El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, dijo este jueves que la detención de barcos con bandera panameña en China es una medida política de ese país en la disputa por la operación de dos puertos en el canal interoceánico.

El incremento de controles, y sus consecuentes retrasos, tiene lugar tras un fallo de la justicia panameña que anuló en enero pasado el contrato por el cual Panama Ports Company (PPC) -filial de la hongkonesa Hutchison- operaba dos terminales en las entradas del canal de Panamá.

Mulino señaló que la inmovilización de naves -una acción regulatoria para que se corrijan deficiencias operativas- aumentó “exponencialmente” y de manera anormal en los puertos chinos para los barcos bajo bandera de Panamá en los últimos meses.

“Eso lleva intrínseco un mensaje político”, dijo el mandatario en rueda de prensa, al vincular las detenciones con la sentencia de la que se desmarcó el gobierno.

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Ese fallo llegó, no obstante, en medio de presiones de Estados Unidos por la presencia china en el canal, al punto que el presidente Donald Trump amenazó con retomar su control.

“No quiero que esto escale por un conflicto geopolítico, que nos usen ahora a nuestras naves de bandera panameña para tratar de meter presión. Creo que eso no es justo”, afirmó Mulino al referirse a las tensiones entre Estados Unidos y China.

Washington terció el martes en favor del gobierno panameño. Cualquier intento chino de “socavar la soberanía de Panamá es una amenaza contra todos nosotros”, advirtió en una declaración respaldada por un grupo de países latinoamericanos con gobiernos conservadores.

China, por su parte, acusó a Estados Unidos de querer poner el canal a su servicio y de despreciar la soberanía de los países de la región.

Por el canal de Panamá transita el 5 % del comercio marítimo mundial y la demanda de cruces aumentó recientemente por el bloqueo del estrecho de Ormuz a raíz de la guerra en Oriente Medio.

Pese al diferendo con Pekín, Mulino agradeció una comunicación del gobierno chino este jueves en la que, según él, reitera su apego a una solución del caso en los tribunales internacionales.

Fuente: AFP

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Por Lourdes Torres - Periodista - lourdes.torres@nacionmedia.com

A 147 años de aquel memorable 12 de noviembre del 1878, el Paraguay conmemora, una vez más, el Laudo Hayes, aquel histórico fallo arbitral dictado por el entonces presidente de los Estados Unidos, Rutherford B. Hayes. De este modo puso fin a una larga controversia territorial por los límites fronterizos entre Argentina y Paraguay, que disputaban por la soberanía de la zona conocida como Villa Occidental, hoy Villa Hayes que forma parte del Chaco paraguayo.

Para conmemorar este hecho histórico, La Nación/Nación Media recurrió al profesor e investigador científico Eduardo Ortiz Mereles, quien señaló que, de acuerdo con la actual revisión historiográfica, uno de los motivos que propició los grandes conflictos armados fue la falta de definición de los límites territoriales entre los países vecinos en Sudamérica.

“La disputa por los territorios del Chaco se remonta desde la época colonial, pero recién fue durante el siglo XIX que las pretensiones y control de todo su extenso territorio se profundizó más al momento de la formación de las posesiones de los países en América del Sur, que cuando eso no tenían aún muy bien definidos sus límites”, indicó.

Explicó que esta falta de definición de la frontera de cada país, que se fue independizando del yugo español, fue uno de los motivos que con el tiempo desencadenó los dos grandes conflictos armados, específicamente contra el Paraguay.

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El primero y el más sanguinario fue la “Guerra Guasú” o también conocida Guerra de la Triple Alianza en la que países como Argentina, Brasil y Uruguay (1864 – 1870) firmaron un tratado secreto contra Paraguay, y posteriormente, la guerra contra Bolivia, conocida como Guerra del Chaco (1932 – 1935).

“Finalizada la Guerra Guasú, muy cara y con mucha sangre derramada entre los soldados de los cuatro países; y a pesar de que el Tratado Secreto de la Triple Alianza del 1 de mayo de 1865 estipulaba que la paz se debía tramitar en conjunto, y; con la presencia de soldados argentinos y brasileros en territorio paraguayo; los victoriosos iniciaron las negociaciones de límites cada uno por separado con el Paraguay”, mencionó el profesor Ortiz.

