El entrenador Francisco Arce mastica el amargo sabor de las bajas en la zona defensiva sin contar con las piezas requeridas para los reemplazos. Ante las ausencias de Alexis Duarte y Juan Patiño, la zaga central estará compuesta por Marcos Cáceres y Pablo Adorno, este último sin partidos en este torneo, pero es la primera alternativa más potable que tiene a mano. Además, el lateral izquierdo Santiago Arzamendia, lesionado, seguirá unos 10 días más con reposo.
Su lugar será ocupado por Alan Rodríguez. Mientras que en el medio, Óscar Ruiz reemplazará a Enzo Giménez por derecha. Pero no todo es negro. El volante Ángel Cardozo Lucena está recuperado y volverá a ser el motor del medio sector. Ayer el plantel completo del Ciclón volvió a hacerse los hisopados para tener certeza de los jugadores que dispondrá el técnico para el estelar duelo del superclásico ante Olimpia. Luego de tener hoy los resultados de los test, Arce, en el entrenamiento del día podrá rearmar las piezas para ir planificando las estrategias para sumar de a tres ante un rival exigente para no perder de vista a los punteros del campeonato.
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JEM debe estudiar acusaciones contra dos juezas por suspender y anular remates de forma irregular
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados tendrá que estudiar si corresponde investigar y enjuiciar a dos juezas del fuero civil y comercial de Itapúa, luego de que fueran acusadas por presunto mal desempeño en sus funciones al suspender y anular remates en violación de la ley.
El primer caso se acusó en el 2024 y se relaciona con el presunto mal desempeño de la jueza Nilda Concepción Benítez Caballero. De acuerdo con la denuncia presentada por el rematador Raúl Sosa Navarro ante el órgano juzgador, se había fijado la fecha y hora para una subasta pública ordenada en el expediente caratulado “Banco Río SAECA c/ Sergio Luiz Tosetto s/ Acción Ejecutiva”.
Sin embargo, al revisar el expediente, el denunciante encontró una providencia firmada por la magistrada en la que suspendía la subasta. Dicha resolución respondía a una solicitud de Daniela Tosetto Casaril, sucesora de Sergio Luiz Tosetto, quien había comunicado el fallecimiento del demandado adjuntando el acta de defunción.
El escrito de acusación refiere que “la jueza Nilda Benítez, en una clara muestra de negligencia y omisión de sus deberes, ordenó la suspensión de la subasta sin observar lo estipulado en el art. 167 del Código de Organización Judicial”.
Otro caso
El segundo caso corresponde a la acusación presentada por Atilio Estigarribia, presidente de la Asociación de Rematadores del Paraguay, contra la jueza en lo civil y comercial de Encarnación, Rossana Aurora Verón. La magistrada fue acusada de anular sin fundamento un remate judicial realizado en noviembre de 2025, dentro del expediente caratulado “Ejecución de sentencia promovida por Gladys Bianchetto en los autos Waldimiro Moskalik sobre sucesión”.
El denunciante solicita a los integrantes del Jurado que se inicie el enjuiciamiento y se recomiende la suspensión de la magistrada en sus funciones.
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Países socios del Escudo de las Américas respaldan al gobierno boliviano
El departamento de Estado del Gobierno de los Estados Unidos dio a conocer una declaración conjunta que emite con las Naciones Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago; que son Estados socios del Escudo de las Américas por la cual brinda su total respaldo al gobierno democrático y legítimamente elegido de Bolivia, encabezado por el presidente Rodrigo Paz.
En dicho pronunciamiento conjunto condenan de manera firme los esfuerzos continuos por derrocar al gobierno legítimo y a la vez contravenir la voluntad de los votantes mediante bloqueos de suministros vitales para el pueblo boliviano y la financiación de actividades delictivas deben ser rechazados, y los responsables deben rendir cuentas.
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“Respaldamos al gobierno democrático del presidente Paz mientras enfrenta los intentos que buscan hacer retroceder a Bolivia mediante esfuerzos cínicos destinados a impedir la distribución de alimentos, medicamentos y otros suministros esenciales para el pueblo boliviano a través de falsos bloqueos en las carreteras”, expresa parte del pronunciamiento.
Señalan que los grupos desestabilizadores no pueden sustituir la decisión que la mayoría de los bolivianos tomaron en las urnas para dejar atrás dos décadas de gobiernos corruptos.
“Quienes están financiando estas protestas con dinero ilícito proveniente del narcotráfico y del crimen transnacional deben rendir cuentas por sus actos. Aquellos que tengan reclamos legítimos deberían aprovechar la disposición del gobierno al diálogo y denunciar a quienes pretenden instrumentalizar sus causas para recuperar el poder”, concluye la declaración conjunta.
