El partido opositor colombiano Centro Democrático informó este viernes que suspendió los actos de campaña de sus aspirantes a la presidencia tras el atentado a tiros contra Miguel Uribe, uno de sus precandidatos.

El senador de 39 años recibió el sábado tres disparos, dos de ellos en la cabeza, durante un acto con seguidores en Bogotá. El presunto pistolero es un joven de 15 años que está detenido, igual que uno de sus cómplices.

Uribe está en estado crítico en una clínica “con pronóstico neurológico reservado”, según el último parte médico. “En solidaridad con nuestro compañero Miguel Uribe”, los “demás precandidatos del Centro Democrático hemos decidido hacer un alto proselitista”, dice un comunicado. “Esta pausa es transitoria”, agrega.

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Uribe hacía campaña para ser elegido como candidato único de este partido, el principal movimiento de oposición al presidente izquierdista Gustavo Petro. Antes debe ganar en una disputa interna a otros aspirantes, como la senadoras María Fernanda Cabal y Paloma Valencia. Las legisladoras son muy cercanas al líder natural del Centro Democrático, el influyente expresidente Álvaro Uribe (2002-2010).

Aún se desconoce quién ordenó el atentado contra Miguel Uribe, que no tiene parentesco con el exmandatario. La derecha busca recuperar el poder en las elecciones de 2026, en las que Petro no puede participar por disposiciones legales.

Los dirigentes del Centro Democrático culpan al presidente de incitar al odio contra la oposición. El atentado revive temores de un regreso a las peores épocas de la violencia en Colombia. En los años 80 y 90, en pleno auge del capo de la cocaína Pablo Escobar, cuatro candidatos presidenciales fueron asesinados.

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El menor que presuntamente disparó a Uribe fue detenido en flagrancia y se declaró el martes inocente por homicidio en grado de tentativa y porte de armas.

Un segundo involucrado se entregó ante la Fiscalía el jueves y fue imputado con esos mismos cargos, además de “uso de menores de edad en la comisión de delitos”. Ambos permanecen fuertemente custodiados en un búnker de la fiscalía en Bogotá.

Fuente: AFP

• Bogotá, Colombia. AFP.

La fiscalía de Colombia imputó ayer jueves a un supuesto cómplice del pistolero de 15 años acusado de atentar contra el senador y aspirante a la presidencia Miguel Uribe. El nuevo acusado, que se entregó ante las autoridades, participó en la “logística” del ataque ocurrido el sábado, en el que el senador de 39 años recibió tres disparos, indicó el ente investigador.

Antes, fue capturado en flagrancia al supuesto tirador, un adolescente de 15 años herido en una pierna en medio de una persecución de los escoltas de Uribe, miembro del partido de derecha Centro Democrático. Imputado por intento de homicidio y porte de armas, el joven se declaró inocente el martes y está fuertemente custodiado en un búnker de la fiscalía.

La entidad aseguró que el nuevo implicado hizo un “reconocimiento” días antes del parque en un barrio popular de Bogotá en el que se cometió el atentado. El día del ataque estaba en un automóvil desde el que “se le entrega” el arma, una Glock de 9 milímetros, al presunto pistolero. El menor ingresó al vehículo y se cambió de ropa.

La fiscalía también le imputó los delitos de “uso de menores de edad en la comisión de delitos” y porte de armas. Fiscales solicitaron que permanezca privado de la libertad. Uribe dio el miércoles las primeras muestras de mejoría tras recibir dos de los disparos en la cabeza, aunque sigue en estado crítico. Aún se desconoce quiénes son los autores intelectuales del ataque.

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El presidente Gustavo Petro apunta principalmente a bandas de narcotráfico que supuestamente quieren desestabilizar al gobierno como respuesta a las incautaciones de droga y las capturas de sus capos. Llegó a mencionar al principal grupo disidente de la guerrilla FARC que no se acogió al acuerdo de paz de 2016 y ahora trafica cocaína.

