La Argentina se recupera levemente en sus reservas. El Banco Central (BCRA), en las últimas semanas, interviene en el mercado para comprar los dólares que tanto le faltan. ¿Éxito? No. Se debe a una situación estacional.

Diciembre, enero y buena parte de febrero son meses en que cae la demanda de billetes norteamericanos. En marzo venidero, además, podrán ingresar –tal vez– dólares que aporte al fisco el sector exportador, aunque esa situación tiene particularidades específicas porque la liquidación de exportaciones es una decisión de cada operador sectorial.

Así y todo, analistas confiables proyectan que unos 4 mil millones de dólares podrían aliviar las necesidades del gasto público que el gobierno no está en condiciones de satisfacer sin emitir. Pero, aún en ese contexto, la economía parecería querer repuntar. Sin embargo, ese parecer es preciso tomarlo con cierta prudencia. Coincidentes estudios –locales y externos– dan cuenta de una caída generalizada de las economías de los países de la región y, en el caso de Argentina, según quien reporte y los parámetros de análisis aplicados en esas investigaciones, la caída en el 2020 oscila entre 10 y hasta 12%.

Las mismas prospecciones, sostienen que en este 2021 recién inaugurado, podía crecer hasta un 5%. El consultor Daniel Artana, economista jefe de FIEL (Fundación de Investigaciones Latinoamericanas), advierte que “se trata de un rebote” que “si bien es bueno, no debería ser celebrado como un éxito del inexistente programa económico gubernamental, que no existe, sino de un crecimiento, la recuperación, de un sistema que cayó muy abajo” al tiempo que reporta que “algunos sectores parecen moverse positivamente y, en especial, el agroexportador”. En este punto, vale destacar que los precios de los productos primarios crecen en los mercados internacionales y que, en particular, la soja cerró en alza las operaciones en Chicago, el viernes pasado, hasta ubicarse en torno de los US$ 520 por tonelada. Especialmente, como consecuencia de la sequía que afecta, las áreas sembradas en este país y Brasil. De allí que el número, si bien es bueno, no hay que perder de vista que merma la superficie sembrada y, por tanto, es menor la oferta de los productores.

Pero, más allá de lo climático, en el plano interno, veamos, sintéticamente, una de las situaciones que afectan a los exportadores con el ejemplo de la soja. Cuando venden una tonelada, el pago en dólares percibido –en la Argentina, por disposiciones gubernamentales– lo podrán acreditar solo en pesos. El tipo de cambio que se aplica para dichas operaciones es el valor oficial de la moneda norteamericana, que se ubica en torno de los $ 90 por cada billete verde menos las retenciones. Para que quede claro, de $ 46.800 por tonelada, menos los derechos de exportación que alcanzan, en el caso del poroto de soja al 30%, recibirá $ 32.760. En tanto, en el mercado ilegal, el dólar blue se ubica en alrededor de los $ 160 por unidad. La brecha entre el dólar gubernamental y el ilegal es del 85%. Recientemente, una diputada del oficialista Frente de Todos, Alejandra Vallejos, a la que se señalan como “influyente” por su presunta estrecha vinculación política con la vicepresidenta Cristina Fernández, sostuvo: “Argentina padece la maldición de exportar alimentos” porque “eso tensiona los precios internos”. La legisladora, con su palabra, precisó una de las máximas y, hasta ahora, incontrolable de las preocupaciones gubernamentales: la evolución de los precios al consumidor. Indicador relevante, el ministro de Hacienda, Martín Guzmán, reportó que el 2020 acumuló 36% de crecimiento respecto del 2019. En diciembre último, el incremento fue del 4%. Múltiples y coincidentes proyecciones dan cuenta que, es muy probable, así se mantenga en el primero de los trimestres del 2021. Todo parece indicar que –sin plan, porque al presidente Alberto Fernández no le gusta– la cosa no va bien. Nadie discute que es hora de tomar decisiones. Tampoco que lo que se decida sea sencillo de sobrellevar, especialmente, para los sectores socialmente más desfavorecidos. Pero, en el proceso decisional también es necesario resolver una cuestión previa: ¿Quién tomará esas decisiones?

