• José Duarte Penayo
• Filósofo
• Presidente de ANEAES

Un joven paraguayo se gradúa tras cinco años de esfuerzo en una carrera que le prometía un futuro profesional y descubre que el mercado laboral demanda competencias que su formación apenas rozó. Tiene un título, tiene voluntad, pero entre lo que estudió y lo que el país necesita hay una distancia que nadie le advirtió a tiempo. Esta escena se multiplica cada año y condensa un problema que excede a la persona, porque se trata de un sistema que emite credenciales con indiferencia respecto de si el talento que certifica responde a las capacidades que la sociedad requiere.

La frustración que genera esta experiencia merece atención. Una sociedad que forma jóvenes y carece de caminos reales para traducir ese esfuerzo en reconocimiento e inserción produce desafección, desconfianza institucional y, eventualmente, fuga de talento. Cuando esto se vuelve masivo, el título pierde valor como señal de competencia y la educación ve mermada su legitimidad como vía de progreso. El mérito queda así convertido en un esfuerzo estéril.

La discusión sobre la meritocracia atraviesa una coyuntura intensa desde hace un tiempo. Michael Sandel, en “La tiranía del mérito”, argumentó que la glorificación del éxito individual erosiona los vínculos de solidaridad, genera lo que denominó “soberbia meritocrática” en los ganadores y una humillación corrosiva en quienes quedan atrás. Así, para Sandel, el mérito convertido en principio absoluto termina justificando la desigualdad como destino merecido. Su diagnóstico se apoya en una observación precisa de las sociedades más ricas, donde la brecha entre los graduados de universidades de élite y el resto de la población se convirtió en fractura cultural que debilita la cohesión democrática.

Mucho antes, desde el punto de vista clásico de la sociología francesa, Pierre Bourdieu mostró que el sistema educativo opera como mecanismo de “reproducción social”. La modernidad habría producido, para este autor, una continuidad entre las viejas aristocracias de sangre y las nuevas aristocracias del diploma, donde el título universitario funciona como nuevo título de nobleza que consagra desigualdades previas bajo la apariencia de una competencia abierta. La credencial educativa legitima lo que fue transmitido por herencia patrimonial, capital cultural familiar y redes de acceso privilegiado, como se puede leer en uno sus trabajos más importantes, “Los herederos: los estudiantes y la cultura”.

Por su parte, John Rawls, en su “Teoría de la justicia”, distinguió la “igualdad formal de oportunidades” –que abre la competencia sobre una cancha inclinada por dones naturales, riqueza heredada y origen social– de la “igualdad equitativa de oportunidades”, que exige a las instituciones balancear esos factores ajenos al mérito para garantizar un punto de partida realmente equitativo.

El mérito genuino, en términos rawlsianos, presupone educación de calidad verificada, evaluación transparente y señales confiables entre formación y empleo. Bien entendido, el mérito exige más república, más normas y más Estado social de derecho, porque sin esas condiciones el concepto mismo pierde sentido.

Resulta fundamental situar las críticas hacia la meritocracia dentro de sus contextos específicos para entender su alcance. Tanto Bourdieu como Sandel escriben desde sociedades con alta fortaleza institucional, donde las trayectorias profesionales mantienen una estructura definida y los mecanismos estatales de evaluación académica y profesional operan con transparencia relativa.

La pregunta que surge al trasladar esta discusión a un país como Paraguay resulta directa: ¿cuál es la alternativa? En sociedades donde los mecanismos de reconocimiento del talento todavía están en construcción, la crítica abstracta a la meritocracia corre el riesgo de funcionar como un pretexto cínico para que todo siga dependiendo de la discrecionalidad o la inercia.

Paraguay atraviesa una transformación que otorga a este debate una urgencia inédita. Una generación joven con niveles de acceso a la educación superior superiores a cualquier etapa previa exige que su preparación encuentre un respaldo tangible en el sector productivo y en las instituciones nacionales. El diploma universitario entra en crisis debido a que solo el diez por ciento de las cinco mil carreras habilitadas cuenta con una acreditación de calidad, situación que se refuerza con el hecho de que en los últimos tres años se registraron cerca de 100 mil títulos sin sello de calidad de la ANEAES. Mientras la cantidad de títulos se multiplica, su efectividad como garantía de competencia profesional disminuye de forma constante.

