La delegación de Cerro Porteño está de retorno con toda la feli­cidad luego del gran triunfo (0-2) en Bucaramanga frente al colombiano Deportivo Cali, en ocasión del estreno en la Copa Libertadores de América.

Como el Ciclón debe jugar el domingo frente a Guai­reña por el torneo local, no se quiere arriesgar al delan­tero Robert Morales, autor del primer tanto ante Amé­rica de Cali. “La Pantera” se retiró con molestias al fina­lizar el primer tiempo, y ya arrastraba una dolencia des­pués de un “guadañazo” del defensor liberteño Alexan­der Barboza, en ocasión del último partido local.

En medio de la alegría que significó la victoria en el debut en la Libertadores, el vicepresidente, Juan José Zapag, no se guardó nada y acusó con dureza al argentino Horacio Elizondo, director del Departamento de Árbi­tros de la Asociación Para­guaya de Fútbol (APF).

“Es una tomadura de pelo que siga. Está acá porque en su país no tendría cabida. Lo digo de frente, y no me pienso rectificar. No le debo favores a nadie, no como otros”, cues­tionó Zapag al ser consultado por Versus sobre Elizondo y su tarea al frente del arbitraje paraguayo.

Zapag declaró que tiene buenas relaciones con Robert Harri­son, presidente de la APF, pero cuestionó la continui­dad de Elizondo. “Este señor (Elizondo), por vergüenza ya hubiese renunciado”, acusó. Al ser consultado sobre los pasaca­lles ofensivos contra Elizondo, que aparecieron en La Nueva Olla durante el último partido, sentenció: “No tengo ni idea, los pasacalles no vienen por orden de los directivos del club”.

MARQUES, CONTRA LAS CUERDAS

El doctor Víctor Agüero, vicepresidente de asuntos jurídicos de Cerro Porteño, tomó conocimiento que el empresario brasileño Regis Marques accedió y divulgó sus conversaciones de carácter privado, por lo que formuló denuncia.

El fiscal interviniente, Federico Leguizamón, encabezó ayer un allanamiento en la habitación del hotel donde se hospeda Mar­ques a fin de incautar evidencias. Agüero mostró preocupación ante la posibilidad que Marques disponga de aparatos sofistica­dos para realizar escuchas telefónicas ilegales, por las conse­cuencias que puedan ocasionar a su privacidad y a la de otras personas.

Ante el hecho de acción penal pública, la amenaza de sanción es de hasta dos años de pena privativa de libertad, precisó el doctor Rodrigo Galeano, representante legal de Agüero.