El Lector junto con destacados historiadores y ciudadanos presentarán la campaña “Verdad y justicia por Paraguay” este martes 1 de agosto, a partir de las 19:00 en la sede de la editorial (avda. San Martín y Bruselas, Asunción). Esta iniciativa se basa en los datos de la Triple Alianza, una guerra de agresión al Paraguay.
Esta campaña busca la verdad y justicia en relación con los masivos, brutales y sistemáticos crímenes de guerra y el exterminio del pueblo paraguayo, o genocidio en términos actuales, cometidos de 1864 a 1870. Comenzó con una primera acción consistente en la recolección de firmas para solicitar de manera formal y públicamente al Brasil, representado por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, la devolución del archivo nacional y el cañón cristiano.
Además, se pretende recuperar otros botines de guerra arrebatados a nuestro país durante el conflicto bélico; durante la Triple Alianza se perpetró el mayor exterminio –genocidio en términos actuales– de los últimos 200 años de Latinoamérica. La meta es recoger como mínimo 50.000 firmas.
Te puede interesar: Quevedo anuncia concierto en Paraguay
Reivindicar la memoria
Con un enfoque de causa nacional y apegados a la verdad histórica, basada en documentos e investigaciones fidedignas, sintetizada en el Relatorio de la Subcomisión de Verdad y Justicia del Parlasur sobre la Triple Alianza, editada como libro por El Lector, la campaña “Verdad y justicia por Paraguay” tiene como propósito reivindicar la memoria de nuestra nación y las injusticias sufridas durante la guerra.
Con esta primera acción –juntar firmas para exigir la restitución del archivo y las reliquias históricas pertenecientes al Paraguay– darán un paso significativo hacia el reconocimiento de la verdad y la justicia, en relación con los crímenes de guerra y exterminio cometidos por la Triple Alianza contra el pueblo paraguayo, aspirando a que Brasil reconozca y respete el valor cultural de estos archivos y, como primer gesto, los devuelva a su legítimo dueño, el Paraguay.
Lee más: Ruta Inti convoca a jóvenes paraguayos para su expedición en 2024
Dejanos tu comentario
Lula visita a Trump en Washington, en un complicado año electoral
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, llegó a Washington ayer miércoles para reunirse con Donald Trump, con varios temas espinosos sobre la mesa y en medio de su campaña para la reelección en los reñidos comicios de octubre. El encuentro entre los dos mandatarios está previsto para el jueves en la mañana, en la Casa Blanca.
Adversarios ideológicos, Lula, de 80 años, y el presidente estadounidense, de 79, han mantenido una relación difícil. La del jueves será su segunda reunión oficial, tras otra en Malasia en 2025. Aquel encuentro fue cordial y llevó a que Washington relajara aranceles punitivos impuestos a Brasil por el juicio al expresidente Jair Bolsonaro, aliado de Trump y condenado a 27 años de prisión por un intento golpista.
Desde entonces, Estados Unidos derrocó a Nicolás Maduro en Venezuela y lanzó una guerra contra Irán junto a Israel. Lula, que acusa a Trump de actuar como un “emperador”, ha criticado abiertamente estas acciones estadounidenses. “Estoy en contra de que cualquier país del mundo se entrometa y ejerza interferencias políticas”, dijo el líder de izquierda en abril.
Lula llega a la reunión políticamente debilitado, tras una serie de derrotas en el Congreso, y empatado en las encuestas para las presidenciales de octubre con el hijo mayor de Bolsonaro, el senador Flávio Bolsonaro. Oliver Stuenkel, profesor de Relaciones Internacionales de la Fundación Getúlio Vargas, dijo a la AFP que Lula buscará “fortalecer la relación personal con Trump” para minimizar el riesgo de interferencias estadounidenses en las elecciones, como declaraciones de apoyo a Flávio Bolsonaro.
El diputado Rubens Pereira Júnior, del Partido de los Trabajadores de Lula, cree que las tensiones con Estados Unidos quedaron atrás. “Somos optimistas porque fue Trump quien invitó, entonces se terminó aquel momento de beligerancia entre Estados Unidos y Brasil”, dijo a la AFP.