En un comunicado enviado por chat a un grupo de periodistas, el grupo ilegal negó estar detrás de la acción criminal. El martes, la disidencia ejecutó más de 20 ataques simultáneos en el suroeste del país. Petro dijo que investigaría si había conexión con el atentado a Uribe.

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Petro también menciona a una supuesta mafia de narcos colombianos y extranjeros con sede en Dubái. El abogado de Uribe asegura que las autoridades encargadas de protegerlo no atendieron alertas sobre la necesidad de ampliar el número de escoltas en su esquema de protección.

“Insistimos en que aquí también hay una grave omisión del Estado en brindar la seguridad a Miguel Uribe”, dijo el jurista Víctor Mosquera a los medios este jueves. Si es el adolescente es declarado culpable, puede pasar hasta ocho años privado de la libertad, aunque no en una cárcel común debido a que es menor de edad. Para esclarecer el caso, el presidente Petro solicitó ayuda a “organismos secretos” de Estados Unidos.

América Latina se ha convertido en una de las regiones más apasionadas por el café. Si bien este grano proviene de un cultivo originario de Etiopía, África, el café fue introducido en el continente americano en el siglo XVII y, desde entonces, se convirtió en la infusión matutina preferida de los latinos.

Según el medio Statista, encargado de suministrar información y datos empresariales para las economías internacionales, una de las bebidas más consumidas que contiene café es el capuccino. La misma está compuesta por una base de espresso y leche espumada al vapor.

Ya ganó gran popularidad en la mayoría de las cafeterías de la región, al igual que en restaurantes; pero, de acuerdo a cada país, el precio por taza o vaso puede variar. El costo promedio de esta bebida oscila desde unos USD 4,1 en Uruguay hasta apenas 1,58 en Colombia, según datos de Statista corroborados en Numbeo.com a junio de 2025.

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Costo por país: el más bajo es en Colombia con USD 1,58, seguido de Brasil con USD 1,74, Paraguay con USD 1,77, Ecuador con USD 2,47, y el más costoso es Uruguay, con USD 4,10 por unidad.

En Paraguay, el negocio del café mueve unos USD 34 millones al año en promedio (según datos al año pasado), según datos de la consultora CCR. Mauricio Larrosa, gerente de la consultora, dijo a La Nación/Nación Media que esta cifra muestra un aumento del 10 % respecto al periodo anterior.

Larrosa expuso a LN que mientras el café molido y el instantáneo se llevan el 96 % del total del mer­cado paraguayo, el café con soja y en cápsulas acumulan cada uno 2 %. En cuanto a áreas de consumo, dijo que hay una mayor concentración en Asun­ción y Gran Asunción, donde se consume el 57 % del volumen, mientras el 47 % está en inte­rior.

Es en Asunción y ciudades aledañas donde están los mayores niveles de consumo per cápita, que son los que impulsan el desarrollo y el crecimiento de la categoría, explicó. Respecto al movimiento comercial, el gerente general de la consultora detalló que, en promedio, los establecimientos comerciales del país cuentan con ocho marcas.

El negocio del café demostró un gran creci­miento en los últimos 10 años, no solamente en cuanto a volu­men o valor en el tiempo, sino también en cantidad de pre­sentaciones, segmentos desa­rrollados, nuevos mercados y marcas que se suman al nego­cio para potenciar su creci­miento, finalizó.

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• Bogotá, Colombia. AFP.

Pablo Escobar formó durante los 1980 un ejército de adolescente pobres dispuestos a matar a policías, políticos y magistrados. Con el dinero del narcotráfico los convenció de cometer crímenes horrorosos, una herencia que sigue viva en Colombia. Este tipo de crímenes, comunes en tiempos del capo abatido en 1993, volvieron a la memoria del país esta semana, tras el intento de asesinato del aspirante a la presidencia Miguel Uribe mientras se reunía el sábado con seguidores en un parque de Bogotá.