Explicó que Brasil firmó el primer tratado en 1872 conocido como “Loizaga – Cotegipe”, en el cual se estableció los límites con el Paraguay. En tanto que, con la Argentina, las negociaciones fueron más extensas, las cuales llegaron hasta febrero de 1876, cuando se logra la firma del “Tratado Irigoyen-Machaín”.

Aun con este tratado, una parte del territorio del Chaco, conocido en ese entonces como Villa Occidental, seguía una fuerte disputa entre ambas naciones que reclamaban la soberanía. Argentina pretendía concluir las negociaciones y cerrar el frente del Paraguay para la consolidación de sus territorios ante Chile.

“El límite sería establecido en el río Pilcomayo, quedando el Gran Chaco dividido en dos partes: por un lado, la comprendida entre el río Verde hasta Bahía Negra, que era reconocida como territorio paraguayo. Pero el territorio ubicado entre los ríos Pilcomayo y Verde no lograban llegar a un acuerdo. Se decidió someter a un arbitraje y se eligió al presidente de Estados Unidos”, explicó.

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Esta determinación quedó establecida en el Tratado Irigoyen-Machaín, en la que se estipuló la evacuación de las fuerzas argentinas de Villa Occidental en un plazo máximo de cinco meses; si así lo establecía el fallo arbitral.

Posterior a las correspondientes comunicaciones entre los representantes de Paraguay y Argentina, fue notificado el presidente de los Estados Unidos de América, don Rutheford Birchard Hayes, quien aceptó esta importante responsabilidad; de conformidad a la nota del 28 de marzo de 1877.

En este punto, Ortiz Mereles hizo un paréntesis para destacar la figura del presidente Rutherford Hayes, señalando que fue además de un excelente estadista, fue un brillante abogado, heroico militar, se destacó como humanista y respetado político, que ocupó el cargo de Diputado ante el congreso y llegó a ser Gobernador, hasta que el Partido Republicano lo postuló a la presidencia del gobierno norteamericano.

Volviendo al punto del acuerdo logrado en el Tratado Irigoyen-Machaín por el que se aceptaba recurrir al arbitraje, el profesor Ortiz señaló que en Paraguay fueron designados dos ilustres paraguayos que tuvieron la enorme responsabilidad de elaborar los alegados en defensa del territorio paraguayo.

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Estos fueron don José Falcón, un experto conocedor de los secretos del Archivo Nacional de Asunción; y que llegó a ser canciller nacional durante los gobiernos de Carlos A. López y de su hijo Francisco S. López y de algunos gobiernos en la post guerra. El otro defensor del Chaco fue el abogado Benjamín Aceval, quien también llegó a ser canciller nacional y ministro del Paraguay en Francia, España y Gran Bretaña.

“Don José Falcón y el doctor Benjamín Aceval tuvieron la enorme responsabilidad histórica de leer, recopilar y fundamentar los genuinos títulos, cuya tesis manifestaba que el territorio comprendido entre los ríos Verde y Pilcomayo pertenecía legítimamente a la República del Paraguay", comentó Ortiz.

Señaló que Falcón se encargó de la preparación, compilación y organización de la documentación en que se apoyaban los derechos posesorios en el Chaco del Paraguay, y con ellas, se fundamentaron los alegatos finales del Dr. Aceval, lo que permitió obtener el fallo histórico el 12 de noviembre de 1878 con el cual el presidente Hayes de los EE. UU. falló a favor de las pretensiones legítimas de la República del Paraguay”, precisó.

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Luego de leer detenidamente los argumentos del Paraguay y Argentina, el presidente norteamericano Rutherford Hayes adjudicó la totalidad del territorio litigado, la Villa Occidental, unificando el Chaco a favor de Paraguay. La decisión fue inapelable y aceptada por ambos gobiernos.

El mandatario norteamericano sentenció en su fallo que el territorio, objeto de controversia, se halla comprendido entre el río Pilcomayo y el río Verde pertenece a la República del Paraguay. Señaló, además, que atendiendo que ambos gobiernos reconocen la competencia del arbitraje y se han comprometido a aceptar la decisión, como final e inapelable.

“Las partes muestran argumentos históricos, jurídicos y geográficos de distinto peso y valor; que corresponde al árbitro determinar, según justicia y equidad, a cuál de las dos naciones pertenece el territorio disputado. Declaro que el territorio comprendido entre el río Pilcomayo y el río Verde pertenece a la República del Paraguay”, reza parte del apreciado documento conocido como Laudo Hayes.

