El juzgado de Miami, Estados Unidos, se pronunció sobre el caso de Juan Ángel Napout, quien dio positivo al covid-19 y solicitó su reclusión domiciliaria, considerando el peligro que corre su salud estando en su lugar de reclusión, sin la asistencia y contención de sus familiares.
Sin embargo, según publicó en su Twitter el periodista Ben Bensinger, “la jueza Chen determinó que Napout no tiene el riesgo suficiente de muerte o graves complicaciones del virus”, por lo que por ahora seguirá en prisión. Esta es una decisión provisoria, porque la jueza aclaró que podría volver a ver el tema si su condición empeora.
“No veo que el riesgo sea tan severo con respeto al Sr. Napout”, expresó. La fiscala Kristin Mace dice que la información que tiene sobre la salud de Napout es del 19 de julio (domingo). No tiene datos más actualizados sobre él, escribió Bensinger.
Mientras los defensores del paraguayo pelearán para conseguir la prisión domiciliaria y al mismo tiempo iniciarán las gestiones para la aplicación del Tratado Interamericano de Traslado de Condenados en el Extranjero, para que el ex dirigente se traslade a Paraguay.
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Ypytá: suspensión de constitución judicial genera duda en actuación de la jueza de Paz de PJC
La suspensión de la constitución judicial ejecutada por la jueza de Paz de Pedro Juan Caballero, Ángela Agüero, a las propiedades de la firma Ypytá —entre ellas a la Universidad Autónoma San Sebastián (UASS)— estaría presuntamente plagada de irregularidades. Esto se debe a la intervención de un abogado que no tendría personería reconocida en el expediente principal, caratulado “Ypytá Inmobiliaria, Ganadera y Comercial sobre quiebra”, en representación de Ronaldo Braga Diniz, comprador irregular de la propiedad en litigio —presunto testaferro de Ángela Toumani, exesposa del capo narco asesinado Jorge Rafaat—
A solo horas de realizarse la diligencia, el juez de Asunción, Édgar Rivas, decidió de forma sospechosa suspender la constitución judicial de varias propiedades de Ypytá. La magistrada de Paz de la mencionada zona no debió suspender la diligencia judicial, atendiendo a que el abogado Emerson Dutra presentó un simple escrito alegando ser el representante legal de Ronaldo Braga Diniz. Sin embargo, de acuerdo con las constancias del expediente principal, el citado profesional del derecho no tendría intervención en el juicio principal, por lo que la magistrada Agüero carecía de motivos válidos para frenar el procedimiento.
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Otro punto irregular es que la jueza de Paz realizó una consulta sobre la existencia de una decisión de suspensión de la constitución judicial, la cual no fue contestada por el juez Rivas. Igualmente sobre la determinación que adoptó a última hora el juez Rivas de posponer la diligencia judicial, la representante legal de Ypytá presentó una reposición por lo que seguía firme la decisión de realizar la diligencia judicial. Esta omisión genera aún más dudas sobre la actuación de la jueza de Paz de Pedro Juan Caballero, Ángela Agüero, y del criticado magistrado Édgar Rivas Laguardia.
Dudas en su actuación
La actuación del juez Rivas Laguardia genera sospechas debido a que determinó la suspensión a solo horas de llevarse a cabo el procedimiento. Esto ocurrió a pesar de que la abogada de Braga Diniz ya había comunicado, los días 7 y 14 de octubre, que existían recursos pendientes de resolución en la máxima instancia judicial.
Juez tardó nueve meses
El magistrado Rivas Laguardia tardó nueve meses en autorizar la realización de la constitución judicial a la Universidad Autónoma San Sebastián de Pedro Juan Caballero y a otras propiedades de la firma Ypytá, pero suspendió dicha diligencia en cuestión de minutos. Esto genera fuertes sospechas sobre si pudo existir algún tipo de motivación extra para tomar tal decisión.
Corte debe estudiar confirmación
El pleno de la Corte Suprema de Justicia deberá estudiar si corresponde confirmar en su cargo al juez Édgar Rivas Laguardia, fuertemente cuestionado por su sospechosa actuación en este juicio civil. Los ministros de la máxima instancia judicial tendrán la tarea de definir si confirman al magistrado o, en su defecto, apuestan por una figura nueva y más transparente para el cargo de juez civil de Asunción.
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Caso Ronaldinho: Corte reduce condena a dos involucrados en documentos falsos
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia redujo las penas de dos condenados por su participación en la elaboración de documentos falsos que fueron proveídos por la empresaria Dalia López al exfutbolista Ronaldinho, a su hermano y al prófugo Wilmondes Sousa Lira.