El martes, la fiscalía imputó a un adolescente de 15 años por presuntamente atentar a balazos contra el dirigente político de 39 años, que está en estado crítico en una clínica. El joven se declaró inocente y está detenido. Un video al que tuvo acceso la AFP muestra al presunto atacante moverse entre la multitud vistiendo una camiseta estampada y vaqueros. En un momento saca un arma y apunta. Suenan disparos, Uribe cae y la multitud se dispersa en pánico.

La fiscalía asegura que le propinó tres tiros. Esto “no es algo excepcional para Colombia”, dice a la AFP Mathew Charles, exasesor de Unicef en Colombia y director de la fundación de inclusión de jóvenes vulnerables Mi Historia. La fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, aseguró el lunes que bandas de delincuentes utilizan a menores porque el marco jurídico es diferente al de los adultos y contempla penas más leves. Solo en 2024, cerca de 5.000 adolescentes de entre 14 y 17 años ingresaron a este sistema penal en Colombia luego de cometer delitos, entre ellos homicidio, según el Ministerio de Justicia.

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Los jóvenes que empuñan armas suelen venir de barrios marginados, con escaso acceso a educación y entornos familiares frágiles, dice Charles. Ante la falta de oportunidades, la criminalidad se presenta como única salida.

“Están buscando soluciones” rápidas para obtener dinero “porque no hay comida en la mesa por las noches en su casa”, explica. El 33 % de los colombianos son pobres. Casi el 4 % de los niños y adolescentes en edad escolar abandonaron sus estudios en 2023, año del último balance oficial.

Los grupos ilegales pagan a menores entre 50 y 500 dólares por matar, según investigaciones de Charles. A menudo son “engañados” y no llegan a ver nunca el dinero prometido, asegura.

Cuando fue detenido, el menor acusado de disparar contra Uribe decía que estaba dispuesto a “colaborar” con las autoridades y que recibió órdenes de una persona de la “olla”, como se le conoce en Colombia a los puntos de expendio de drogas.

Astrid Cáceres, directora de la entidad estatal encargada de la protección de los menores (ICBF), dice que, en buena parte de los casos, las mafias “provocan” que los menores cometan delitos “a partir del consumo” de sustancias psicoactivas.

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La pena máxima para un menor por homicidio en Colombia es de ocho años. Un adulto puede enfrentar hasta 50 años tras las rejas. Usar a menores “es una vieja costumbre” en el país que “busca claramente la impunidad y aprovecharse de su situación de marginalidad”, dice el penalista Francisco Bernate a la AFP.

Bernate sugiere que el desarrollo cerebral de niños y adolescentes es un factor determinante en estos casos. Un menor de 18 años “no tiene la plena capacidad para comprender” las “consecuencias de sus actos”.

“No solo en Colombia, (sino) en la mayoría de países del mundo, y así lo obligan los tratados internacionales, reciben un tratamiento diferenciado al de los adultos”, dice. La fiscal Camargo explicó que, a diferencia del código penal, con un enfoque punitivo, el marco legal de los menores contempla sanciones educativas y restaurativas. No van a la cárcel sino a centros especializados.

El 22 de marzo de 1990, el candidato presidencial del Partido Comunista Bernardo Jaramillo iba a tomar un vuelo. Pese a estar acompañado por escoltas, le dispararon a quemarropa y lo mataron en el aeropuerto. El joven que empuñaba el arma tenía 16 años. “Ese muchacho duró un poco más de un año detenido (...) y en 1992 apareció muerto a tiros junto a su padre en el baúl de un carro en Medellín”, cuenta a la AFP el periodista y académico Jorge Cardona.

El autor del libro “Días de Memoria”, que hace un recuento de los sucesos violentos que marcaron a Colombia entre 1986 y 1991, cuenta dos casos más. El ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, fue asesinado por un menor de 16 años en 1984 y Carlos Pizarro, exguerrillero del M-19 y candidato presidencial, cayó baleado por otro joven, de 20 años, dentro de un avión en 1990. Esos casos no han sido totalmente resueltos.