Contra el crimen organizado
La seguridad es hoy la principal preocupación de los votantes brasileños y la lucha contra el crimen organizado ocupará un lugar destacado en la agenda entre Lula y Trump. El ministro de Hacienda, Dario Durigan, que integra la delegación brasileña, dijo el miércoles que Brasilia quiere ampliar la cooperación bilateral en el combate a los cárteles del narcotráfico.
Estados Unidos y Brasil firmaron en abril un acuerdo para luchar contra el tráfico de armas y drogas. Ahora comparten datos, como revisiones con rayos X a contenedores que viajan de Estados Unidos a Brasil. Trump ha hecho del combate contra lo que llama “narcoterrorismo” una prioridad de su segundo mandato, y designó a grandes cárteles como organizaciones terroristas extranjeras.
Ese argumento fue usado en el derrocamiento de Maduro en Venezuela. Según Stuenkel, a Brasil le interesa mostrar que está haciendo su parte, para “reducir el riesgo” de que Washington designe como terroristas a los dos mayores grupos criminales brasileños, el Comando Vermelho y el Primeiro Comando da Capital.
“Estados Unidos ve cada vez más a estos grupos como organizaciones criminales transnacionales sofisticadas”, señaló Rebecca Bill Chávez, presidenta del think-tank Diálogo Interamericano, con sede en Washington. “En Brasil existe una preocupación real por las implicaciones jurídicas, políticas y de soberanía que tendría aplicar un marco de terrorismo a sus grupos criminales”, agregó.
Carrera por las tierras raras
En la agenda también están las vastas reservas brasileñas de tierras raras, cruciales para la producción de bienes tecnológicos, y en las que Estados Unidos está interesado en que sus empresas inviertan. Brasil tiene las segundas mayores reservas de estos elementos críticos del mundo, después de China.
“Por supuesto que la inversión extranjera en Brasil es bienvenida, pero queremos (...) impulsar la industrialización dentro de Brasil”, dijo Durigan. La Cámara de Diputados de Brasil aprobó este miércoles un proyecto de ley que amplía los poderes del Ejecutivo sobre las tierras raras o críticas y ofrece incentivos al sector privado para su explotación.
De otro lado, Estados Unidos investiga a Brasil por supuestas prácticas comerciales desleales. Alega que su sistema gratuito de pagos electrónicos PIX estaría menoscabando la competitividad de empresas estadounidenses. Lanzado en 2020, el PIX ha revolucionado los pagos en Brasil y supera el uso de tarjetas de crédito y débito, con 7.000 millones de transacciones sólo en enero, según el Banco Central.
Fuente: AFP.
Dejanos tu comentario
Candidato de Lula a la corte suprema fue rechazado por el Senado brasileño
El Senado de Brasil rechazó ayer miércoles a Jorge Messias, candidato del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para ocupar un asiento en la corte suprema, en una derrota histórica para el mandatario a meses de las elecciones presidenciales. La nominación de Messias fue objeto de un pulso entre el gobierno izquierdista y la mayoría conservadora del Senado, que rechazó al candidato en una votación secreta.
La cámara alta registró 42 votos en contra de Messias y 34 a favor. Se trata del primer nominado al Supremo Tribunal Federal (STF) rechazado por el Senado en más de 100 años, según la prensa brasileña. “El gobierno de Lula se acabó, el gobierno no tiene gobernabilidad, el gobierno ya no tiene el respeto de nadie”, lanzó el senador Flávio Bolsonaro, hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro y precandidato de la derecha a las elecciones presidenciales de octubre.
Lula, de 80 años, prevé disputar las elecciones en busca de un cuarto mandato. Las encuestas ubican al presidente en un empate técnico con Flávio Bolsonaro. De su lado, Messias aceptó la derrota. “He peleado un buen combate, estoy seguro (...)como todo cristiano necesito aceptar el plan de Dios en mi vida”, dijo a periodistas el abogado de 46 años.
Referendo
Hombre de confianza del presidente y jefe de la defensoría del Estado, Messias intentó persuadir a los parlamentarios presentándose como un cristiano evangélico moderado, una corriente religiosa importante en Brasil. “Mi identidad es evangélica y (...) aseguro a mis hermanos que todos esos valores espirituales me acompañarán en la tarea”, dijo Messias al borde de las lágrimas durante una audiencia previa a la votación. También reiteró su oposición a la legalización del aborto.
