la más excluyente de la historia” por los elevados precios del hospedaje, alertó este martes una red de organizaciones ambientalistas brasileñas. Países en desarrollo, así como algunos Estados africanos e insulares, han pedido a Brasil que cambie la sede de la conferencia anual de Naciones Unidas sobre el calentamiento global a una ciudad con mayor capacidad hotelera, ante la disparada de los precios de los hoteles en Belém, que pueden exceder los 1.000 dólares por noche.

El gobierno del gigante sudamericano ha descartado esa opción y participará el jueves en una reunión con la ONU para buscar una solución. “Sin una solución inmediata para la crisis, la COP en Brasil corre el riesgo de ser la más excluyente de la historia, con una reducción del número de delegaciones nacionales, de miembros de órganos constituyentes y otros observadores y de la prensa”, alertó la red ambientalista Observatorio del Clima en un comunicado.

Las organizaciones señalaron una “negligencia del gobierno federal y del gobierno de Pará”, estado del que Belém es capital. “Tuvieron dos años y medio para resolver la cuestión del alojamiento en la ciudad y no lo hicieron”, enfatizaron. La semana pasada el presidente de Austria, Alexander Van der Bellen, renunció a participar en la COP30 principalmente por los precios del hospedaje.

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“Una reducción del número de delegados impactaría la propia legitimidad de lo que se negocie en Belém”, alertaron los ambientalistas del Observatorio del Clima. En un esfuerzo por responder a la preocupación sobre los precios de los alojamientos, el gobierno de Brasil lanzó a mediados de julio, con varios meses de atraso, una plataforma virtual con hospedaje a precios de hasta 220 dólares por noche para los países con mayores dificultades financieras para asistir al evento.

“Tenemos que conseguir habitaciones y estamos haciendo todo lo posible para ello. De lo contrario, la COP tendría realmente un problema de legitimidad”, reconoció el presidente de la COP30 André Correa do Lago en entrevista con la AFP. Ante las dificultades para encontrar hospedaje, algunas organizaciones “están pensando en delegaciones más pequeñas y en dormir en iglesias o mezquitas”, dijo además a la AFP una fuente que asesora a varias ONG ambientalistas.

Fuente: AFP.

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Una fuerte detonación accidental en una fábrica de materiales explosivos en el sur de Brasil dejó el martes nueve fallecidos, informaron las autoridades. El incidente ocurrió sobre las 6:00 locales en la región metropolitana de Curitiba, capital del estado de Paraná. Imágenes divulgadas por los bomberos de Paraná tras controlar el incendio mostraban un enorme terreno con escombros.

"Ya no tenemos la posibilidad de encontrar sobrevivientes entre esas nueve personas que deberían haber estado en ese lugar", dijo Coronel Hudson, secretario estatal de seguridad pública. Los bomberos habían reportado previamente que seis hombres y tres mujeres estaban desaparecidos. Efectivos de las fuerzas de seguridad ayudados por perros trabajaron en las búsquedas.

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Otras siete personas resultaron heridas y fueron atendidas en hospitales cercanos, según una nota de la firma Enaex Brasil, a la que pertenece la planta, publicada por los medios locales. “El área de la explosión quedó muy destruida. Tenemos en un radio de aproximadamente 1,5 km casas que fueron impactadas, con vidrios rotos, estructuras afectadas, una onda expansiva enorme”, explicó la portavoz de los bomberos Luisiana Guimaraes.

Directivos de Enaex Brasil dijeron en rueda de prensa que las causas del accidente están siendo investigadas. La empresa ejecuta un plan de contingencia de atención psicológica a las víctimas y sus familiares, agregaron. Según las autoridades, habitantes de varias localidades cercanas escucharon la detonación.

Fuente: AFP.

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El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció el martes pasado ayudas por unos 5.500 millones de dólares a empresas golpeadas por los aranceles de Donald Trump, en el marco de un paquete de medidas económicas de auxilio. El miércoles pasado entraron en vigor los aranceles de 50 % que Washington le impuso a muchos de los productos brasileños.

Los gravámenes afectan a sectores clave de la primera economía latinoamericana como el café y la carne, aunque el presidente estadounidense excluyó productos estratégicos como jugo de naranja, aeronaves civiles, fertilizantes y metales preciosos. Lula dará oficialmente marcha al plan de contingencia durante una ceremonia el miércoles en Brasilia.

“Mañana voy a firmar una medida provisoria que crea una línea de crédito de 30.000 millones de reales para las empresas brasileñas que puedan sufrir perjuicios con los aranceles de Trump”, dijo el jefe de Estado en entrevista a una radio local. Según Brasilia, los nuevos aranceles afectan al 36 % de las exportaciones de Brasil a Estados Unidos, equivalentes a 14.500 millones de dólares en 2024.

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El mandatario izquierdista dijo que las ayudas estarán destinadas sobre todo a pequeñas empresas, porque “las grandes tienen más poder de resistencia”. “Nadie queda desamparado ante los impuestos del presidente Trump”, agregó. “Vamos a garantizar la sobrevivencia de las empresas brasileñas”.

El gobierno, además, dará prioridad a los productos y componentes nacionales en sus compras e incentivará planes para abrir nuevos mercados para las empresas afectadas. Paralelamente, Lula afirmó que Brasil estudia medidas de reciprocidad para aplicar a Estados Unidos. La Casa Blanca justifica los aranceles a Brasil por razones distintas a las comerciales.

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Trump sostiene que Brasil lleva a cabo una “caza de brujas” contra el expresidente Jair Bolsonaro, juzgado por una presunta intentona golpista en 2022, y califica la política brasileña como “amenaza inusual y extraordinaria” para su país. El ministro de Hacienda brasileño, Fernando Haddad, dijo el lunes que una reunión virtual que tenía prevista con el secretario del Tesoro, Scott Bessent, para tratar los aranceles fue cancelada por el estadounidense.

Haddad achacó la cancelación a “la militancia antidiplomática” de “fuerzas de extrema derecha que actúan junto a la Casa Blanca”, en una mención velada a la campaña que desde Washington encabeza Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente, en defensa de su padre, aliado de Trump. Brasil presentó el miércoles pasado una denuncia ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) para impugnar los aranceles estadounidenses. Lula dijo en la entrevista el martes, no obstante, que continúa “preparado para negociar con Estados Unidos”.

Fuente: AFP.