Por mayoría de votos, la máxima instancia judicial hizo lugar al recurso de casación planteado por las defensas y redujo la condena de Bernardo Arellano, funcionario de Migraciones, de cinco a cuatro años y seis meses de prisión. Asimismo, la pena de Cirilo Gustavo Amarilla Cañete, funcionario de Identificaciones, pasó de cuatro a tres años y seis meses.
La ministra Carolina Llanes, con la adhesión del ministro Luis María Benítez Riera, consideró que correspondía modificar la calificación jurídica de las conductas atribuidas a ambos acusados y revisar la medición de las penas, sin modificar los hechos que el Tribunal de Sentencia tuvo por acreditados.
Llanes votó por anular la resolución de la Cámara de Apelaciones que había confirmado las condenas, al señalar que incurrió en una “incongruencia omisiva”. Según explicó, el tribunal respondió de manera genérica a los cuestionamientos de las defensas sobre la calificación jurídica, sin fundamentar por qué correspondía mantener la decisión de primera instancia.
En su análisis, la ministra distinguió entre la producción de documentos no auténticos y la producción mediata de documentos públicos de contenido falso. En ese punto, dio la razón a las defensas, que argumentaron que los pasaportes y las cédulas fueron expedidos por las instituciones correspondientes y que posteriormente sus datos fueron adulterados.
La ministra también examinó la intervención de Arellano y Amarilla en la obtención y posterior adulteración de los documentos. Sostuvo que ambos realizaron aportes esenciales dentro de un accionar conjunto y coordinado, con distribución de funciones, para conseguir documentos que permitieran inducir a error a los agentes de control migratorio.
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Trump expresa su deseo de recibir a Putin en la cumbre del G20 en Miami
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó su interés en recibir al mandatario ruso, Vladímir Putin, en la próxima cumbre del G20, prevista para los días 14 y 15 de diciembre en Miami, Florida. Sin embargo, aclaró que aún desconoce si el líder del Kremlin participará personalmente en el encuentro.
La declaración fue realizada este viernes ante periodistas, en respuesta a una consulta sobre la posible asistencia de Putin. Trump señaló que Rusia deberá estar representada en la reunión y expresó su deseo de que su par ruso acuda a la cita internacional.
La invitación de Washington ya había sido anunciada el mes pasado por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. Desde el Kremlin, por su parte, agradecieron la propuesta y señalaron que la estudiarían antes de tomar una decisión definitiva.
El portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, había indicado el 24 de septiembre que todavía era prematuro confirmar la presencia de Putin, ya que la participación debía ser evaluada y coordinada por las autoridades correspondientes.
La información fue publicada este viernes por la agencia rusa RT, que reportó las declaraciones de Trump y los antecedentes de la invitación cursada al mandatario ruso.
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Ypytá: jueza se constituirá en la universidad UASS, ligada a esposa de Rafaat y a otros inmuebles
La jueza de Paz de Pedro Juan Caballero, Ángela Agüero, fijó para el próximo 21 de octubre a partir de las 13:30, la constitución judicial en la Universidad Autónoma San Sebastián de la citada ciudad, institución ligada a Ángela Toumani, esposa del fallecido capo mafioso Jorge Rafaat Toumani. Igualmente, la magistrada realizará cinco constituciones más en dos inmuebles a las 14:00, 14:30, 15:00 y 15:30.
La diligencia judicial se llevará a cabo con el fin de dar cumplimiento a la orden del juez en lo Civil y Comercial de Asunción, Édgar Rivas, quien autorizó el procedimiento en el marco del juicio civil caratulado “Ypytá Inmobiliaria, Ganadera y Comercial sobre convocatoria de acreedores”.
El objetivo de la constitución judicial en la mencionada universidad, así como en las otras fincas pertenecientes a la empresa Ypytá, es verificar el estado de los inmuebles, dejar constancia de sus ocupantes y labrar acta de todo lo actuado por la magistrada de Paz, quien posteriormente deberá informar al juez de Asunción, Rivas Laguardia.
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Acción en la Corte
Será la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia la que tendrá que definir si Ypytá recupera el valioso inmueble, el cual fue vendido de forma irregular por el condenado exsíndico de quiebras, Blas Velázquez. El inmueble fue adquirido en su momento por Ronaldo Braga Diniz, quien presumiblemente posee vínculos con Ángela Toumani.
Braga Diniz recurrió a la Sala Constitucional en un intento por dejar sin efecto la resolución del Tribunal de Apelación en lo Civil. Dicho tribunal había revocado el fallo de primera instancia que autorizaba la venta irregular, devolviendo la propiedad a Ypytá.
Ahora, los tres altos magistrados deberán resolver si ratifican la postura de la firma Ypytá S.A., tal como lo determinó de manera clara el fallo de segunda instancia.