“El sector quiere el nacimiento del Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo sin ningún tipo de injerencia política. Después de años de trabajar para la creación del INAP, ahora estamos en el proceso de la elección de nuestro director, y en este momento necesitamos la mayor transparencia posible”, señala Víctor Aillon, presidente de la Asociación de Guionistas y Dramaturgos del Paraguay Kuatia, respecto a la preocupación que surge en su sector en el marco de la puesta en funcionamiento efectivo del Instituto Nacional del Audiovisual (INAP).
La Ley 6106/18 “De fomento al audiovisual” crea la mencionada institución, que actualmente está en el proceso de elección de su primer director ejecutivo. La primera etapa del procedimiento está a cargo de una Junta de Calificaciones, que elabora actualmente una terna de candidatos, para la posterior elección del funcionario por parte de la Secretaría Nacional de Cultura.
“Hay una preocupación en torno a unas versiones que aparecieron, de que un sector del Partido Colorado estaría presionando para imponer a su candidato. Preocupa este intento de injerencia que se está comenzando a saber”, expresó Miguel López, presidente de la organización Docpy Documentalistas del Paraguay.
Los postulantes al cargo son Américo Benítez, Carlos Rojas, Christian Gayoso, Diana Frutos, José Garcete, Pablo Rosi Genes, Rafael Kohan, María Rosel Fernández y Sandra da Silva. Habrían sido excluidos de la nómina en los últimos días Mario Mongelós y Néstor Amarilla, en miras a reclamación.
“Ojalá no exista ninguna injerencia política, y nosotros podamos nacer como un INAP supertransparente y bien encaminado. Yo le pediría a los políticos que dejen nacer por primera vez una institución de Gobierno sin injerencias políticas”, agregó Aillon.
La Junta de Calificaciones está integrada por Natalia Alvarenga, Pablo López, Pietro Scappini, Hansel Bierdermann y Hugo Gamarra. Por su parte, Laura Marín, de la Unión de Actores del Paraguay, señaló una crítica de base en el proceso de selección, ya que se encuentra a cargo de representantes de gremios sin el soporte técnico especializado de la Secretaría de la Función Pública, según señaló.