Uno de los temas en la agenda pública financiera más impor­tante y necesaria de las últimas décadas en nuestro país es la reforma del sistema previsional que admi­nistra las jubilaciones y pensiones del sec­tor estatal que, como sabemos, funciona bajo un esquema de reparto, por el cual los aportes de los trabajadores activos finan­cian a los jubilados en el presente.

Sucedió que con el correr de los años, se fue perdiendo el necesario equilibrio entre los aportes y los haberes correspondien­tes. En todo el sistema de las cajas fisca­les se empezó a gastar más de lo que se recaudaba. Las causas son varias y desde el Poder Ejecutivo presidido por Santiago Peña, tal situación fue considerada como una amenaza no solo para las finanzas públicas sino que también para la misma economía.

Fue por ello que desde el Ejecutivo y por medio del Ministerio de Economía y Finanzas se remitió un proyecto de ley sobre el tema en cuestión, modificando diversas situaciones. El desequilibrio entre los ingresos y gastos es un hecho irrebatible a la fecha y está afectando a las arcas estatales vía impositiva que, ya el año pasado, llegó a trepar a más de cuatro­cientos millones de dólares.

En atención a esta situación, el gobierno del presidente Santiago Peña consideró pertinente realizar cambios en la edad de jubilación, la tasa de sustitución o de retorno y la edad de retiro oficial y otros. El proyecto original del Ejecutivo contaba con los elementos necesarios para evitar males mayores e iniciar las transformacio­nes subsiguientes en tiempo y forma dado que, de no hacerlas, se estaría poniendo en riesgo la estabilidad financiera del país desde el mismo Presupuesto de Gastos de la Nación.

El Ejecutivo tomó cartas en el asunto y llevó a cabo su tarea de iniciativa legisla­tiva –que por cierto– también es de com­petencia del Congreso. Más allá de esta observación, el gobierno del presidente Peña es el primero que aceptó el desafío de enfrentar el problema, aun sabiendo que ello le podría ocasionar algunos cos­tos de malas interpretaciones y antojadi­zos “argumentos” en contrario. Esto es, el gobierno actual rechazó seguir pateando el problema para adelante.

Dejar de lado un problema para que otros lo enfrenten en ningún modo está bien. Por el contrario, es de destacar que la labor de todo buen gobierno es velar no solo por los intereses del erario, sino que también y especialmente por la población. En efecto, el Ejecutivo nacional había observado que según pasaban los años y sin cambios en este sector de las cajas fiscales, el pro­blema se volvía mayúsculo hasta conver­tido en amenaza.

Había que hacer algo. Y se hizo. El Ejecu­tivo vía Ministerio de Economía y Finan­zas remitió al Congreso el proyecto de ley para evitar mayores males. Fue así que en Diputados básicamente se trató el docu­mento del Ejecutivo, aprobándose cam­bios sustanciales como, por ejemplo: que la edad de jubilación sea general para todos, esto es, desde los cincuenta y siete (57) años; la tasa de sustitución de no menos del setenta y cinco (75) por ciento y no más del ochenta y cinco (85) por ciento y se tome en cuenta los últimos diez (10) años como base del cálculo y otros como la de los hijos que ya no podrían contar con la pensión, pero sí el cónyuge correspondiente.

A lo expresado agregamos que el aporte estatal sería gradual e iría del 1 al cinco (5) por ciento y no más. De este modo, se venía un cambio importante que, y como ya dijimos en otro momento en este espa­cio, se convertía en un paso nunca antes realizado. Ningún gobierno se había ani­mado a velar por los intereses del pue­blo. Y decimos esto de modo enfático y sin rodeos, dado que algunos venían propo­niendo como “solución” al problema subir los impuestos a los contribuyentes para corregir el problema de unos pocos.

Sobre esto último el Poder Ejecutivo desde un comienzo manifestó su rotunda nega­tiva de subir los tributos para así con­graciarse con un grupo de personas que, sabiendo que tienen el derecho de peticio­nar a las autoridades, empero, no tienen derecho alguno a que otros les paguen sus haberes.

Cambiar algo que está mal para ir a otras transformaciones de fondo es el camino acertado y prudente. En la Caja Fiscal, en consecuencia, la iniciativa legislativa del Ejecutivo es la que debe primar en su tra­tamiento en el Congreso porque conviene a todos, a los sectores involucrados y a la ciudadanía en general.

En el primer seminario de las Asambleas de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 2026, expertos internacionales coincidieron en que los cambios demográficos en América Latina representan tanto un desafío estructural como una oportunidad económica, especialmente si los países logran aumentar la participación laboral femenina y fortalecer sus sistemas de protección social.

Durante el encuentro titulado “Envejecer y crecer: transformando los cambios demográficos en oportunidades”, el economista Santiago Levy, señaló que Paraguay es actualmente el país más joven de América Latina, aunque no está exento del proceso de envejecimiento que atraviesa la región.

Según explicó, una de las principales herramientas para enfrentar ese escenario es incrementar la participación de las mujeres en el mercado laboral, lo que permitiría ampliar la base de trabajadores, fortalecer los ingresos de los hogares y generar mayor dinamismo económico. Levy subrayó que ampliar el acceso a servicios de cuidado para niños y adultos mayores sería clave para facilitar esa integración.

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El especialista también advirtió que los sistemas de pensiones en América Latina enfrentan presiones crecientes, y que la sostenibilidad de estos esquemas dependerá en gran medida de la capacidad de las economías para crecer y aumentar el ahorro destinado a la jubilación.