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Legisladores del bloque repudian inestabilidad en Bolivia y recuerdan vigencia del Protocolo de Ushuaia
Durante la CVIII sesión ordinaria del Parlamento del Mercosur (Parlasur), que se realizó este lunes en la Cámara de Diputados en Asunción, el cuerpo legislativo emitió una declaración oficial en la que manifiesta su enérgico rechazo y profunda preocupación ante la inestabilidad institucional y los recientes hechos de violencia que afectan al Estado Plurinacional de Bolivia.
El cuerpo legislativo sentó una postura firme en defensa del orden constitucional de sus países miembros. En ese sentido, hizo un llamado directo tanto a las autoridades gubernamentales como a la ciudadanía boliviana para deponer posturas extremas y garantizar el cumplimiento estricto de los tratados internacionales vigentes.
El eje central del documento radica en la exigencia del respeto al sistema democrático. Los parlamentarios del bloque regional hicieron especial énfasis en la vigencia del Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático en el Mercosur.
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Este mecanismo constituye la “cláusula democrática” del bloque y prevé sanciones de carácter político y comercial ante eventuales rupturas o alteraciones del orden constitucional en cualquiera de los Estados parte.
El texto oficial argumenta que la estabilidad del bloque depende de la solidez institucional de cada uno de sus integrantes, calificando como inaceptable cualquier tipo de salida fáctica o de violencia que ponga en riesgo los derechos ciudadanos y la paz social en territorio boliviano.
La declaración institucional lleva las firmas oficiales del diputado Rodrigo Gamarra, representante paraguayo y presidente del Parlasur, y del abogado Edgar Lugo, secretario parlamentario del organismo.
Con este documento, la conducción del bloque enfatiza el rol del parlamento como un celoso custodio de la democracia y la paz en la región, según esgrimió, finalizado el encuentro, el diputado.
Clausula democrática
El Protocolo de Ushuaia, firmado en 1998 por los países del Mercosur, establece que la vigencia de la democracia es una condición fundamental para formar parte del bloque regional. En la práctica, el acuerdo prevé que si en uno de los Estados miembros se produce una alteración o ruptura del orden democrático, los demás países pueden analizar la situación y adoptar medidas conjuntas.
Entre las sanciones contempladas figuran desde la suspensión de la participación del país afectado en los órganos del Mercosur hasta la restricción de algunos beneficios derivados del proceso de integración regional.
Uno de los antecedentes más recordados ocurrió en 2012, cuando Paraguay fue suspendido temporalmente del bloque tras la destitución del entonces presidente Fernando Lugo, una decisión que generó cuestionamientos por parte de los demás socios del Mercosur sobre el desarrollo del proceso político que derivó en su salida del cargo.
Dicha sanción fue levantada el 15 de agosto de 2013 con la asunción del presidente Horacio Cartes, luego de que los países del bloque consideraran restablecido el orden democrático mediante las elecciones generales celebradas ese año.
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Acusado de abuso sexual apela a chicanas para frenar juicio y la querella solicita prisión
El juicio oral y público de un acusado por abuso sexual en niños, registrado en la colonia Ybyrapyta, Canindeyú, podría volver a suspenderse. Esto, debido a que el procesado designó al abogado Toribio Vázquez Bogado, quien solicitó que se posponga el juzgamiento argumentando que necesita copias del expediente judicial y de la carpeta fiscal para interiorizarse del caso.
La defensa del acusado busca postergar el inicio del juicio oral y lograr la impunidad, denunciaron las víctimas en contacto con La Nación/Nación Media. La audiencia pública está fijada para este 26 de mayo, a las 8:30 de la mañana; sin embargo, debido a la presentación realizada por la defensa, el juzgamiento podría posponerse.
De concretarse una nueva postergación, se sentará un precedente nefasto para la víctima y su familia, que sufren de las secuelas físicas y psicológicas del grave hecho ocurrido en el departamento de Canindeyú.
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El Tribunal de Sentencia encargado de juzgar al acusado está integrado por los jueces Benito González, Cynthia Espínola y Gustavo Villaverde.
Por su parte, el fiscal del caso, Néstor Narváez, mencionó que cuenta con suficientes elementos probatorios para lograr una sentencia condenatoria.
Querella pidió prisión preventiva
El abogado querellante, Saúl González, solicitó al tribunal que se ordene la detención preventiva del acusado para garantizar la realización del juicio oral, atendiendo a que las presentaciones de la defensa se realizan al solo efecto de dilatar el proceso. Este pedido debe ser analizado por los jueces.
Arresto domiciliario
Es de recordar que el acusado cumple arresto domiciliario desde hace aproximadamente dos años y, en caso de ser condenado, existe el riesgo de que pretenda cumplir su pena bajo ese mismo régimen.
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