POR LOURDES TORRES, periodista, lourdes.torres@gruponacion.com.py

Titular del Indert dijo que las 806 hectáreas a ser expropiadas de Marina Cué estaban deforestadas, incluso antes de ser reserva y de la Ley de Deforestación Cero.

Esta semana el Poder Ejecutivo vetó el proyecto de ley que desafecta 1.700 hectáreas de la Reserva Yberá, ex Marina Cué, con fines de la reforma agraria, en favor de los ocupantes ilegales. En compensación a esta objeción, inmediatamente después anunciaron la presentación de un nuevo proyecto de ley, pero que esta vez expropia 806 hectáreas, de esta reserva, pero de un área no boscosa. Para conocer en detalle la propuesta, La Nación entrevistó a la actual titular del Indert, Gail Gina González Yaluff, quien explicó las condiciones en que se daría esta nueva expropiación.

–¿El nuevo proyecto de desafectación de tierras de la Reserva Yberá, ex Marina Cué, ya fue presentado al Congreso Nacional?

–Están preparando el proyecto de ley que plantea que 806 hectáreas aproximadamente sean desmembradas de la superficie mayor, que en principio el Mades (Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible), nos va a transferir; y en compensación nosotros vamos a transferir (al Mades), una zona sí verdaderamente boscosa que bordea el río Aguaray Guasu, en el distrito de Karapã'i, departamento de Amambay, que es una reserva natural en donde existen muchas especies. Inclusive, es el nido del guyra campana, es una zona verdaderamente boscosa.

–¿Esas son tierras del Indert que pasarán al Mades en compensación por la expropiación de Marina Cué?

–Sí es parte del patrimonio del Indert, que fue adquirido, y de hecho ya estamos titulando toda la parte rural, y la planta urbana de toda esa zona, y quedó esa franja que rodea el río Aguaray Guasu, como reserva. Siempre fue reserva y nosotros estamos obligados por ley a transferir al Ministerio del Ambiente para que puedan preservar.

–Entonces, ¿este nuevo proyecto consiste en un “trueque”, de 806 hectáreas de Marina Cué, a cambio de cuántas hectáreas de esta reserva natural?

–Sí son un total de 1.700 hectáreas la reserva, pero de todos modos íbamos luego a transferir estas tierras. Por ello, ya presenté una medida cautelar en el juzgado de Capitán Bado, para preservar esa reserva por cualquier eventualidad.

–¿Qué otros aspectos contempla el nuevo proyecto?

–El nuevo proyecto solamente plantea desmembrar esas 806 hectáreas, atendiendo a que esa fracción de 1.700 hectáreas, cuando fue transferida por la familia Riquelme al Ministerio del Ambiente, ya estaba sin bosques, esa fracción, incluso antes de la Ley de Deforestación Cero. Es lo que tenemos ahí, hubiese querido yo tener todo, para los campesinos, pero es lo que tenemos. Si vamos a entrar a discutir todo el tema legal, vamos a amanecer y no vamos a dar solución a un problema que tenemos de hace mucho tiempo.

–Cuándo habla de expropiar unas 806 hectáreas, esta fracción de tierra, ¿dónde está ubicada, en la parte externa de la reserva, colindante con otras propiedades, o en la parte interna, de la Reserva Yberá?

–La reserva en total tiene 1.700 hectáreas, pero esas 806 están luego sin bosque desde hace muchos años.

–¿Pero dónde está ubicada?

–Ahí en la fracción, alrededor hay bosques, pero también hay sojales, o sea hay zonas totalmente peladas, que están dentro de toda esa fracción de 40 mil hectáreas, por la cual la familia Riquelme había hecho la usucapión.

–¿El actual asentamiento campesino está ubicado dentro de esas 806 Há a ser expropiadas, o se reubicarán?

