Édgar Villalba, presidente de la Cámara de Importadores, confirmó que continúan las negociaciones con el Instituto de Previsión Social, respecto a la millonaria deuda pendiente de pago. No obstante, aseguró que las farmacéuticas garantizan la provisión de medicamentos a la previsional.

Durante una entrevista en el programa Arriba Hoy, que se emite por canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media, mencionó que continúa las conversaciones con la previsional para ver qué plan financiero de pago es el que plantea, así como el plan de compras. Indicó que ellos necesitan conocer la trazabilidad de qué productos son los que van a necesitar, para que las empresas que ganaron las licitaciones puedan comenzar a entregar.

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“El gran problema que está teniendo IPS son las órdenes de compra, porque no tienen el código presupuestario. Mañana tendremos una reunión para ver qué propuesta financiera nos presentan. La deuda está en casi 400 millones de dólares y ellos nos van a pasar un plan para ver cómo van a pagar. También se tuvo una reunión con los nacionales, ya que existe un listado de 120 ítems que tenían orden de compra y no se estaba entregando, y se está viendo cómo solucionar todo esto”, explicó.

Confirmó, además, que esta deuda que se está negociando tiene un atraso de 2 años. En tanto, resaltó que las deudas anteriores a este periodo sí se llegaron a cancelar por completo, que en su momento llegaron a alcanzar 250 millones de dólares.

“El tema es que el IPS administrativamente se tiene que organizar, porque el desabastecimiento ya es una realidad. Evidentemente, hay productos que ya no tienen, y no estamos hablando solamente de los productos caros, los medicamentos oncológicos. Estamos hablando en general de productos básicos que ya están comenzando a faltar”, señaló.

Mencionó que lo que ha notado es que el IPS comenzó a comprar menos cantidad de los productos. “Al comprar menos productos, su depósito que tenía de reserva para 3 meses se le quedó a un mes; entonces ahora te entrega una orden de compra y quieren que se le entregue en 5 días, y eso es imposible; ni para nosotros, ni para los nacionales”, explicó.

No obstante, Villalba aseguró que la provisión de medicamentos no se va a cortar, pese a que aún no estén llegando a un acuerdo en la forma de pago de la deuda pendiente. “El problema está en que, al recortar la cantidad de productos que compra el IPS para atajar los gastos, ahí sí van a tener problemas de desabastecimiento”, acotó.

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El titular del Ministerio Público, Emiliano Rolón, se refirió a las gestiones impulsadas para regularizar la situación contractual y financiera con el Instituto de Previsión Social (IPS). A la vez hizo mención a los avances en investigaciones de relevancia, específicamente sobre el anuncio realizado por el Ejecutivo sobre la detección de aproximadamente 550 títulos universitarios y certificados de docentes presuntamente falsos o clonados.

Con relación a la deuda, Rolón comentó que la Fiscalía avanzó en las gestiones para regularizar la situación contractual y financiera con la previsional, respecto al inmueble donde funcionan importantes dependencias fiscales en Asunción.

Detalló que la deuda existente se originó a raíz de diferencias contractuales mantenidas con administraciones anteriores del IPS, relacionadas con obligaciones adicionales que, según argumentó, no corresponderían al arrendatario.

No obstante, el titular del órgano extrapoder destacó la voluntad institucional de cumplir con los compromisos pendientes y valoró la predisposición de las actuales autoridades previsionales para alcanzar un acuerdo que permita destrabar el proceso de pago y formalizar un nuevo contrato, de acuerdo a las informaciones proveídas desde el Ministerio Público.

A la vez, abogó sobre la necesidad de fortalecer el presupuesto institucional para garantizar condiciones adecuadas de funcionamiento, considerando que aproximadamente el 90 % de las sedes fiscales operan en inmuebles arrendados, muchos de los cuales no reúnen las condiciones requeridas para responder a las exigencias de la investigación penal moderna.

Rolón también destacó los avances de las obras del futuro edificio del Ministerio Público en Encarnación, infraestructura que permitirá centralizar servicios especializados y fortalecer la capacidad operativa de la institución en gran parte de la región sur y este del país.

