En Argentina, el 24 de marzo es fecha de duelo, marchas y disputas políticas. A 50 años del golpe de Estado, miles de personas vuelven este martes a las calles para recordar a las víctimas de una dictadura que el gobierno del ultraderechista Javier Milei busca revisar. Bajo la consigna “Nunca más” que marcó a generaciones, organismos de derechos humanos, sindicatos y organizaciones sociales llamaron a marchar portando fotos de desaparecidos en una gran movilización en Buenos Aires que tendrá epicentro en la Plaza de Mayo.

Los organismos de derechos humanos cifran en 30.000 el total de desaparecidos durante la dictadura. Las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo encabezan la marcha, en continuidad con una tradición iniciada durante la dictadura, cuando comenzaron a reunirse para reclamar por el paradero de sus hijos. La búsqueda continúa. La justicia de Córdoba, en el centro del país, identificó recientemente los restos óseos de 12 personas hallados el año pasado en un excentro clandestino de detención.

“Pensábamos que después de unos días de tortura la gente iba a reaparecer. Pero eso no sucedió”, dice a la AFP Miriam Lewin, una periodista de 68 años que tenía 19 el día del golpe. Vivía en la clandestinidad cuando, en 1977, fue secuestrada, torturada y eventualmente trasladada a la Escuela de Mecánica de la Armada, uno de los principales centros clandestinos de detención que hoy es un sombrío museo en Buenos Aires.

“Como en los campos nazis, se salvaban los que tenían cierta habilidad”, cuenta. La suya fue redactar notas y traducir textos. “Convivíamos con los gritos de las torturas mientras llevábamos una rutina casi de oficina”. El golpe cívico-militar de 1976 derrocó a Isabel Perón e instauró una dictadura que gobernó hasta 1983 y llevó a cabo desapariciones, torturas, robo de bebés, forzando a miles al exilio.

Cincuenta años después, 1.208 personas fueron condenadas en más de 350 juicios, pero más de 300 causas siguen abiertas. Abuelas de Plaza de Mayo ha restituido la identidad de 140 nietos que fueron secuestrados cuando eran bebés o nacieron en cautiverio y se calcula que quedan más de 300 por encontrar.

“Todavía la condena a la dictadura, al plan sistemático de persecución, tortura y desaparición, sigue siendo fuerte en la mayor parte de la población argentina”, dijo a la AFP el politólogo Iván Schuliaquer, de la Universidad Nacional de San Martín. Pero el aniversario encuentra a los argentinos en medio de una batalla política por cómo se narra esta violencia, luego de que Milei cuestionara consensos instalados desde el retorno de la democracia.

El gobierno cifra en menos de 9.000 el número de desaparecidos, sostiene que en los años de dictadura hubo una guerra en la que se cometieron excesos de ambos lados y relativiza el rol de la dictadura militar, al describirlo como parte de un enfrentamiento con organizaciones armadas. En 2025, la Casa Rosada difundió un video en esa línea en el cual el escritor y referente de la ultraderecha Agustín Laje afirma que la historia ha sido enseñada de forma “maniquea y reduccionista”. Este año, divulgará un video en el que defenderá lo que llama “la verdad y justicia completa”.

La mayor parte de la sociedad, sin embargo, no parece acompañar este relato. Un estudio reciente de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) sobre 1.136 entrevistados en todo el país reveló que siete de cada diez argentinos condenan la dictadura militar.

En vísperas del aniversario, expertos de la ONU pidieron al gobierno de Milei “cesar las acciones que erosionan el legado histórico” y los obispos argentinos llamaron a que no se “mutile la historia”. “Hay algo del pacto democrático que con este gobierno se ha roto”, dijo Schuliaquer. Sin embargo, el movimiento de derechos humanos “tiene una capacidad de movilización discursiva, callejera, de visibilización pública, que todavía no tiene un contrincante de esa escala”.

Fuente: AFP.

Una adolescente embarazada, un alumno secundario y una joven universitaria que sobrevivieron a la dictadura argentina reviven ante la AFP sus historias de tortura, muerte y exilio a 50 años del golpe de Estado. Representantes de una generación diezmada, estuvieron en distintas cárceles clandestinas de las 600 de la dictadura (1976-1983), responsable de 30.000 desapariciones, según organismos humanitarios.

Sus testimonios ayudaron a condenar genocidas y a reconstruir lo que sucedió en sitios como la Esma, el centro de exterminio de Buenos Aires por donde pasaron unos 5.000 secuestrados y sobrevivió apenas un millar. Ayudaron a probar el robo sistemático de bebés y los “vuelos de la muerte”, en los cuales los militares arrojaban a los secuestrados narcotizados al mar.

Cuando ocurrió el golpe, el 24 de marzo de 1976, “la sensación era ‘llegó’. Oímos por radio el anuncio del estado de sitio. Había requisas, paraban colectivos”, dice Ana Careaga, una psicóloga de 64 años. “Me secuestraron el 13 de junio de 1977, me llevaron a un lugar, me desnudaron y empezaron a torturarme”, relató. “Me despojaron de identidad, ya no era Ana, era K04”.

