El jefe de Gabinete argentino, Manuel Adorni, negó ayer miércoles haber cometido “ningún delito” en una comparecencia ante el Congreso, donde presentó su balance de gestión acompañado por el presidente Javier Milei, una señal de respaldo en medio de sospechas de corrupción por su crecimiento patrimonial. “No cometí ningún delito y voy a probarlo en la Justicia”, dijo Adorni ante el plenario, mientras Milei y parte de su gabinete lo aplaudía desde los palcos en una inusual presencia presidencial en el Congreso.

Adorni lleva casi dos meses en el ojo de la tormenta por revelaciones sobre la compra de propiedades en operaciones con prestamistas que omitió declarar y que investiga la Justicia. También suntuosos viajes familiares y gastos que no condicen con su patrimonio desde que asumió como funcionario en diciembre de 2023. El presidente lo ha respaldado sin medias tintas. “Los corruptos son ustedes, son ustedes”, les respondió a los periodistas que lo abordaron cuando ingresó al Congreso y le preguntaron por qué seguía sosteniendo a Adorni.

El gobierno de Milei, que ha proclamado “hacer de la moral una política de Estado”, se vio sacudido por varios escándalos por sospechas de corrupción, desde desvíos de fondos para discapacidad y ocultamiento patrimonial de varios miembros del gobierno hasta una supuesta estafa millonaria con la criptomoneda Libra, que salpica al propio presidente.

Esta semana, el propio jefe de la agencia recaudadora de impuestos quedó bajo sospechas por la supuesta omisión de declarar bienes en el exterior y el ministro de Economía echó a su secretario de coordinación tras descubrirse que no había declarado al fisco siete departamentos en Miami. En este marco, el habitual informe de gestión del jefe de gabinete se convirtió en una suerte de interpelación con más de 4.000 preguntas. “¿Cómo explica que cobra en pesos y gasta en dólares mucho más de sus ingresos?”, le preguntó la diputada de izquierda Myriam Bregman. De 46 años, Adorni consideró todas las acusaciones “tendenciosas y falsas”.

El ministro ratificó que la política de austeridad y equilibrio fiscal “es innegociable” y anunció que continuarán los recortes presupuestarios en todos los ministerios. “Eliminamos nueve ministerios, 100 secretarías, 25 organismos.... hoy hay 65.000 empleados menos en el Estado. El ahorro anual supera los 2.505 millones de dólares”, dijo.

Adorni admitió que el aumento sostenido de la inflación (3,4 % en marzo pasado) en los últimos meses es un dato negativo, pero lo atribuyó a “una turbulencia generada por el kirchnerismo, empresarios prebendarios y algunos medios de comunicación”, más que a debilidades del plan económico.

En los alrededores del Congreso, el gobierno montó un fuerte operativo de seguridad. Un puñado de jubilados realizó su protesta habitual de cada miércoles por mejoras en sus haberes y repudiaron al jefe de Gabinete. “Estoy acá porque el pueblo ya no puede más, hay una crisis que nunca viví en mi vida”, dijo a la AFP Ana Martínez, una jubilada de 76 años. “Adorni es un chorro (ladrón) y no tiene vergüenza, utiliza el dinero del pueblo para viajar, es un delincuente”.

Manifestantes montaron una improvisada olla popular en protesta. “Este gobierno no nos ve, todos se enriquecen y no piensan en nosotros”, dijo Lucía Guzmán, de 58 años. El caso coincide con señales adversas: la actividad económica cayó 2,1 % anual en febrero y la confianza en el gobierno retrocedió por cuarto mes consecutivo, según la Universidad Di Tella.

Fuente: AFP.

Un alto tribunal de justicia de Argentina anuló ayer miércoles el procesamiento contra el expresidente Alberto Fernández en la causa por presunta corrupción en la contratación irregular de seguros para organismos públicos durante su gestión (2019-2023). La Cámara Federal de Casación, el máximo tribunal penal de Argentina después de la Corte Suprema, revocó por motivos procesales la resolución de un tribunal de apelaciones dictada en noviembre de 2025.

En el fallo al que tuvo acceso la AFP, el alto tribunal sustentó su decisión en que la cámara de apelaciones confirmó el procesamiento de Fernández pese a que el fiscal en la instancia había pedido que se “dictara la falta de mérito” por considerar “que no existían elementos de prueba suficientes”. Esto implica que no había una base acusatoria suficiente para avanzar penalmente.

La Cámara Federal de Casación también canceló dos medidas contra Fernández: un embargo por más de 14.600 millones de pesos (unos 10,3 millones de dólares al cambio oficial), y la prohibición de salir del país. Además de esta causa, el expresidente de 67 años aguarda su juicio por supuesta violencia de género contra su expareja, la periodista Fabiola Yáñez.

En la causa por los seguros, Fernández era investigado por el “delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”. El caso involucra supuestas contrataciones de seguros para distintas oficinas del Estado a través de un intermediario que cobraba comisiones por la gestión, pese a que podían hacerse de forma directa.

Según un decreto firmado por el propio Fernández, los seguros del Estado los cubría la aseguradora del estatal Banco Nación. Además de Fernández, fueron procesados un amigo suyo y corredor de seguros, y su exsecretaria privada, María Cantero, entre otros. Con la decisión de la Cámara Federal Penal del miércoles, la causa sigue abierta y podría revisarse la situación del resto de los imputados, e incluso podría volver a incriminarse a Fernández, según medios locales.

