La disidencia de las extintas FARC que comanda el guerrillero más buscado de Colombia anunció el viernes una tregua para las elecciones presidenciales del 31 de mayo, marcadas por los altos índices de violencia. Los rebeldes que rechazaron el acuerdo de paz de 2016 figuran entre los principales actores del deterioro de la seguridad en el país, sumido en su peor crisis de violencia en una década de cara a los comicios para elegir al sucesor del mandatario izquierdista Gustavo Petro.

El llamado Estado Mayor Central, liderado por el comandante guerrillero Iván Mordisco, anunció en un comunicado la “suspensión de operaciones militares ofensivas” desde el 20 de mayo hasta el 10 de junio. La tregua busca brindar las “condiciones de tranquilidad suficientes para que el pueblo colombiano asista masivamente a las urnas”.

Petro ha intentado sin éxito negociar con Mordisco como parte de su política de “paz total” con la que quiso lograr el desarme de todos los grupos armados del país. En abril, hombres de Mordisco asesinaron a 21 personas en un atentado con explosivos en una carretera del suroeste del país, el peor ataque contra civiles en dos décadas.

Después del desarme de las FARC, que se convirtió en partido político, Petro solo mantiene actualmente negociaciones con el poderoso cartel narco del Clan del Golfo y algunas guerrillas menores.

El 31 de mayo, los principales candidatos son el senador izquierdista Iván Cepeda, que propone darle continuidad a esos esfuerzos de negociaciones, y otros que prometen mano dura contra el crimen, como el abogado millonario Abelardo de la Espriella y la senadora opositora Paloma Valencia.

La violencia también afecta a los candidatos. El agosto pasado murió víctima de un atentado a bala en Bogotá el senador Miguel Uribe, que aspiraba a ser el candidato presidencial del principal partido opositor.

De la Espriella ha denunciado amenazas de muerte y da sus discursos de campaña en una urna de cristal antibalas. Paloma Valencia también ha revelado mensajes intimidatorios en su contra, por lo que el gobierno reforzó su seguridad recientemente. Petro sostiene que existe información sobre un plan para atentar contra su aliado Cepeda, el favorito en las encuestas.

Fuente: AFP.

La autoridad migratoria colombiana reveló ayer martes que el delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein estuvo en Colombia en 2002 durante el gobierno del expresidente Andrés Pastrana. Además, la pareja y cómplice de Epstein, Ghislaine Maxwell, estuvo en el país en 2007, según ese departamento. Migración Colombia acató la orden de un tribunal de Cundinamarca (centro) y compartió la información disponible sobre las entradas y salidas de la pareja de depredadores sexuales con el medio Casa Macondo.

Según el portal, Epstein salió del aeropuerto El Dorado de Bogotá hacia Miami el 20 de julio de 2002, aunque no hay registro de su entrada. Se desconoce cuántos días pasó y qué hizo en Colombia el señalado líder de la red internacional de tráfico sexual de mujeres y menores de edad. Maxwell ingresó al país el 19 de marzo de 2007 y salió tres días después rumbo a Panamá, según los datos compartidos por Casa Macondo.

“Migración Colombia confirma que Epstein estuvo en Colombia durante el gobierno de Andrés Pastrana”, dijo en X el presidente izquierdista Gustavo Petro. En archivos publicados por la justicia estadounidense en enero sobre el caso Epstein aparece el exmandatario colombiano Andrés Pastrana (1998-2002). El expresidente de derecha ha reconocido que se reunió con Epstein y Maxwell, pero dice que las reuniones con el empresario financiero y su socia fueron de caracter formal.

No se conocen pruebas de que Pastrana se reuniera con Epstein en 2002. Medios locales difundieron fotografías en las que se ve a Maxwell y a Pastrana vestidos con uniformes de la Fuerza Aérea Colombiana en 2002, aunque no hay registros migratorios de ese viaje.

Maxwell, condenada a 20 años de prisión en Estados Unidos por explotación sexual de menores, declaró ante el Departamento de Justicia que estuvo en Colombia ese año.