“Quería morir, me decían ‘te vamos a mantener viva para seguir torturándote’”, y así lo hicieron durante cuatro meses. Hablar, llorar era castigado con tortura. “El hambre era desesperante, contaba los segundos hasta llegar a minutos y horas esperando la comida, pero la traían hirviendo y se la llevaban antes de que se enfriara lo suficiente”.

Al principio ocultó su embarazo. “Pensé que por la intensidad de la tortura habría muerto. En una oportunidad acostada y encadenada sobre una tarima, se empezó a mover en mi vientre. Fue la victoria en medio de la muerte”, dijo. Fue la única vez que lloró en cautiverio. Liberada obtuvo exilio en Suecia, donde nació su hija.

Días después supo que su madre había sido secuestrada junto a otras líderes de la naciente asociación Madres de Plaza de Mayo a la salida de una iglesia adonde se reunían, la misma donde habla con la AFP. Torturadas en la Esma, fueron arrojadas vivas al mar junto a dos monjas francesas. El mar devolvió los restos, maniatados de pies y manos. Fueron identificados años después y enterrados en la misma iglesia “donde habían sido libres por última vez”.

Pablo Díaz, empresario de 67 años, era adolescente cuando lo secuestraron en 1976 en las redadas de líderes estudiantiles que reclamaban una tarifa de transporte escolar. El hecho es conocido como “La noche de los lápices” y fue llevado al cine en 1986 para relatar el secuestro de siete de ellos. Sólo él sobrevivió. Perseguido, se refugió en casa de un amigo, pero regresó al hogar familiar a pedido de su padre, que creía que estaría a salvo.

“Volví y esa madrugada me secuestraron. De paso robaron joyas”, dijo. Buscaban “material subversivo, armas, pero lo único que encontraron fue una revista Playboy debajo de mi colchón. Se rieron, pero me llevaron igual” a un centro clandestino bajo el mando del jefe policial Miguel Etchecolatz, condenado a nueve cadenas perpetuas y muerto en 2022.

“Supe que había campos de concentración cuando estuve en uno y que había tortura cuando me torturaron”, resume. Le arrancaron uñas, le pasaron electricidad, lo privaron de comida y lo sometieron a simulacros de fusilamiento. En sus tres meses de cautiverio tejió una historia de amor con Claudia Falcone, de 16 años. “Le prometí que cuando saliéramos íbamos a ser novios. Me respondió que la habían violado”, relató.

Los captores le encomendaron el cuidado de secuestradas embarazadas. “Fui testigo de tres nacimientos”, dijo. Los bebés fueron robados al nacer. “Dos se encontraron muchos años después”. Falcone y los otros estudiantes fueron fusilados y a Díaz lo trasladaron a una cárcel legal. En 1985 fue testigo del histórico Juicio a las Juntas. “La sociedad supo recién ahí que niños y adolescentes también fueron desaparecidos”.

Miriam Lewin, una periodista de 68 años, tenía 19 cuando llegó el golpe. Como militante de la Juventud Peronista pasó a la clandestinidad. “No pensábamos que la represión iba a ser tan masiva y despiadada”, dijo. La secuestraron en 1977 y estuvo dos años cautiva, el último en la Esma, donde alternó tortura con trabajo esclavo.

“Era un centro de exterminio”, asegura. Al recordar los vuelos de la muerte, cuenta que les hacían creer que iban a una estancia en el sur y en la ingenuidad algunos pedían irse “porque no soportaban más estar encapuchados, comiendo comida en mal estado rodeados por ratas”.

Su testimonio contribuyó a la condena de tres pilotos. En una muestra de la impunidad que gozaban los militares, la llevaron junto a otros prisioneros a mezclarse entre los argentinos que celebraban la obtención de la Copa del Mundo 1978 tras la final jugada en el estadio de River Plate, vecino a la Esma.

“Lívidos, inmóviles en ese mar de gente desbordada pensé, esto va a durar 40 años más”. Pero en 1982, la dictadura se resquebrajaba y declaró la guerra al Reino Unido por las disputadas Islas Malvinas. Argentina perdió la guerra, pero en 1983 volvió a la senda democrática.

Fuente: AFP.

El próximo 23 de enero. la organización Alcohólicos Anónimos Paraguay (AAP) cumplirá 50 años de ayuda con la rehabilitación a las personas con problemas de consumo y que sufren de la enfermedad del alcoholismo. Confirmaron que existe un aumento de consumo en adolescentes.

Según María Delvalle, presidenta de la Junta de Servicio de AAP, el alcoholismo, como cualquier adicción, es una enfermedad crónica que se debe trabajar día a día para poder sobrellevar por las personas que la padecen. Además, en la actualidad es considerado un problema social y de salud grave.

“Las personas realmente sufren de esta enfermedad que es crónica e incurable que trascienda la barrera de la persona que también afecta a la familia y la comunidad”, expresó Delvalle, en entrevista con el programa “Dos en la Ciudad” del canal GEN y Universo 970/Nación Media.

