Por: Antonella Mateu

Propiedad privada, reglas claras y libertad cambiaria forman parte del atractivo de Paraguay, pero cuando el capital entra en un proyecto, la seguridad se juega también en otra cancha: fideicomisos, contratos, fondos, permisos y la estructura detrás del desarrollador.

¿Qué está comprando realmente una persona cuando pone su dinero en un proyecto inmobiliario? La respuesta parece sencilla: metros cuadrados, ubicación, calidad constructiva y la posibilidad de que el activo gane valor con el tiempo. Sin embargo, para un inversor, esa es apenas la superficie. Detrás del ladrillo existe una estructura que puede resultar tan determinante como el inmueble. Quién administra los fondos, qué derechos tiene el inversor, cómo se protege el patrimonio y qué ocurre si el escenario cambia.

Para José Serratti, accionista y director jurídico de Civis, esa estructura comienza con un concepto menos visible que el ladrillo: la previsibilidad. “Cuando uno invierte a diez o quince años en un activo inmobiliario, no necesita que le prometan que no habrá riesgos; necesita poder identificarlos, medirlos y administrarlos”, sostuvo.

Desde esa perspectiva, Paraguay cuenta con condiciones que favorecen la inversión inmobiliaria, tanto nacional como extranjera. José destacó “la simplicidad con reglas claras, una carga tributaria baja y sencilla, y una política de Estado bastante consistente de promover y proteger la inversión”.

La primera capa está en el marco jurídico. La Constitución protege la propiedad privada y los extranjeros pueden adquirir inmuebles en condiciones similares a los nacionales, con las excepciones previstas para determinadas zonas de frontera. También existe un registro público donde se inscriben los derechos sobre los inmuebles.

A esto se suma un mercado cambiario libre, sin controles de capital, y el uso extendido del dólar en las operaciones inmobiliarias. Para quien proyecta una inversión a varios años, estos factores aportan previsibilidad a una ecuación que incluye costos, financiamiento, ingresos y potencial de valorización.

Pero hay una diferencia clave, y es que un mercado sea favorable para invertir no significa que todos los proyectos tengan la misma estructura de seguridad. Por eso, antes de comprometer capital, el inversor debe mirar mucho más que la ubicación y el precio. ¿Quién es el propietario del inmueble? ¿Cuenta con los permisos y habilitaciones necesarios? ¿Cómo se financia el proyecto? ¿Dónde estarán los fondos mientras avanza la obra? ¿Qué contratos respaldan la operación? ¿Qué sucede ante una demora, un sobrecosto o un cambio en las condiciones del mercado?

En ese entramado aparece el fideicomiso, una herramienta que permite separar el patrimonio de cada proyecto del patrimonio de la desarrolladora y establecer una estructura específica para administrar los activos y recursos vinculados a la inversión.

Para el inversor, esto cambia la conversación. Ya no se trata solamente de cuánto puede valer un inmueble terminado, sino de qué mecanismos existen para proteger y ordenar el capital durante todo el proceso.

También importa quién está detrás del proyecto. La trayectoria del desarrollador, los proyectos entregados, la capacidad para administrar recursos, la transparencia de la estructura y la confianza construida con los inversores forman parte del análisis de riesgo.

En Civis, esa mirada se traduce en una estrategia que prioriza la estructuración jurídica y financiera, la trazabilidad de los fondos, los contratos claros y el uso de fideicomisos. “Nuestro principal diferencial es que pensamos primero como inversores y después como desarrolladores”, afirmó.

A estos elementos suma el track record de la compañía con proyectos desarrollados y entregados, inversores que volvieron a invertir y una reputación que, según explicó José, buscan proteger. “Nosotros también invertimos en nuestros proyectos, así que existe una alineación real de intereses y no estamos simplemente administrando el dinero de un tercero, estamos construyendo patrimonio junto con nuestros inversores” concluyó.

El presidente de la República, Santiago Peña reafirmó su respaldo al sector productivo y aseguró que el Gobierno protegerá a quienes producen, al tiempo de promover el acceso a la tierra para más paraguayos.

Durante su discurso en la apertura oficial de la IV edición “Siembra de Soja Paraguay 2026-2027″, en el distrito de Dr. Juan Eulogio Estigarribia, departamento de Caaguazú, Peña se refirió a la protección de la propiedad privada y advirtió que las políticas destinadas a atender las demandas sociales no deben terminar debilitando al sector productivo. Remarcó que cuando el campo está bien y se convive en paz y armonía, el Paraguay está bien, y puede progresar.

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“Dejamos en claro que vamos a defender la propiedad privada. Vamos a defender con todas las fuerzas de la ley aquel legítimo tenedor de la propiedad privada. Nadie puede estar pensando en los precios internacionales o en los costos de los fertilizantes o de los insumos, si tiene dudas, o le preocupa si alguien va a invadir su tierra, o si le van a quemar su tractor. Mi compromiso y nuestro compromiso es defender la propiedad privada”, enfatizó.