–Los campesinos están distribuidos en todas las 1.700 hectáreas de la reserva, pero están también en la zona boscosa, pero que no está deforestada. Es una franja donde ellos tienen su escuela, su iglesia, sus casas. Entonces, con ese desprendimiento lo que haríamos es reubicar a ellos en esa fracción que no tiene bosque, con un loteamiento, que ya vamos a realizar cuando tengamos el título. Se nos transfiere, pero con un censo real, que hay que estar en el terreno e identificar casa por casa las familias que van a ser beneficiadas conforme al nuevo proyecto. Eso es lo que les estamos ofreciendo a ellos, ojalá ellos acepten, no va ser tan fácil, pero es lo que se tiene, para que se tenga ya una tranquilidad.

–¿Por qué se optó por expropiar tierras de la Reserva Yberá y no buscar otras alternativas, cuando el Indert tiene otras tierras?

–Tenemos otras tierras, pero este es un tema emblemático, para ellos, en donde ocurrió la muerte de los compatriotas. Y yo considero que es justo que ellos tengan esa oportunidad de ubicarse en ese lugar. Porque es un lugar que se transfirió sin bosques ya, en esa parte. Entonces, considero que corresponde desmembrar esa fracción.

–Algunos sectores ya comienzan a señalar que incluso la nueva propuesta aún sigue siendo antijurídica, justamente por dos aspectos violatorios del estatuto de la reforma agraria: No se puede entregar tierras a invasores… y no se puede expropiar tierras de área silvestre protegida para instaurar una fracción urbana. ¿Analizaron esos puntos?

–En primer lugar, si vamos a hacer historia esas tierras eran públicas, por circunstancias se realizó esa usucapión y ellos obtuvieron una porción más grande, que es todo lo que es Campo Morumbi. La Ley de Deforestación Cero, cuando ellos transfirieron, para que se pueda legalizar su desalojo. O sea que, ellos en un principio estuvieron ahí porque eran tierras públicas. Es una cuestión compleja, y si vamos a hacer historia es todo un tema. La Ley de Deforestación Cero se promulgó en el 2005, cuando eso se promulgó y la familia Riquelme transfiere al ministerio esa área ya estaba deforestada antes de la ley. O sea, no podemos considerar en esa área atenta contra ley, puesto que eso ya no era bosque. Era un campo natural, pastura.

–¿Tienen conocimiento de cuántas familias o personas realmente ocupan esas tierras?, y ¿si realmente se dedican a trabajar como campesinos y no como traficantes de rollos o, peor, marihuana?

–No tenemos así identificados. Marihuana, ¿en dónde?, en la parte pelada, yo soy de Amambay, que yo sepa si van a cultivar marihuana, lo van a hacer debajo del cerro, en los bosques, y no en donde exista población.

–Obviamente en las áreas boscosas restantes, ¿usted mencionó que existen personas habitando en la zona boscosa?

–Se nota en la imagen satelital que ellos están distribuidos en esa fracción, se nota que hay un área que ellos están asentados. Pero lo de la marihuana, nadie va plantar donde hay gente, donde está su vecino. Si existe marihuana no se les puede atribuir a esa gente que está ahí. Mas bien, Campos Morumbi tiene 40 mil hectáreas, entonces, tal vez estén más hacia arriba, no sé. Pero no se le puede atribuir a esa gente el hecho que se esté cultivando marihuana en otra zona.

–Entonces, ¿cuándo iniciarían los trabajos de censo de las familias?

–Nosotros dependemos de la voluntad de los legisladores, de que puedan por ley desmembrar esas 806 hectáreas. Una vez sancionada y promulgada la ley, y pase al dominio del Indert esa propiedad, ahí sí nosotros podemos entrar a hacer el trabajo de censo. Hablan de unas 130 familias aproximadamente, que puede ser menos o un poco más, pero mayor a eso no. Entonces, de acuerdo a esa cantidad se hará la distribución. Estimamos que entre 4 a 4,5 hectáreas le tocaría a cada familia.

–¿Algún comentario final?

–Sólo decir que es un tema social, que todos aquellos que están en mejores condiciones económicas tienen que cooperar con las familias paraguayas para su desarrollo. No podemos mirar de una manera indiferente estos problemas, si bien el Estado es responsable de dar todas las alternativas e infraestructura para que puedan desarrollarse y arraigarse, y no tener que migrar. Para eso el concurso de otras instituciones como el MUVH, el Ministerio de Agricultura, Ande, Essap, los caminos vecinales, porque tienen que estar su centro urbano también, puesto de salud, escuelas, comisaría, todo esto incluye el proyecto general una vez que tengamos el título a nombre del Indert.

