La campaña para las elecciones presidenciales del 31 de mayo en Colombia cerró ayer domingo con la izquierda amenazada de perder el poder frente a la derecha conservadora en medio de una grave crisis de violencia. El senador izquierdista Iván Cepeda, puntero en las encuestas, realizó un acto multitudinario en Barranquilla (norte), donde prometió ampliar la inversión en asuntos sociales “para poner el Estado al servicio” de los “excluidos”.

Por primera vez en el gobierno, la izquierda propone profundizar los programas de asistencia estatal impulsados por el presidente Gustavo Petro, quien está impedido por ley de buscar la reelección. Miles se congregaron en la ciudad caribeña para aplaudir a Cepeda, un filósofo y defensor de derechos humanos de 63 años.

Las encuestas prevén un balotaje el 21 de junio entre Cepeda y Abelardo de la Espriella, un abogado millonario de derecha cuya principal bandera es la mano dura contra los grupos armados ilegales. En una plaza de toros llena en Medellín (noroeste), el opositor enarboló las banderas contra el crimen financiado por el narcotráfico.

Colombia atraviesa por el peor pico de inseguridad en una década al término del gobierno de Petro, que intentó negociar la paz con organizaciones guerrilleras, paramilitares y narcos que se fortalecieron tras el pacto de paz que desarmó a las FARC, entonces la mayor guerrilla del continente.

La campaña estuvo marcada por la muerte en agosto pasado tras un atentado a bala del senador de derecha Miguel Uribe, que aspiraba a ser candidato presidencial. “A la gente como ustedes, protección, y a los bandidos, muerte o cárcel”, clamó de la Espriella, de 47 años, dentro de una urna de cristal antibalas desde la que da sus discursos.

“Vamos a derrotar el comunismo”, “vamos a hacer grande a esta nación”, aseguró el candidato, un profeso admirador de Donald Trump y del mandatario salvadoreño Nayib Bukele. La senadora opositora Paloma Valencia, que aparece en un tercer escalón en las encuestas, realizó su acto en un coliseo de Bogotá.

Cercana al influyente expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), la dirigente de 50 años planteó dos caminos para Colombia: “Entregarnos a los violentos con la continuidad de la paz total”, la política de Petro de negociar con las organizaciones armadas, o “la autoridad y el orden”. “¡Sí se puede!”, gritaban los seguidores de la que podría ser la primera presidenta de la historia del país.

Fuente: AFP.

Siete indígenas murieron y más de un centenar resultaron heridos en choques con palos y disparos entre dos comunidades por un conflicto de tierras ancestrales en una de las regiones con más narcocultivos de Colombia. El enfrentamiento estalló el jueves entre los pueblos Misak y Nasa en un sector rural del municipio de Silvia, en el departamento de Cauca, previo a las elecciones presidenciales del 31 de mayo.

Un primer balance dio cuenta de cuatro muertos. Los nasa “se vinieron con todos esos palos, piedras, con armas, machetes” después de que los misak cortaran un cerco e intentaran tomarse un terreno que claman como parte de su territorio, dijo María Jacinta Tunubalá. La mujer misak de 45 años habló con la AFP desde una camilla en un hospital de Silvia.

Otras 110 personas sufrieron lesiones, la mayoría por armas de fuego, dijo el viernes en una declaración en video el ministro de Defensa Pedro Sánchez, que calificó lo ocurrido como una “barbarie”. Entre llantos y sollozos, indígenas Misak recibieron el viernes el cuerpo de una de las víctimas, Luis Enrique Tunubalá, alcalde de un resguardo indígena del municipio de Silvia.

“Nada pudimos hacer”, dijo Julio Tunubalá, hermano del líder fallecido.

Vestidos con trajes tradicionales, ponchos azules y sombreros, los indígenas se congregaron en los exteriores del hospital de Silvia con banderas blancas.

Cuatro de las víctimas mortales son misak, dos son nasa. Las autoridades trabajan en la identificación de un séptimo cuerpo.

Videos que circularon en redes mostraron encarnizados enfrentamientos con palos, piedras y personas ensangrentadas en el suelo. Algunos hombres llevaban escopetas.

Tras la jornada violenta, el ejército desplegó tropas en la zona. Soldados y vehículos blindados se veían el viernes en las calles del resguardo.

El Cauca es uno de los focos de la espiral de inseguridad que envuelve a Colombia en la campaña electoral para elegir al sucesor del presidente de izquierda, Gustavo Petro.