Pero su candidatura se convirtió en un referendo sobre el gobierno y la actuación de la poderosa corte suprema, que condenó por golpe de Estado a Jair Bolsonaro, el mayor líder de la derecha y la ultraderecha brasileña La derrota “tiene que ver con la circunstancia de la política” y “una votación presionada por el proceso electoral”, dijo a periodistas el senador oficialista Randolfe Rodrigues.
En 2025, el STF sentenció a 27 años de prisión a Jair Bolsonaro (2019-2022) por intentar aferrarse al poder tras ser derrotado por Lula en las elecciones presidenciales de 2022. El proceso provocó represalias contra Brasil de parte de Estados Unidos. “Cuánto más tiempo pasa, más evidente resulta la farsa que hubo en ese juicio”, dijo antes de la votación Flávio Bolsonaro.
Bolsonaro y otros senadores también enfatizaron durante el debate la necesidad de reformas profundas en el Supremo Tribunal, cuestionado por supuestos vínculos entre algunos de sus jueces y un banquero acusado por un fraude multimillonario.
“Nada personal contra él (Messias), sino contra lo que representa en este momento”, explicó el senador conservador Rogerio Marinho. De su lado el senador oficialista Weverton Rocha recordó que Lula “ya había dicho que no va a tener otro nombre” como candidato a la corte suprema. “Creo que de aquí a las elecciones ya no debería hablar más de eso”, afirmó Rocha.
Fuente: AFP.
Dejanos tu comentario
El “viejito” gobierna, el poder se le escurre
- Por Juan Carlos Dos Santos G.
- Juancarlos.dossantos@nacionmedia.com
El regreso de Luiz Inácio “Lula” da Silva al poder tras derrotar a Jair Bolsonaro en octubre de 2022, fue celebrado como el retorno de la estabilidad. Sin embargo, la realidad actual muestra un escenario más complejo: el actual Lula, con 80 años, gobierna, pero no logra consolidar autoridad ni control político pleno.
El desgaste de su administración no responde a un único factor, sino a una suma de tensiones que, en conjunto, comienzan a erosionar su capital político. En el frente económico, el Gobierno intenta sostener un modelo basado en el gasto social mientras enfrenta crecientes cuestionamientos sobre la disciplina fiscal. El déficit, las señales contradictorias al mercado y la incertidumbre económica han debilitado la confianza, incluso en sectores que inicialmente acompañaron su regreso.
Pero el problema va más allá de los números. El “viejito”, como no le gusta que lo llamen, lidera una coalición fragmentada, dependiente de acuerdos permanentes con un Congreso adverso. Cada votación se transforma en una negociación, cada iniciativa en una pulseada. Esta dinámica proyecta una imagen de debilidad estructural: un presidente condicionado, sin margen para imponer agenda.A esto se suma un elemento clave en política: la percepción. Una parte significativa de la sociedad no percibe mejoras concretas en su vida cotidiana. La expectativa de un rápido alivio económico, especialmente en los sectores más vulnerables, no se ha materializado con la velocidad esperada. Y cuando el lulismo pierde conexión emocional con su base histórica, el impacto trasciende lo económico y se vuelve electoral.
En política exterior, Lula también enfrenta críticas por sus ambigüedades. Su intento de posicionarse como líder global y mediador en conflictos internacionales ha generado incomodidad, especialmente por su cercanía o indulgencia frente a regímenes cuestionados. Esta postura, lejos de fortalecer su liderazgo, abre flancos tanto dentro como fuera de Brasil.
Ni siquiera en áreas donde el Gobierno muestra avances, como la agenda ambiental, logra evitar contradicciones. La reducción de la deforestación convive con presiones por expandir proyectos extractivos, mientras sectores indígenas y sociales comienzan a expresar frustración por promesas incumplidas o demoradas.Sin embargo, el dato más relevante no está únicamente en los problemas del oficialismo, sino en la reorganización de la oposición. Allí emerge con fuerza Flávio Bolsonaro, quien ha comenzado a capitalizar el malestar social y a canalizar las críticas al Gobierno. Con un discurso más ordenado y menos confrontativo que el de su padre, logra interpelar tanto al núcleo duro del bolsonarismo como a sectores desencantados con Lula.
