El abogado Álvaro Cáceres, representante legal del senador Hernán David Rivas, se refirió sobre la resolución firmada por el tribunal de apelación en mayoría sobre la prescripción y la desvinculación del proceso penal por producción y uso de documento no auténtico con relación al título de abogado del citado parlamentario.

Cáceres fue claro en señalar que “la Fiscalía nunca debió imputar a Rivas porque los delitos imputados y acusados ya no podían ser perseguidos penalmente porque habían prescripto”. Indicó que “la resolución de la Cámara de Apelación fue la de corregir y argumentar jurídicamente que no puede haber uso de documento público falso cuando no existe el delito principal conexo, que es el hecho punible de producción de documento falso”.

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“Creo que la postura de la Fiscalía es que no quieren reconocer que imputaron y acusaron hechos prescriptos, porque digamos que el Ministerio Público ahí no queda bien parado, pero la resolución de cámara es clara y contundente sobre la persecución del hecho punible acusado, que ya no puede seguir por lo que corresponde la desvinculación de mi representado”, sostuvo el citado profesional del derecho.

La defensa del parlamentario sostuvo en que al haber prescripto la cuestión de la producción, tanto a criterio de la defensa como a criterio de la Cámara, no se puede ya identificar el uso específicamente por esa remisión que hace el artículo del 252, que es el uso al 250, que es la producción inmediata.”

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El abogado Adrián Salas, defensor de la empresaria Dalia López, presentó al juez Penal de Garantías, Raúl Florentín Cueto, una solicitud de medidas alternativas a la prisión para la empresaria, en este caso la libertad ambulatoria, pese a que la misma haya estado prófuga durante seis años. La audiencia de imposición de medidas se inició a las 10:00 de este viernes.

“Solicitamos la medida alternativa a la prisión, la ambulatoria, y eventualmente el arresto domiciliario. En eso centramos, tratamos de justificar todos los extremos para que se pueda dar lugar, porque finalmente entendemos que la conducta atribuida se trataría supuestamente de un delito, por lo tanto, entendemos que corresponde la medida sustitutiva a la prisión”, argumentó el abogado.

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Sin embargo, el abogado admitió que la situación de prófuga podría afectar este pedido. “Ese es el inconveniente que se tiene, hemos también tratado de explicar el motivo del por qué ella no se había presentado durante todo este tiempo, por las amenazas y muchas cuestiones que explicamos al juzgado para que tenga en consideración para que pueda otorgar la medida sustitutiva a la prisión”, indicó en entrevista para los medios de comunicación.

Para lograr la medida alternativa a la prisión y evitar una nueva posible fuga de López puso a disposición como garantía un inmueble de muy alto valor. “Ahora ella se siente un poco más segura, no se imaginan en la situación en que se encontraba, ahora en la comisaría de mujeres está un poco más segura, más tranquila, pero por otro lado el peligro de fuga hicimos el ofrecimiento de un inmueble de valor de más de 1 millón de dólares, es difícil que arriesgue a fugarse”, detalló el abogado.

Con respecto a una posible obstrucción a la investigación, el letrado argumentó que la investigación sobre la causa de documentos públicos con contenidos falsos, en la cual está acusada López, ya está agotada.

“Ya sería algo inexistente, atendiendo que la causa ya ha sido juzgada, se dieron varias salidas a varios de los imputados, acusados, algunos con condenas ya firmes, otros con suspensión condicional por procedimiento, algunos también obtuvieron condenas de dos años con suspensión de ejecución de la condena. Es decir, solamente ella ya está”, sentenció.

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La Cámara de Apelaciones hizo lugar el recurso planteado por la defensa del senador Hernán Rivas y dictó el sobreseimiento definitivo de la causa por presunta producción y uso de título falso. La acción fue planteada por los abogados Cristóbal Cáceres Frutos, Víctor Gulino y Álvaro Cáceres.

El tribunal decidió el sobreseimiento definitivo al legislador de conformidad al artículo 359 inciso 2 del Código Procesal Penal. Explica que dicho articulado menciona que corresponde el sobreseimiento definitivo cuando a pesar de la falta de certeza, no exista razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos elementos de prueba y sea imposible requerir fundadamente la apertura a juicio.

La camarista Bibiana Benítez (preopinante) señaló que ya en el A.I. N° 850 de fecha 10 de octubre del 2025, el juez de Garantía Miguel Palacios concluyó que el hecho punible estipulado en el artículo 251, inciso 1°, del Código Penal Paraguayo (producción mediata de documentos públicos de contenido falso) prescribió, incluso antes de la formulación del acta de imputación por parte del Ministerio Público, la cual ya había llegado tarde.

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Al análisis jurídico de la camarista se adhirió su colega Delio Vera, señalando que al declararse la prescripción del hecho de producción de títulos falso no puede ser juzgado por lo segundo, que es el supuesto “uso de documentos de contenido falso”, por lo que se declara su sobreseimiento definitivo de todo el proceso. José Fernández, el tercer integrante del tribunal, votó en disidencia.