“El envejecimiento es un reto que nos afecta a todos. No podemos afrontarlo si no crecemos económicamente”, enfatizó, al tiempo de destacar la importancia de debatir desde ahora las reformas necesarias para preparar a las economías para este escenario demográfico.

En el panel también participó la exministra francesa de Asuntos Sociales, Salud y Derechos de las Mujeres, Marisol Touraine, quien destacó el rol del sistema de protección social de Francia como uno de los pilares de bienestar para la población.

Touraine explicó que la protección social no debe entenderse como un conjunto de medidas aisladas, sino como un sistema coherente e integrado de políticas públicas, capaz de responder a las distintas etapas de la vida. En ese sentido, resaltó el enfoque francés en el desarrollo de políticas de cuidado, que comienzan desde el ámbito familiar y se complementan con servicios públicos.

El seminario abrió el ciclo de debates, en el que autoridades, académicos y representantes del sector privado analizan cómo los cambios demográficos impactarán en el crecimiento económico, el mercado laboral y los sistemas de protección social en las próximas décadas.

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La titular de la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur), Angie Duarte, destacó el interés y la participación de distintos sectores de la sociedad durante los encuentros que se realizan en el marco de las Asambleas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que se desarrollan en Paraguay y reúnen a autoridades económicas, representantes del sector privado y organizaciones de la sociedad civil de la región.

A través de sus redes sociales, la ministra Angie Duarte valoró el rol que cumplen estos espacios de diálogo para impulsar ideas y propuestas vinculadas al desarrollo económico de los países de América Latina y el Caribe.

“Me llena de alegría ver el gran interés y la activa participación de la sociedad civil en los diálogos que se desarrollan en el marco de la Asamblea del BID en Paraguay”, expresó a través de su cuenta de X.

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Duarte señaló que este tipo de encuentros permiten generar instancias de intercambio entre instituciones públicas, ciudadanía y sector privado, lo que contribuye a construir propuestas orientadas al crecimiento y al fortalecimiento de las economías de la región.

Según indicó, cuando distintos actores participan de manera conjunta en estos espacios de debate, se crean oportunidades concretas para avanzar en políticas que impulsen el desarrollo, la inversión y la cooperación entre países.

Las actividades vinculadas a las Asambleas del BID se desarrollan en el Centro de Convenciones de la Conmebol, en Luque, donde se congregan delegaciones de varios países para discutir temas relacionados con la productividad, la integración regional, el financiamiento para el desarrollo y el fortalecimiento de los mercados.

Para Paraguay, ser sede de este tipo de eventos internacionales también tiene un impacto en la proyección del país ante la comunidad internacional. Duarte destacó que la organización de encuentros de gran escala posiciona a Paraguay como un destino capaz de albergar reuniones de alto nivel y fortalecer su presencia en el escenario regional.

En ese sentido, la ministra sostuvo que recibir a representantes de distintos países de la región también refleja la vocación de Paraguay de promover el diálogo, la cooperación y la integración regional.

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La Asamblea del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que se realiza en Paraguay por tercera vez, se posiciona como una plataforma para impulsar negocios e inversiones en el país, con una presencia destacada del sector privado y nuevas oportunidades de financiamiento. Así lo afirmó el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, quien resaltó que el evento congrega a representantes de 48 países y más de 3.000 participantes, de los cuales 1.600 pertenecen al sector privado.

El secretario de Estado subrayó que la magnitud de la reunión convierte al encuentro en un escenario ideal para concretar inversiones y generar vínculos empresariales. “Es una magnífica oportunidad para hacer los negocios que va necesitando el sector privado”, señaló, al destacar que muchas empresas internacionales llegan con interés en conocer de primera mano el desempeño económico del país.

Fernández Valdovinos enfatizó que el Gobierno busca posicionar al sector privado como motor central del desarrollo económico. “Nosotros ponemos el campo de juego, pero es el sector privado el que juega”, expresó, al indicar que Paraguay aprovechará la Asamblea para reforzar el mensaje de que el crecimiento sostenible se logra mediante la inversión privada, la generación de empleo y la mejora de la calidad de vida.

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Además, explicó que de aquí en adelante Paraguay tendrá acceso a unos USD 2.700 millones, de los cuales USD 2.000 millones estarán destinados al sector privado y USD 700 millones al sector público, lo que implica un ratio de tres a uno a favor de las inversiones privadas.

El ministro indicó que este cambio refleja una nueva forma de relacionamiento con los organismos multilaterales, que deberán adaptarse a las necesidades actuales de financiamiento. “Si las multilaterales insisten en darnos créditos solamente para infraestructura, van a terminar desapareciendo del Paraguay”, advirtió, al recordar que el país hoy tiene la capacidad de financiarse en los mercados internacionales, incluso mediante emisiones de bonos en guaraníes.

El titular del MEF también señaló que los recursos destinados al sector privado no solo beneficiarán a las grandes industrias, sino que se canalizarán hacia pequeñas y medianas empresas, con diferentes líneas de crédito. En paralelo, recordó que el Gobierno ya lanzó un programa de financiamiento para pymes con recursos propios del Banco Nacional de Fomento (BNF), que busca ampliar el acceso a créditos productivos.

Finalmente, destacó que la Asamblea también sirve para mostrar la fortaleza macroeconómica del país, incluyendo la estabilidad de su moneda. “El guaraní es el mismo de hace más de 80 años. Detrás de ese papel hay una economía fuerte que lo respalda”, afirmó el ministro.

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