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Respecto al anuncio realizado desde el Poder Ejecutivo sobre la detección de más de 500 títulos de presunta dudosa procedencia, de los cuales más de la mitad corresponden a la carrera de Ciencias de la Educación, Rolón mencionó que hasta el momento la Fiscalía no recibió oficialmente los antecedentes correspondientes.

Sin embargo, el fiscal general del Estado garantizó que, una vez remitida la documentación pertinente, se analizará la conformación de equipos fiscales especializados para el análisis e investigación del caso, siguiendo modelos de trabajo aplicados en otras causas de alta complejidad.

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La agencia de calificación S&P Global elevó este miércoles la calificación crediticia de Argentina a “B-” debido a “la reducción de las vulnerabilidades económicas y la mejora gradual de la liquidez externa”.

De esta manera, S&P iguala la calificación otorgada por Fitch, que en mayo también ubicó en “B-” al país conducido por Javier Milei, cuyas reformas “sientan las bases para la continuación de la recuperación económica”, señaló la entidad en un informe.

S&P atribuyó la mejora al superávit fiscal sostenido, a la menor inflación y a un mayor acceso del gobierno al financiamiento.

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Para 2026 la agencia proyectó un crecimiento del 2,7 % y una inflación del 32 %, cerca del 32,4 % interanual actual y muy lejos del 117,8 % de 2024.

Entretanto, según el último dato disponible, la economía argentina registró en marzo un crecimiento interanual del 5,5 %.

Sin embargo, S&P advirtió que la deuda externa y la volatilidad siguen siendo fuentes de riesgo.

Desde su llegada a la presidencia en diciembre de 2023, Milei sostiene una política de duros recortes que le permitió cerrar sus dos primeros años de gobierno con superávit fiscal.

• Fuente: AFP

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En un nuevo caso de manipulación mediática, el diario Abc Color del Grupo Zuccolillo pretende atribuir al mandatario Santiago Peña haber digitado un acuerdo con quita millonaria de la deuda de una empresa de la familia política de Mario Abdo Benítez, en perjuicio del Instituto de Previsión Social (IPS).

Sin embargo, fue en el 2018, durante la gestión abdista que se “arregló” un acuerdo que recortaba la deuda de más de G. 10.000 millones a G. 5.557 millones en beneficio del Consorcio Hotelero Sudamericano, propiedad de sus familiares políticos.

Fue en el 2024, durante la presidencia de Peña que, al verificarse el incumplimiento del acuerdo del 2018, se ejecutó el cobro de G. 9.391 millones de la deuda en favor del IPS, quedando pendiente de cobro lo adeudado desde el 2018 en adelante.

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El Consorcio Sudamericano SA (de Jorge López Moreira y Colaso Bo, familia política de Mario Abdo Benítez) adeudaba desde el 2014 la suma de G. 5.547 millones al Instituto de Previsión Social (IPS), deuda que fue litigada por muchos años por la previsional, que logró ganar en todas las instancias judiciales el cobro del capital y los intereses.

Para el 2017, la deuda ya alcanzaba más de G. 10.000 millones. Al año siguiente, pese a haber ganado el juicio, la previsional aceptó un acuerdo extrajudicial para que la deuda quede en G. 5.557 millones.

Esto generó una poda de la deuda de hasta G. 5.000 millones durante la era Abdo; además, se permitió el pago fraccionado en 120 cuotas, con un interés del 1% mensual (12% anual) aplicable a la mora de las cuotas. Un acuerdo favorecedor para la empresa.

La situación cambió en el 2024, ya en el gobierno de Peña, cuando la previsional verificó el acuerdo y constató su incumplimiento, exigiendo el pago correspondiente por medio de la ejecución de cobro. Así, IPS logró cobrar en una primera instancia G. 7.500 millones y posterior­mente G. 1.891 millones, sumando así un ingreso total de G. 9.391 millones a las arcas de la institución.

A pesar de la recuperación de la deuda y del nuevo acuerdo, el medio de los Zuccolillo trató de tergiversar lo ocurrido, atribuyendo al gobierno de Peña la quita acordada en plena era Abdo para la empresa de su familia política.

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