El profesor Ortiz Mereles mencionó que, como consecuencia inmediata a este fallo, la República Argentina retiró sus tropas y entregó la Villa Occidental a Paraguay en mayo de 1879. Esa población fue rebautizada como Villa Hayes en homenaje al presidente norteamericano. “El laudo contribuyó a la recuperación política y simbólica del Paraguay, luego de la Guerra de la Triple Alianza. La decisión de este arbitraje permitió evitar un nuevo conflicto armado con la Argentina”, concluyó.

Desde el movimiento Honor Colorado se desmintió la veracidad del comunicado difundido en redes sociales en torno a la disputa interna partidaria desatada en la Junta Municipal de Lambaré, en el transcurso de esta semana.

El falso pronunciamiento es atribuido al comando central del oficialismo colorado en donde se expresa un supuesto respaldo al intendente de la localidad, Guido González, quien mantiene una puja con la concejal Carolina González, esposa del exdiputado Orlando Arévalo.

“El comando central del movimiento Honor Colorado expresa su firme rechazo a los recientes intentos de atropello a la democracia ocurridos en el seno de la honorable Junta Municipal de la ciudad de Lambaré, donde se pretende proceder al juramento de concejales suplentes tras la dudosa sanción de dos ediles titulares con el evidente afán de copar la institución”, refiere el desmentido.

“Desde nuestro movimiento instamos al diálogo y a la unidad entre correligionarios, exhortando a evitar disputas internas innecesarias que solo debilitan la fuerza del Partido Colorado y la confianza ciudadana en sus representantes”, agrega la nota oficial.

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Señala además que “el comando central de Honor Colorado reafirma su compromiso con la institucionalidad, el respeto a la voluntad popular y el buen funcionamiento de las instituciones municipales, expresando además su respaldo a la gestión del intendente Guido González, quien viene desarrollando una labor en beneficio de la comunidad. Por la unidad, la democracia y el respeto a las instituciones”.

González y sus colegas aliados requerían que Arévalo asuma una banca como concejal suplente y cubra una de las dos vacancias generadas por la suspensión de los ediles Víctor Silvera y Cornelio Segovia. Sin embargo, esta pretensión fue truncada por el intendente y los ediles que respaldan su administración.

Esta disputa impide el normal funcionamiento de la Junta Municipal que aún no logra reunir el quorum necesario para sus sesiones. La disputa entre la concejal y el intendente surge en el marco de la prematura campañas políticas rumbo al 2026, teniendo en cuenta que ambos desean liderar el municipio.

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Las horas pasan sin que el viudo tenga respuesta de las autoridades, luego de que estas pidieran la intervención del caso y que los familiares de la fallecida se nieguen a devolver el cuerpo para poder enterrarla.

Según recordó, Félix Rolón, esposo de Irma Barreton, velaba a su esposa en Ciudad del Este, cuando de pronto familiares de la occisa fueron hasta el velorio, secuestraron el cuerpo de la fallecida y acusaron al hombre de ser un asesino, pese a que la víctima murió a causa de una úlcera.

El insólito hecho se reportó en la madrugada de este viernes en el kilómetro 10 de Ciudad del Este, cuando Rolón, de 66 años, junto a sus familiares, que ya habían costeado el ataúd y también el servicio de sepelio, estaba velando el cuerpo de su esposa Irma Barreto Fonseca.

Sin embargo, hasta el lugar llegaron familiares de la fallecida y se pelearon con el hombre, lo acusaron de matar a Irma y se llevaron el féretro, para darle cristiana sepultura. “Entraron estas personas y secuestraron el cuerpo, no sé a dónde se la llevaron. Me acusaron de que la maté”, expresó Rolón, en Alto Paraná al Día.

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Afirmó que es muy triste todo lo que pasó con su pareja, que estuvo internada en terapia durante dos semana por una úlcera estomacal y que lamentablemente no aguantó. “Los médicos me entregaron el certificado de defunción y es una evidencia de que yo no le hice nada, como pretenden hacer creer”, detalló.

Afirmó que le entregaron el cuerpo en Minga Guazú y fue hasta la funeraria con la intención de darle el último adiós en la que fue su casa, pero los hermanos de la mujer llegaron y bajo amenazas se llevaron el cuerpo. “En mis 66 años nunca pasé por algo así, que del velatorio tengan que robar a la fallecida. No sé dónde la llevaron”, puntualizó.

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