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La profesional indicó que aumentó considerablemente el consumo de alcohol en personas menores de 16 años. “Según las estadísticas del 2017, menores de 14 años confirmaron que ya probaron el alcohol y se ve como un implemento recreativo. Parece que se normaliza de alguna manera”, puntualizó.

Refirió que el aumento de consumo se ve tanto en mujeres como varones que requieren del acompañamiento de los padres. “Existe un grupo paralelo de AA, que es el grupo de familia y no necesariamente es para niños alcohólicos, pero que acompaña a la familia”, manifestó.

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María explicó que la organizó se basa en grupos de autoayuda donde se realizan reuniones cerradas donde participan personas con esta problemática, pero cada encuentro es anónimo.

“Existen reuniones abiertas en la que cualquiera puede participar para conocer. Tenemos un estigma social porque el alcoholismo es visto como la persona que está tirada y que nadie quiere, pero para nosotros no hay nombres, nadie debe presentar cédula para participar”, manifestó.

A nivel país se cuenta con 60 grupos en Asunción y demás departamentos, que se reúnen semanalmente. “No se tiene datos exactos, pero se puede decir que son entre 10, 12 a 25 personas y como no es obligatorio no se puede contabilizar exactamente, se puede hablar de una 600 personas”, refirió.

Delvalle informó que el próximo domingo 25 de enero tienen previsto un almuerzo comunitario desde las 10:00, en el que ofrecerán un información pública y el festejo a lo AA, para todos los que deseen participar.

“Será un almuerzo comunitario para disfrutar con la familia y las personas. En esta ocasión la comunidad paralela la de familiares y amigos de enfermos de alcoholismo también esta cumpliendo 50 años nuestro encuentro será juntos las dos hermandades”, puntualizó.

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El gobierno español anunció el miércoles su intención de hacer desaparecer los símbolos del franquismo del espacio público a partir del próximo mes, cuando se cumple el 50 aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco, quien gobernó el país con mano de hierro entre 1939 y 1975.

Medio siglo después, los españoles siguen profundamente divididos sobre el legado de la dictadura franquista, por lo que la iniciativa socialista de conmemorar el 50.º aniversario de la muerte del general, el 20 de noviembre de 1975, y el inicio del camino a la democracia, incrementó la tensión entre el gobierno de izquierdas y la oposición de derecha y extrema derecha.

Así, el conservador Partido Popular (PP) suele acusar a Sánchez de recurrir al “comodín de Franco” en momentos de debilidad política. “Antes de que termine el mes de noviembre vamos a publicar en el Boletín Oficial del Estado todo el catálogo de elementos y de símbolos franquistas para que sean retirados de una vez por todas de nuestro país y de nuestras calles”, indicó este miércoles el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados.

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El dirigente socialista no precisó cuáles serán los plazos para retirar estos símbolos. Tampoco dio detalles del contenido de esta lista, pero según la página “Debería Desaparecer”, que se encarga de rastrear estos elementos, todavía hay más de 6.000 símbolos de la época franquista en territorio español.

Se trata de monumentos, emblemas y calles que rinden homenaje al dictador o a figuras del régimen, un hecho denunciado en numerosas ocasiones por asociaciones y por el propio gobierno de izquierdas de Sánchez.

Este es el caso, por ejemplo, del “Arco de la Victoria”, un monumento neoclásico situado en la entrada oeste de Madrid. Se construyó en los años 1950 para celebrar el éxito de las tropas franquistas sublevadas sobre los soldados republicanos durante la Guerra Civil (1936-1939).

Tras llegar al poder después de una guerra civil que causó cientos de miles de muertos, Franco gobernó España con mano de hierro durante 36 años. A su muerte ningún responsable del régimen fue juzgado, ya que este periodo fue objeto de una amplia amnistía que benefició a ambos bandos. El gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero inició un cambio de rumbo en 2007 con su ley llamada de “memoria histórica”, que obligaba a las administraciones a retirar los símbolos que hicieran apología de la dictadura del espacio público. Este giro se aceleró con la llegada al poder en 2018 de Pedro Sánchez, otro socialista. Un año después se exhumaron los restos de Franco de su tumba en el Valle de los Caídos (rebautizado como Valle de Cuelgamuros), que se había convertido en lugar de homenaje para los nostálgicos de la dictadura.

Y en 2022 se votó una ley de “memoria democrática” que creó un registro de víctimas de Franco, anuló las condenas sumarias dictadas por su régimen y presionó a los ayuntamientos reacios a eliminar los símbolos franquistas. Estas medidas siguen encontrando algunas resistencias.

De su lado, el PP -partido conservador nacido en 1989 tras la refundación de Alianza Popular, creado tras la muerte de Franco por uno de sus antiguos ministros-, acusa al ejecutivo de querer reabrir las heridas del pasado bajo el pretexto de la memoria. Principal formación de la oposición, el PP prometió derogar la ley de 2022 si regresa al poder.

Fuente: AFP.