“Viajé a lugares con Pastrana. Uno fue Colombia, y Epstein estaba presente”, dijo durante una entrevista en 2025, según su transcripción desclasificada. “Soy piloto de helicóptero y Andrés también. Nos hicimos amigos y piloteé un Blackhawk en Colombia”, agregó.

Pastrana también figura como pasajero en vuelos privados de Epstein y en correos electrónicos que sugieren una relación cercana con él y Maxwell. Epstein tenía vínculos de larga data con las élites políticas y empresariales del mundo. En 2008 se declaró culpable de solicitar servicios de prostitución a una menor y murió en prisión en 2019 mientras esperaba juicio en otro caso acusado de explotación sexual.

Fuente: AFP.

Una jueza de Ecuador fue asesinada a tiros cerca de la frontera con Perú en medio de un estado de excepción declarado por el gobierno en su lucha contra el crimen organizado, informaron autoridades ayer martes. La violencia no cede pese a las políticas de mano dura impuestas por el presidente Daniel Noboa como estados de excepción, toques de queda nocturnos y el despliegue permanente de militares en las calles.

Lady Pachar, de 41 años, fue baleada el lunes por dos sicarios en motocicleta en la ciudad de Machala (suroeste), cuando se movilizaba en un vehículo sin sus dos guardaespaldas, según la policía. Una fuente policial dijo el martes a la AFP que la jueza, quien había recibido amenazas en 2025, fue asesinada al parecer en represalia por la liberación de miembros de una banda.

Ana María Jaramillo, secretaria de la Comisión Académica del Colegio de Abogados de El Oro, aseguró que los jueces y fiscales quedan en riesgo cuando el gobierno revela las identidades de aquellos que considera corruptos o indulgentes con los criminales. Que “no sea irresponsable en dejar en evidencia a los jueces y juezas que administran justicia, sino que más bien les de la protección necesaria y suficiente para que puedan actuar con imparcialidad”, añadió.

Machala es capital de la provincia costera de El Oro, fronteriza con Perú, el segundo país con más narcocultivos del mundo después de Colombia. Vecino de ambas naciones, Ecuador se ha convertido en el centro de operaciones de bandas criminales que sacan la droga por el Pacífico y se lucran internamente de otros delitos como la extorsión.

Con el respaldo del gobierno de Donald Trump, Noboa intenta frenar la violencia desde que llegó al poder en 2023. Pero las organizaciones criminales han convertido a Ecuador en el país más violento de Suramérica con 51 asesinatos por cada 100.000 habitantes en 2025, según Insight Crime. El Oro, con más de 700.000 habitantes, registró 720 homicidios el año pasado, según Jaramillo.

Fuente: AFP.

Este domingo 10 de mayo se cumplieron 4 años de cuando un grupo de sicarios asesinó al fiscal paraguayo, especializado en lucha contra el Narcotráfico y el Crimen Organizado, Marcelo Pecci, en Colombia. En la víspera se dio a conocer respecto a una reunión reservada que se concretó en el mes de marzo pasado en la ciudad de Panamá, entre los investigadores de Colombia y Paraguay; la cual arrojó expectativas muy favorables y datos relevantes que por ahora no pueden revelar, pero que permiten confirmar avances en autoría intelectual.

El fiscal adjunto de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán confirmó que las últimas novedades que están dando seguimiento tienen que ver con los rastros de fuentes financieras.

Mencionó que se decidió mantener una reunión reservada del Equipo Conjunto de Investigación Paraguay - Colombia, bajo el auspicio del Programa Global para la Disrupción de Redes Criminales de las Naciones Unidas. En ese periodo, exploraron aspectos dejados de lado a lo largo de la investigación en el territorio colombiando, debido a que tenían planes operativos diferentes a los de Paraguay.