Cabe señalar que con este fallo, a través del A.I. N° 102 dictado en la fecha, se rechaza la apelación de los fiscales Patricia Sánchez y Luz Guerrero en contra de la prescripción del delito de supuesta falsificación de parte de Rivas.

Posteriormente, mediante el A.I. N° 107 dictado igualmente en la fecha, el Tribunal de Apelación hizo lugar al recurso presentado por la defensa del senador, que anula la resolución del juez de Garantías Miguel Palacios, que el 10 de octubre del 2025 había elevado a juicio oral y público el proceso judicial por el que era investigado.

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• Embajador Carlos José Fleitas
• Presidente de la Comisión Nacional
• Demarcadora de Límites
• Fotos: Gentileza

La Comisión Nacional Demarcadora de Límites cumple 73 años llevando una labor poco visible pero fundamental.

Mucho antes de que existieran mapas digitalizados o sistemas satelitales, el Paraguay ya enfrentaba una tarea muy compleja y decisiva: la de definir, caracterizar, defender y materializar sus fronteras nacionales. Detrás de esta misión, poco visible pero fundamental, se encuentra la Comisión Nacional Demarcadora de Límites (CNDL), una institución cuya evolución histórica refleja los esfuerzos de consolidación de la soberanía territorial paraguaya.

Sus orígenes se remontan a la reorganización del Estado paraguayo tras la guerra de la Triple Alianza. En 1870, la creación del Ministerio de Relaciones Exteriores sentó las bases de su origen institucional. Sin embargo, la cuestión de los límites permaneció entonces como una función dentro de su administración. No será sino hasta comienzos del siglo XX cuando esta adquiera entidad propia: en 1902, los asuntos limítrofes fueron asignados a la Subsecretaría de la Cancillería Nacional.

Un paso decisivo para su institucionalización, se dio en 1920 con la creación de la Sección de Límites, concebida como un espacio técnico orientado a sistematizar información geográfica, cartográfica y jurídica. Este hito revela una transformación conceptual: la delimitación del territorio deja de ser únicamente una cuestión diplomática para convertirse también en un problema de conocimiento, medición y representación del espacio.

Su consolidación llegaría en 1939, cuando la estructura evolucionó hacia la Comisión Demarcadora de Límites, organizada en subcomisiones para los países vecinos. Este cambio supuso el tránsito hacia un organismo más complejo, capaz de articular el trabajo de campo con la producción cartográfica y la negociación internacional.

A partir de 1940, la incorporación de geodestas, cartógrafos y topógrafos evidenció el creciente grado de especialización requerido para una tarea que exigía precisión científica y dominio del terreno.

En 1941, con la creación del Instituto Geográfico Militar, se buscó centralizar la producción cartográfica del país. A partir de entonces, la demarcación de límites se estructuró en dos dimensiones complementarias: una técnica (vinculada a los levantamientos, mapas y trabajos de campo) y otra diplomática (relacionada con la negociación y aplicación de los tratados internacionales).

Esta dualidad, entre ciencia y diplomacia, constituye uno de los rasgos más característicos del proceso demarcatorio paraguayo. Mientras la labor técnica pasó a depender del Instituto Geográfico Militar, bajo la denominación de Departamento de Límites Internacionales, la dimensión diplomática permaneció en el ámbito del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El 31 de marzo de 1953, el Estado decidió reunificar estas funciones en el ámbito de la Cancillería Paraguaya, creando formalmente la Comisión Nacional Demarcadora de Límites, tal como se la conoce en la actualidad.

Hoy, la CNDL continúa cumpliendo una función estratégica: de caracterizar, demarcar y vigilar las fronteras del país. Su historia permite comprender que las fronteras no son simples líneas trazadas en un mapa, sino el resultado de un prolongado proceso que combina saber técnico, decisiones políticas y trabajo humano. Se trata de una labor silenciosa, pero esencial para la existencia misma del Estado y la afirmación de su soberanía.

Gracias al apoyo brindado por el gobierno del presidente Santiago Peña se ha logrado dar un salto cualitativo tecnológico fundamental en defensa de nuestra soberanía, al lograrse la digitalización de los hitos de nuestra frontera, así como del rico patrimonio histórico de su archivo. Debemos resaltar además que en diciembre del 2025 se culminó la demarcación total de la frontera con Bolivia, con la labor de batimetría del Río Negro en la zona de Bahía Negra, tras 87 años de trabajos demarcatorios, constituyéndose ambas naciones, en los primeros países de Sudamérica en tener totalmente demarcados sus fronteras nacionales.

Los trabajos continúan pues con Bolivia se realizar anualmente limpieza de picadas entre los hitos demarcatorios, con la Argentina los estudios para la definición de la soberanía de 74 islas en el río Paraguay y con Brasil la definición del cauce (álveo) del río Paraná.

Nuestros límites se hallan signados por la sangre de nuestros compatriotas, como consecuencia de dos guerras internacionales, lo cual constituye un deber de todos los paraguayos, el defender nuestra soberanía nacional. El compromiso del Gobierno nacional a través de la Comisión Nacional Demarcadora de Límites es proteger y salvaguardar cada palmo del territorio nacional, defendido por nuestros compatriotas durante toda nuestra historia.