Rebeldes de la extinta guerrilla de las FARC siembran terror allí con secuestros y atentados. Los pueblos originarios representan un 4,4 % de los 50 millones de habitantes en Colombia. Las disputas territoriales son habituales, pero rara vez terminan en enfrentamientos mortales.

Fuente: AFP.

La Cancillería de Colombia anunció ayer miércoles la salida del embajador de Bolivia como medida recíproca, horas después de que La Paz expulsara a la embajadora colombiana tras acusarla de “injerencia”. El presidente izquierdista Gustavo Petro se refirió durante el fin de semana a las protestas que enfrenta el gobierno de su homólogo Rodrigo Paz como una “insurrección popular”, motivo por el que ese país expulsó a la embajadora Elizabeth García.

Desde inicios de mayo, campesinos, obreros, mineros y otros trabajadores exigen con fuertes manifestaciones la renuncia del mandatario boliviano, en medio de la peor crisis económica del país en cuatro décadas. Se anuncia "por reciprocidad, la conclusión de sus funciones al señor Ariel Percy Molina Pimentel“, dijo la Cancillería colombiana en un comunicado.

El gobierno de Bolivia acusa al mandatario colombiano de “injerencia directa”. Petro, cercano al expresidente Evo Morales, dijo que en Bolivia están “matando” al pueblo y se ofreció a mediar entre los manifestantes y el gobierno. “Si por proponer un diálogo y una intermediación sacan a la embajadora, se está pasando a extremismos”, dijo el presidente durante una entrevista con Caracol Radio.

“En Bolivia (...) hay un gobierno que está cuestionado por (el) pueblo”, agregó. Paz, que juramentó como presidente hace seis meses, cuenta con el apoyo de Estados Unidos como nuevo aliado del presidente Donald Trump en América Latina. Su llegada al poder puso fin a 20 años de gobiernos socialistas liderados por Morales y Luis Arce (2020-2025).

Bolivia atraviesa su crisis económica más grave desde la década de 1980. Agotó sus reservas de dólares para sostener una política de subsidios a los combustibles, que Paz eliminó en diciembre, y la inflación interanual se situó en el 14 % en abril.

Fuente: AFP.

Bolivia anunció ayer miércoles la expulsión de la embajadora de Colombia a la que acusa de “injerencia” luego de que el presidente Gustavo Petro calificara las protestas que enfrenta el gobierno de Rodrigo Paz como una “insurrección popular”. Desde inicios de mayo, campesinos, obreros, mineros y otros trabajadores exigen con fuertes manifestaciones la renuncia del recién asumido mandatario boliviano, en medio de la peor crisis económica del país en cuatro décadas.

La decisión “responde a la necesidad de preservar los principios de soberanía, no injerencia y respeto mutuo entre Estados“, dijo la cancillería boliviana en un comunicado. El Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que dio a la embajadora, Elizabeth García, un “plazo”, sin precisar, para que abandone el país, y agregó que esta decisión no implica una ruptura de relaciones bilaterales.

En su cuenta en la red social X, Petro dijo el pasado domingo que “Bolivia vive una insurrección popular” como “respuesta a la soberbia geopolítica”, y agregó que su gobierno “está dispuesto, si es invitado, a buscar fórmulas pacíficas de salida a la crisis política boliviana”.

Bolivia “considera indispensable que toda valoración o pronunciamiento externo respecto de la situación interna del país” se haga con “responsabilidad” y “prudencia diplomática”, precisó la cancillería. En declaraciones a Caracol Radio ayer miércoles, Petro respondió al conocer la medida de Bolivia: “Si por proponer un diálogo sacan a la embajadora, es porque se están pasando a extremismos”.

“Bolivia, tal como está en este momento, amerita que se abra a un gran diálogo nacional (...), o la consecuencia puede ser una masacre sobre la población”, agregó el mandatario colombiano. Con constantes enfrentamientos con la policía y bloqueos de carreteras que aíslan y mantienen desabastecida a la ciudad de La Paz, sede de gobierno, los manifestantes insisten en pedir la renuncia del presidente boliviano.

El gobierno de Paz considera que las protestas en su contra son un intento de “golpe de Estado” y que son orquestadas por el exmandatario socialista Evo Morales, prófugo de la justicia por un caso de presunta trata de una menor. La expulsión de la embajadora colombiana llega un día después de que Estados Unidos respaldara públicamente a Paz. “Esto es un ‘golpe’ financiado por esa alianza entre política y crimen organizado en toda la región” de América Latina, dijo el subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau.

Fuente: AFP.