El crecimiento de Flávio Bolsonaro en encuestas recientes –incluso con escenarios donde aparece competitivo o por encima de Lula en una eventual segunda vuelta– refleja un cambio de clima político. Ya no se trata solo de rechazo al pasado, sino de dudas sobre el presente.Brasil, además, sigue atrapado en una polarización persistente, donde el margen para consensos es mínimo y el desgaste del gobierno se amplifica. Lula enfrenta un desafío mayor al que tuvo en 2022: ya no compite únicamente contra su antecesor, sino contra sus propias limitaciones.
El presidente aún conserva estructura, liderazgo y capacidad de reacción. Pero la política no perdona la inercia. Si no logra recuperar iniciativa, ordenar su coalición y ofrecer resultados tangibles, el escenario electoral podría volverse mucho más adverso de lo previsto.Porque en Brasil hoy no está en discusión quién gobierna, sino quién logra convencer de que puede hacerlo mejor. Y en esa disputa, el poder –silenciosamente– empieza a cambiar de manos.
Dejanos tu comentario
Itaipú: la tarifa es prioridad y el Anexo C pasó a segundo plano, afirma ingeniero
Para el ingeniero y exasesor técnico de la Administración Nacional de Electricidad (Ande), Fabián Cáceres, la discusión del Anexo C del tratado de Itaipú quedó en segundo plano para los gobiernos de Santiago Peña y el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva. Agregó que el punto clave del debate gira en torno a la fijación de una nueva tarifa de la hidroeléctrica, razón por la cual persiste el manto de hermetismo desde ambas administraciones.
“Se tiene que ser bien claros, lo que realmente se pretende es extender el acuerdo (de 2024). El anexo C va por otra cuerda y ya no genera beneficios para el Paraguay. Actualmente, la tarifa es de USD 19,28 por kW/mes y el Brasil tiene la esperanza de que quede a USD 10 KW/mes“, refirió este martes al programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Cáceres comentó: “Lo que se pretende de alguna forma es que la tarifa de USD 19,28 por kW/mes no vaya al piso y que por lo menos permita todavía disponer de suficientes recursos y, a la vez, enfocarse en la promoción de nuevas fuentes de generación de energía".
“Tocar el Anexo C ya no tiene sentido, además los tiempos ya no dan. Esto era de interés cuando había una gran diferencia entre lo que llevaba Paraguay y Brasil (en materia de distribución de energía). Hoy prácticamente nuestro país estará consumiendo a la par que Brasil”, afirmó Cáceres.
Lea también: El acuerdo UE-Mercosur se aplicará provisionalmente desde el 1 de mayo
Acuerdo histórico
La fijación del precio de la tarifa a USD 19,28 por kW/mes, en mayo del 2024, fue calificada como un acuerdo histórico tras años de negociaciones. Su vigencia se extiende hasta el año 2026 y llegó a generar alrededor de USD 280 millones de ingresos por royalties, USD 650 millones para inversión social, USD 265 millones por compensación de energía y USD 53 millones en utilidades de capital, totalizando USD 1.250 millones anuales.
Además se estableció el mantenimiento del acuerdo operativo de la Itaipu, la posibilidad inmediata para Paraguay de vender al mercado libre brasileño su parte de la energía no consumida. En dicha ocasión los gobiernos de Peña y Lula habían fijado que la renegociación del Anexo C debía concluir a finales del 2024, pero el proceso fue dilatándose en medio de una serie de conflictos como el espionaje que fue impulsado por Brasil contra autoridades paraguayas, entre junio de 2022 y marzo de 2023.
Así como el reclamo realizado por Peña a Lula, en diciembre de 2025, cuando el mandatario brasileño tomó la iniciativa de inaugurar por separado el Puente de la Integración, costeado con fondos de Itaipú. El hecho fue calificado por el economista como “una mezquindad política” que dejó un “un sabor amargo”.