El entrenador argentino Néstor Gorosito tiene la imperiosa necesidad de volver a la línea de victorias. El estratega prepara algunas movidas para el partido de mañana ante Luqueño. El defensor Antolín Alcaraz ya trabaja con normalidad y está para retornar.
Se debe confirmar si es por Carlos Rolón o Saúl Salcedo. Otro que perderá su puesto por no convencer plenamente es Edwar López, su posición pueden ocupar Diego o Iván Torres. En el ataque igualmente hay incertidumbre en torno a la rehabilitación plena de Roque Santa Cruz, quien ante Nacional sufrió una dolencia en el tobillo y hoy se confirmará si llega o cederá su posición a Néstor Camacho.
Mientras que el gran ausente en la derrota ante Nacional fue Ramón Sosa, quien se encuentra en fase de recuperación y los estudios de hoy determinarán sus condiciones para volver al fútbol.
La caída frente a Nacional caló hondo en el plantel, pero de igual forma ya está a la expectativa para que se pueda llegar a una rehabilitación. En otros puestos es factible que Gorosito no introduzca variantes, aunque el entrenador es partidario de tener alguna sorpresa antes de cada encuentro.
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Camilo Benítez fue reelecto como contralor general de la República
El actual titular de la entidad contralora, Camilo Benítez, fue reelecto para ocupar el cargo de contralor general de la República, para el siguiente periodo. El Senado remitió las ternas a la Cámara de Diputados, donde en una sesión extraordinaria, el pleno con 64 votos definió la continuidad de Benítez en el cargo para el periodo 2026-2031.
El mandato de este periodo fenece el próximo 1 de noviembre, y con su reelección su mandato se extenderá hasta el 2031. La Constitución Nacional establece que pueden ser confirmados solo por un periodo más.
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El presidente de la Cámara de Diputados dio lectura al resultado de la votación nominal resaltando que Camilo Benítez Aldana obtuvo 64 votos. Dijo que solo dos votos fueron para la otra integrante de la terna: Mabel Bogado Oviedo.
“De esta manera queda designado como contralor general de la República por el período comprendido desde el 2 de noviembre del 2026 al 1 de noviembre del 2031 el ciudadano Camilo Daniel Benítez Aldana”, expresó Latorre.
La Cámara de Diputados también eligió con 49 votos a Armindo Torres como nuevo subcontralor general de la República, en la sesión realizada este martes.
Latorre defendió en entrevista con los medios previamente a la sesión, que están cumplidos los requisitos necesarios para que el pleno pueda proceder a la elección del contralor y subcontralor de la República, tras la conformación de la terna por parte del Senado y el tratamiento correspondiente en la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Así también expuso el perfil del actual contralor general de la Republica. “A mi entender, hizo un gran trabajo en su rol de contralor, muchas veces asumiendo posiciones difíciles y viendo con una mirada que trascendía una mirada partidaria. Es una persona que tiene un reconocimiento internacional, llegó a ser presidente de la OLACEF, que es la entidad internacional que rige a las entidades fiscalizadoras”, afirmó el titular de la Cámara Baja.
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Senado define ternas para contralor y subcontralor y remite a la Cámara Baja
Durante una sesión extraordinaria la Cámara de Senadores analizó las ternas para contralor y subcontralor general de la República, tras la presentación de una nota por parte de 27 legisladores que propusieron para contralor general los nombres de Camilo Daniel Benítez (actual titular del cargo), Mabel Bogado Oviedo y Carlos Vera Ruiz. Y para subcontralor, la terna propuesta incluye a Armindo Torres, Augusto José Félix Paiva y Cosme Alfredo Torres Rodríguez.
El senador Natalicio Chase, líder de bancada de Honor Colorado mocionó ante el pleno la aprobación de la citada terna integrada y tras ser sometida a votación electrónica, 30 legisladores dieron el visto bueno a la citada propuesta.
Así también con 30 votos a favor, el pleno de la Cámara Alta dio su aprobación a la moción del senador Chase que propuso para el cargo de subcontralor la terna conformada por Torres, Paiva y Cosme Torres.
La elección definitiva estará a cargo de la Cámara de Diputados, que deberá prestar su acuerdo para la designación de ambos funcionarios
La Cámara de Diputados elige y designa al contralor y al subcontralor definitivos, por mayoría absoluta, de entre los nombres propuestos en las ternas enviadas por el Senado.