Durante el peritaje del teléfono de Cantero se conocieron testimonios e imágenes que derivaron en una denuncia por violencia de género que le hizo Yáñez. Por esta otra causa, Fernández enfrentará un juicio oral por los delitos de “lesiones graves” y “amenazas coactivas”. El expresidente ha negado cualquier violencia contra Yáñez, con quien mantuvo una relación de aproximadamente diez años y con quien tuvo un hijo nacido en 2022.

Fuente: AFP.

El jefe de Gabinete argentino, Manuel Adorni, acude este miércoles al Congreso para dar su informe de gestión acompañado por el presidente Javier Milei, en una contundente muestra de respaldo en medio de cuestionamientos sobre su patrimonio. Adorni lleva casi dos meses en el ojo de la tormenta, afectado por revelaciones sobre la compra de propiedades y la realización de suntuosos viajes familiares desde que asumió como funcionario.

“Claro que voy a ir a acompañar a Manuel, voy a ir a escuchar a mi jefe de gabinete”, dijo Milei la semana pasada en una entrevista al canal de streaming Neura. La Constitución obliga al jefe de Gabinete a informar mensualmente al Congreso, pero Adorni no había cumplido desde su nombramiento en noviembre pasado.

La habitualmente rutinaria sesión informativa toma esta vez un carácter inquisitivo: según medios locales, los diputados le enviaron unas 4.800 preguntas. Adorni, de 46 años, se convirtió en uno de los colaboradores más importantes de Milei desde el rol de vocero presidencial. Con un tono confrontativo e irónico, hizo de sus conferencias de prensa uno de los principales espacios de defensa de la narrativa del gobierno contra la corrupción y a favor de la austeridad en la función pública.

Sin embargo, no habla públicamente desde el 25 de marzo, cuando tuvo un accidentado intercambio con los medios en momentos en que el escándalo apenas comenzaba. “No tengo nada que esconder (...) con mi dinero hago lo que quiero”, declaró en aquella oportunidad, al acusar “una operación política y mediática para dañar al gobierno”.

Bajo el escrutinio de los medios se incluye un viaje oficial a Nueva York, al que llevó a su esposa —una decisión que él mismo reconoció como “un error, no un delito”—, así como viajes vacacionales en jet privado con su familia. Otras filtraciones se han centrado en el patrimonio personal de Adorni, lo que desencadenó una investigación sobre posibles discrepancias entre su declaración jurada de bienes y ciertos gastos —particularmente aquellos relacionados con bienes inmuebles— incurridos durante los últimos dos años.

La fiscalía ha avanzado con la indagación a la escribana de Adorni y sobre documentación vinculada a los viajes, propiedades e hipotecas, aunque el ministro no fue citado a declarar. El caso coincide con señales adversas para el gobierno: la actividad económica cayó 2,1% anual en febrero, la inflación subió a 3,4% mensual en marzo y la confianza en el gobierno retrocedió por cuarto mes consecutivo, según la Universidad Di Tella.

Fuente: AFP.

Un juzgado argentino resolvió este martes elevar a juicio una causa contra dos de las hermanas de Diego Maradona, su abogado y otras tres personas por el delito de “defraudación por administración fraudulenta” de la marca del astro futbolístico fallecido en 2020.

El juzgado dio por cerrada la etapa de instrucción de la causa iniciada en 2021 y decidió que los acusados enfrenten juicio por “haber defraudado los intereses de los herederos legítimos” de Maradona, es decir sus cinco hijos, según la disposición judicial a la que tuvo acceso la AFP.

La imputación sostiene que quien fuera abogado del exfutbolista, Matías Morla, y dos de sus asistentes se lucraron con la marca “Diego Maradona” y sus derivados que, según sus hijos, debería haber sido cedida a ellos tras la muerte del “10”.

Dos de las hermanas del ídolo, Rita y Claudia Maradona, además de una escribana, están imputadas como colaboradoras en la ejecución del hecho.

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De acuerdo con la investigación, por instrucciones de Maradona y para proteger sus bienes del fisco italiano, Morla había creado en 2015 una sociedad llamada “Sattvica S.A.” para la administración de las marcas.

Morla y otro de los imputados, Maximiliano Pomargo, eran los directores de dicha sociedad, pero actuaban por órdenes de Maradona.

Cuando el ídolo falleció en noviembre de 2020, a Morla se le exigió ceder la propiedad de “Sattvica S.A.”, pero en lugar de entregarla a sus hijos realizó la “presunta cesión de acciones” en favor de Rita y Claudia Maradona, entre septiembre de 2022 y agosto de 2023.

“Morla, burlándose de la Justicia, las explotó para él hasta el fin de 2021 y después las cedió a las hermanas, que la continuaron de explotar hasta el 29 de diciembre pasado, cuando (...) la justicia dispuso una medida cautelar para que dejen de operar con las marcas”, dijo este martes a la AFP el abogado Félix Linfante, que representa a una de las hijas de Maradona, Jana.

Linfante aseguró que una tasación oficial cifró el valor de las marcas en “alrededor de 100 millones de dólares”.

• Fuente: AFP

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