Le puede interesar: Taiwán concede a Santiago Peña la más alta distinción para jefes de Estado

Consultado acerca de los autores intelectuales, aseguró que se está avanzando de manera muy positiva en ese aspecto. En cuanto a la hipótesis de que la orden de matar a Pecci salió de Paraguay, el fiscal contestó: “Es una variable positiva, es una variable lógica y que está siendo barajada por la Fiscalía desde el suceso del homicidio de Marcelo”.

Cabe señalar que el fiscal Marcelo Pecci fue asesinado mientras disfrutaba de su luna de miel con su esposa, la periodista Claudia Aguilera, en la playa de la Isla de Barú, cerca de Cartagena. Aquel 10 de mayo del 2022, debía ser una fecha de gratos recuerdos para la pareja que recientemente había contraído matrimonio y aguardaron hasta esa fecha para dar a conocer sobre el embarazo y la espera de su hijo Marcelito, el cual se dio apenas horas antes de que se cometiera el crimen.

En estos 4 años, las autoridades colombianas identificaron a un grupo de autores materiales compuesto por al menos siete personas vinculadas directamente a la planificación y ejecución del crimen. Hasta la fecha, la causa sigue abierta ya que continúa la búsqueda de quienes ordenaron el asesinato del fiscal paraguayo, el cual está teniendo avances positivos.

La Justicia colombiana actuó con cierta celeridad respecto a la estructura operativa, logrando en corto tiempo la captura de los principales involucrados que fueron identificados. De los cuales, varios de ellos ya se encuentran con condena firme y ejecutada, que son:

• Wendre Still Scott (sicario): condenado a más de 23 años de prisión.
• Marisol Londoño y Cristian Camilo Monsalve (marcadores): madre e hijo que siguieron los pasos de la pareja durante su luna de miel en Colombia; condenados a 23 años y 6 meses.
• Everson Zabaleta (logística): encargado del transporte, condenado a la misma pena.
• Los Hermanos Pérez Hoyos (financiadores): Ramón y Andrés Emilio Pérez Hoyos fueron condenados a 25 años y 6 meses de prisión por planificar y pagar por el asesinato.
• Margareth Lizeth Chacón: condenada a 39 años de cárcel por ser la coordinadora logística y facilitar el vehículo para el crimen.
• Francisco Correa Galeano (articulador): testigo clave de la fiscalía colombiana. Inicialmente condenado a una pena menor (6 años y medio) tras un acuerdo de colaboración.

Es importante señalar, que este último, Correa Galeano habría fallecido en una cárcel de Bogotá en enero del año pasado, en circunstancias que aún son objeto de investigación.

A cuatro años del crimen, el principal interrogante sigue siendo quién o quiénes dieron la orden desde la cima de la pirámide criminal. Existen varias hipótesis que los investigadores siguen rastreando y que todo apunta a una presunta red o estructura transnacional, vinculada al crimen organizado. Presumen que las acciones que llevó adelante el fiscal Marcelo Pecci en el caso A Ultranza Py habrían generado molestias en la cúpula criminal.

En ese marco, se ha mencionado que figuras como Miguel Insfrán (alias “Tío Rico”) y el uruguayo Sebastián Marset, hoy capturado y extraditado a los Estados Unidos, aguarda el avance del proceso judicial en su contra. Al respecto, el fiscal Manuel Doldán señaló que están aguardando que las autoridades judiciales de Virginia, Estados Unidos, bajen el “recelo judicial”, y puedan compartir información sobre el caso.

Cabe resaltar que las investigaciones siguen abiertas, a cargo de Equipo Conjunto de Investigación (ECI), que se constituyó el 21 de octubre de 2024, tras la firma de un acuerdo entre Paraguay y Colombia para agilizar el intercambio de pruebas sin burocracia, lo que ha permitido analizar dispositivos móviles y documentos financieros de manera directa.

A la par, el Departamento de Justicia de EE. UU. mantiene una colaboración activa, procesando información de dispositivos electrónicos entregados por la familia para rastrear flujos de dinero y comunicaciones de redes criminales internacionales.

Siga informado con: Caso “Tía Chela”: juezas rechazan autorización de viaje para Miguel Prieto