La terna se conformó de una lista inicial de 49 candidatos, el grupo quedó en 36 luego de registrarse cuatro exclusiones, cuatro ausencias y cinco renuncias durante el periodo de audiencias públicas.
El cronograma fue diseñado para cumplir con el plazo previsto en el artículo 45 de la Ley 276/94, que obliga al Senado a remitir las ternas a la Cámara de Diputados a más tardar el 1 de septiembre.
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Definirán si funcionario de Diputados y otros van a juicio por estafa
A las 08:45 de este viernes está previsto el inicio de la audiencia preliminar para varios acusados por los delitos de estafa agravada y producción de documentos públicos de contenido falso. El caso se enmarca en una investigación cuyas víctimas son colonos menonitas de Río Verde, San Pedro. Los acusados son William Bogarín, funcionario de la Cámara de Diputados; la abogada Ilse Paredes y José Ljubetic.
En esta diligencia se definirá si los tres afrontarán un juicio oral y público, tal como lo solicitó el Ministerio Público en su acusación, al argumentar que cuenta con suficientes elementos probatorios para lograr una condena.
La convocatoria judicial se desarrollará ante el juez Penal de Garantías, Vicente Coronel, quien ya no puede permitir que se siga dilatando el proceso penal.
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Extracción de datos pendiente
Asimismo, en la audiencia preliminar deberán jurar los peritos que realizarán la extracción de datos del teléfono celular del acusado Bogarín. Este procedimiento técnico estará a cargo del Departamento Antisecuestro y Antiextorsión, que posteriormente deberá informar los resultados al Juzgado de Garantías.
A los tres implicados se los sindica de estafar por una suma de USD 1.600.000 a los colonos, bajo la falsa promesa de adquirir 8.000 hectáreas de tierras en el Chaco. Se espera que la pericia al teléfono de Bogarín aporte información clave sobre su participación y la de otros posibles involucrados en el esquema.
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Contradicción: el ministro Ramírez Candia admitió competencia civil que hoy cuestiona en el JEM
En los últimos días se generó un interesante debate en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), donde los ministros de la Corte Suprema de Justicia, Manuel Ramírez Candia y César Garay, señalaron que los jueces civiles no tienen competencia para entender en demandas por indemnización de daños y perjuicios promovidas contra el Estado paraguayo.
Sin embargo, el ministro Ramírez Candia admitió la competencia de los jueces civiles al firmar en el año 2022 un fallo como miembro de la Sala Civil de la máxima instancia judicial.
De esta manera, el alto magistrado se contradice con su actual postura. Llama la atención la decisión que adopta en el órgano juzgador de magistrados, atendiendo a que pretende enjuiciar a los jueces que entiendan y dicten resoluciones en relación con los juicios civiles señalados más arriba.
En el marco del juicio caratulado “Miguel Ángel Enciso Ortiz contra Banco Central del Paraguay sobre indemnización de daños y perjuicios”, el ministro Ramírez Candia no cuestionó la competencia de las decisiones dictadas en primera y segunda instancia. Todo lo contrario: firmó su voto rechazando la demanda de indemnización. En ese sentido, sorprende la insistencia del alto magistrado en pretender enjuiciar a los jueces, a pesar de que él mismo admitió la competencia de la jurisdicción del fuero civil en las acciones judiciales sobre indemnización de daños y perjuicios contra entes estatales.
Esposa de ministro fue demandada
En el año 2021, Gabriel Ramón Robledo Rolón planteó una demanda de indemnización por daños y perjuicios contra la jueza Yolanda Morel de Ramírez —esposa del ministro Manuel Ramírez Candia— y contra el Estado paraguayo, por haber estado privado ilegalmente de su libertad durante 475 días (es decir, 1 año, 3 meses y 20 días). En la demanda civil se solicitó la suma de G. 4.055 millones por los días de reclusión irregular.
En ese juicio, el juez Walter Mendoza hizo lugar a la excepción de previo y especial pronunciamiento de prescripción de la acción presentada por el abogado de la esposa del alto magistrado, por lo que la demanda civil quedó sin efecto. Se presume que este antecedente podría ser el motivo real de la reacción del alto ministro de la Corte liberal contra los jueces civiles.
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