En tiempos electorales la razón, como nunca, deja de convertirse en el eje de un debate o de una simple discusión. Decimos “como nunca” porque, en realidad, décadas hace que el argumento lógicamente estructurado es sometido por la fuerza del escándalo, la descalificación personal y la vocinglería de los necios. Con el agravante que muchos de esos necios tienen poder. Y al tener poder cuentan a su favor con los medios de comunicación que siempre están a la pesca de alguna polémica despiadada que pueda alimentar la morbosa curiosidad de un sector de la sociedad. Al resto de la ciudadanía, los mortales de a pie, le queda el recurso de las redes para exponer sus descargos o exteriorizar fundamentos que puedan enriquecer las opiniones contrapuestas o esclarecer situaciones que son intencionalmente oscurecidas. Si es una persona medianamente conocida, tendrá su espacio en las páginas de los diarios y sus minutos en radio y televisión.Las personas con poder, por su lado, tienen en contra la artillería pesada de las redes sociales. Donde la razón es el arma menos requerida para confrontar puntos de vista. Porque tales puntos de vista son prácticamente inexistentes. Solo abundan los insultos, los improperios y los agravios. No podemos obviar las honorables excepciones de quienes, con paciencia tibetana, desarrollan sus ideas como una contribución al conocimiento de los demás.

Si esta descripción es el reflejo de la realidad actual, en los meses que se vienen veremos un aumento exponencial de esa carga de agresividad que va invadiendo todos los ámbitos, especialmente el de la política y la vida pública. El tono de la irascibilidad apuntará a multiplicarse a medida que se acercan las fechas fijadas para las elecciones internas con miras a las municipales de octubre de este año.

Las internas simultáneas de los partidos, movimientos políticos y concertaciones electorales, se realizarán el 20 de junio del 2021. Más allá de los efectivos consensos y concretadas alianzas, nunca habrá lugar suficiente, como es natural, para todos los potenciales candidatos, quienes, al quedar relegados, suelen transformarse en elementos de discordia al interior de sus respectivas asociaciones políticas. Algunos se limitarán a tirotear desde las azoteas, otros intentarán una travesía épica ante poderosos contendores, y los más, al saberse anticipadamente perdedores, tratarán de destruir a sus adversarios, agraviando impunemente honras y conductas ajenas. Es cuando el clima electoral se vuelve decididamente hostil –que tendrá una intensidad superlativa por la influencia de las redes– porque las líneas no estarán separadas por la diversidad de los pensamientos, sino por la rivalidad que estriba en atávicos resentimientos.

Un brillante intelectual de la Generación del 900, don Ignacio A. Pane, solía afirmar que “en nuestro país, más que las ideas, nos dividen los odios”. Tenía razón entonces y la tiene todavía hoy. Observamos opuestos absolutamente irreconciliables. Hoy agrandados y expuestos con luces de neón, ya lo dijimos, por los diversos medios y canales de comunicación. Algunas declaraciones públicas conceden certificado de veracidad a lo expresado por aquel compatriota. Más que críticas sustanciosas, parecen espumarajos de rabia y de rencor.

Estas internas, obviamente, no serán impedimentos para que los obsesionados por el sillón de López continúen con sus campañas desaforadas en contra de quienes creen, real o imaginariamente, son los obstáculos a derribar para alcanzar sus objetivos, sin considerar la licitud de los medios.

Terminadas las internas, los discursos de campaña (ya entre partidos), en su mayoría, así se avizora –y así también lo aseguraba nuestro autor cien años atrás– se establecerán sobre la rivalidad de los vicios y no sobre la equiparación de las virtudes.

La capacidad de cerrar heridas internas para las elecciones municipales será un plus para aspirar al triunfo electoral. El más sobrio, pero convencido de sus ideas, creemos será el elegido por la soberanía de los votos populares. Al menos así lo percibimos.