Si bien el avance de la tecnología aporta grandes beneficios a la sociedad, también hace que el derecho a la intimidad en línea esté cada vez más amenazado. Cuando una foto o un video está en las redes sociales no existen sanciones penales que limiten la difusión, pero sí hay otras estrategias desde las mismas aplicaciones.

La directora de Tedic, Maricarmen Sequera, lamentó que nuestro país no cuente con orden judicial ni legislación en cuanto a la difusión de imágenes o videos no consentidos, pero resaltó que se puede recurrir a otros métodos. “Las plataformas como el grupo Meta, Twitter y TikTok tienen políticas de prevención de violencia digital, ya sea de difusión de imágenes no consentidas, publicación de pornografía infantil y otros tipos de delitos del crimen organizado”, mencionó en el programa Show de Noticias del canal GEN/Nación Media.

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Explicó que estos métodos son bastante efectivos para dar de baja dichos contenidos, ya que lo hacen de forma automatizada y con inteligencia artificial, incluso tienen la capacidad de sancionar al usuario. “Cuando hablamos de menores de 18 años se trata de pornografía infantil, entonces se debe recurrir como delito informático. Uno puede acudir a la Fiscalía a hacer la demanda como padres o cuidadores. También hay herramientas locales, no solo de multa sino de cárcel por más 5 años”, sostuvo.

En ese contexto, Sequera indicó que para recurrir a las herramientas de prevención de la intimidad de las redes sociales, las víctimas de los ciberdelitos también pueden hacer la denuncia en concepto de propiedad intelectual. Es decir, que si es una fotografía tomada por uno mismo y otra persona la utilizó para otro fin, las plataformas eliminan el contenido, ya que está cometiendo supresión de identidad dentro de las aplicaciones.

Además, mencionó que cuando se trata de contenidos de índole sexual enviados a otras personas, esta práctica se denomina sexting y viola el derecho a la intimidad de la persona. Sequera puntualizó que la vulneración de nuestra seguridad digital atenta contra nuestros derechos de libertad de expresión y derecho laboral, ya que más aún las mujeres y personas de la comunidad LGBT son desvinculadas por situaciones como estas.

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