Ante la ausencia de mecanismos que conecten formación con necesidades reales, el mercado laboral termina reemplazando la evaluación formal por criterios informales.

La comunidad nacional y el individuo que desarrolla sus capacidades deben pensarse en conjunto. Raymond Boudon, al cuestionar la rigidez estructural del modelo de Bourdieu, demostró que las decisiones individuales y la agencia de los actores tienen efectos reales sobre las trayectorias sociales, efectos que las instituciones pueden potenciar o bloquear.

Un diseño institucional inteligente puede alinear la suma de méritos individuales con las potencialidades productivas del país, a través de la formación pertinente en sectores estratégicos. Asimismo, la profesionalización de la función pública genera señales claras sobre la vinculación entre los estudios y las necesidades reales. Cuando esa alineación funciona, el reconocimiento del talento se transforma en una política de desarrollo.

Si el concepto sustantivo de lo político, como lo piensa la teoría política contemporánea, es la capacidad de impulsar procesos instituyentes de ruptura y la vocación de fundar un orden más justo, la verdadera posición antipolítica es aquella que, bajo una crítica simplista de la meritocracia, se complace en gestionar una realidad que ya no interpela ni convence a las grandes mayorías, administrando un statu quo sin legitimidad y eludiendo el coraje de impulsar transformaciones, aunque sean mínimas.

Nuestro país puede y debe construir un sistema donde el mérito sea reconocido, verificado y conectado con el destino de la nación, siempre bajo el horizonte de la solidaridad social.

La alternativa real a la meritocracia mal entendida es la meritocracia bien construida, que contemple reglas claras, instituciones que la sostengan y una república que haga del talento individual un bien público.

A pesar del convenio firmado entre el Instituto de Previsión Social (IPS), la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría Nacional de Cultura (SNC) en junio del año pasado para la restauración y puesta en valor de la histórica casa de Serafina Dávalos, el emblemático inmueble continúa en estado de abandono y, según denuncian ciudadanos y sectores vinculados al patrimonio, sus condiciones son cada vez más críticas.

La casona, ubicada en el centro histórico de Asunción, perteneció a quien fuera la primera mujer en obtener el título de abogada y doctora en Derecho en Paraguay, además de una de las principales referentes en la defensa de los derechos de las mujeres en el país.

Aunque las instituciones públicas anunciaron un acuerdo de cooperación para recuperar el edificio y convertirlo en futura sede de la Procuraduría General, además de un espacio cultural dedicado al legado de Dávalos, hasta el momento no se observan avances concretos en el inmueble.

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Vecinos, activistas y defensores del patrimonio histórico sostienen que la estructura presenta un deterioro cada vez más visible, con sectores afectados por el abandono y la falta de mantenimiento, situación que genera preocupación por el riesgo de pérdida de un sitio considerado emblemático para la memoria histórica nacional.

Ante la ausencia de trabajos de restauración, actualmente se impulsa una campaña de recolección de firmas para exigir la recuperación y puesta en valor de la casona. La iniciativa busca visibilizar la necesidad urgente de intervenir el inmueble antes de que el deterioro avance aún más.

El convenio firmado entre el IPS, la PGR y la SNC establece que el inmueble fue cedido en usufructo a la Procuraduría General de la República por un plazo de 30 años. El acuerdo contempla que la PGR se encargue de elaborar el protocolo de intervención, gestionar el financiamiento, ejecutar las obras y asumir posteriormente el mantenimiento del edificio.

Por su parte, la Secretaría Nacional de Cultura debe brindar asesoramiento técnico y supervisar que cualquier intervención respete los criterios establecidos en la Ley de Protección del Patrimonio Cultural.

El proyecto forma parte del plan de revitalización del Centro Histórico de Asunción promovido por la Comisión Asunción 500 años y respaldado por el Despacho de la Primera Dama, con el objetivo de recuperar edificios de alto valor histórico y cultural.

Para la ciudadanía, rescatar esta casona no solo implica preservar un edificio antiguo, sino también proteger un símbolo de la lucha por los derechos y la participación de las mujeres en la historia del Paraguay. Si estás interesado en firmar podes acercarte hasta Global Infancia, Tierraviva, Verónica Torres Colección de Arte, Museo del Barro, El Granel, entre otros.

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