A la par, destacó el crecimiento del interior y el fortalecimiento del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), con miras a ampliar el acceso a la tierra para pequeños productores y campesinos. Sostuvo que así como defenderán a los grandes productores, también su gobierno ha venido luchando por todos los paraguayos, los pequeños productores, para que alcancen el anhelado sueño de tener su tierra propia.

En ese sentido, dejó en claro que esta lucha, no se ha logrado sacando tierra a los que tienen para darselo a quienes no tienen. Recordó que el Estado paraguayo es el mayor terrateniente. En ese sentido mencionó que a través del Indert se está promoviendo en el Congreso, un proyecto de Ley que busca dar mayore beneficios a los que son sujetos de la reforma agraria.

“El Indert en estos 3 años ha entregado más títulos que los 10 años anteriores. Y recientemente presentamos un proyecto de ley al Congreso, al Senado de la Nación, que ya tuvo una audiencia púbica el pasado viernes. Probablemente va a ser una de las transformaciones más grandes desde el inicio de la reforma agraria hace más de 100 años en el Paraguay para poderle dar acceso a la tierra, a los pequeños productores, a los pequeños campesinos. Porque eso es lo que va a mantener la paz en el campo”, remarcó.

Explicó que con esta legislación de ser sancionada dará al campesinado la seguridad para trabajar la tierra. Enfatizó que el Paraguay tiene un potencial productivo gigantesco, en lo que hace a la producción agrícola, ganadera.

“El Paraguay crece en el interior del país. El mayor desarrollo del Paraguay que estamos viendo en estos 3 años y meses de gobierno se está dando en el interior del Paraguay. Se está dando en el desarrollo productivo en la cultura, en la ganadería, en la industria, en el comercio, en el servicio. Y este trabajo yo no lo puedo hacer, sino lo trabajo de manera coordinada con los gobernadores de cada departamento” acotó.

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La situación en la estancia Lusipar, en el distrito de Tacuatí (San Pedro), quedó plenamente controlada luego del intento de invasión protagonizado por un grupo de campesinos en la tarde de este jueves. El procedimiento dejó 30 detenidos, varios vehículos incautados y solo heridos leves, según el reporte oficial.

El subcomandante de la Policía, César Silguero, confirmó a la 1000 AM que la intervención permitió desbaratar el plan de ocupación, mientras que los principales líderes de la incursión habrían abandonado a los campesinos en pleno enfrentamiento.

“Estamos con varios detenidos, vehículos incautados. La situación está controlada hasta el momento. Solo heridos leves”, expresó.

De acuerdo con los videos difundidos en redes sociales, los invasores —autodenominados “sintierras”— ingresaron tras avasallar la barrera policial instalada para impedir la ocupación.

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A pesar de la presencia de más de 100 efectivos, tres camiones cargados de campesinos lograron atropellar el portón e ingresar a la zona, que según datos preliminares correspondería a una propiedad de Hugo Galli, extitular de la ARP y que está pegada a la estancia Lusipar.

En las imágenes se observa que el primer camión rompió el cerco, varios labriegos descendieron y otros siguieron avanzando. Segundos después, un automóvil con una bandera paraguaya y otro camión cruzaron el portón, seguidos por una camioneta. Durante la maniobra se escucharon disparos, presumiblemente de balines de goma utilizados por los agentes para contener el avance.

El enfrentamiento se produjo en el acceso al sector conocido como Toro Veve, parte del establecimiento del expresidente de la ARP, Pedro Galli, según confirmó César Vargas, jefe de seguridad de San Pedro. La zona se encuentra lindante a la estancia Lusipar.

Las fuerzas policiales permanecen en el lugar para evitar nuevos intentos de ingreso mientras continúa el proceso de identificación de los responsables y el traslado de los detenidos.

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La abogada Lilian Carolina Musso Vega denunció ante el Ministerio Público sistemáticos hostigamientos y amenazas, por parte de cuatro personas por lo que exige protección urgente y justicia ante la violencia psicológica, patrimonial y física persistente.

Según la denuncia presentada del 19 de setiembre pasado, la profesional del derecho apunta a los señores Antonio Gabriel Simón Lichi Battilana, Antonio Lichi Núñez, Federico Núñez Morinigo y Fátima Núñez de Lichi, quienes supuestamente mantienen una conducta sistemática de violencia psicológica, patrimonial y física en su contra.

Entre los hechos denunciados se mencionan intentos de atropellamiento con vehículos, insultos, hostigamiento continuo, obstrucción de sus labores en el lugar de residencia y la destrucción reiterada de sus parcelas de cultivo. La propiedad de la denunciante está ubicada en la colonia Bella Vista, ciudad de Yhú, departamento de Caaguazú.

La abogada pidió al fiscal de turno, Carlos Gustavo Chamorro, agente penal de la Unidad 2, la imputación de los resposables y la aplicación inmediata de medidas de protección amparadas en la Ley N.º 5777/16 de Protección Integral a las Mujeres contra toda Forma de Violencia, alegando que se encuentra en un estado permanente de zozobra e inseguridad.

No es la primera vez que Musso acude a las autoridades. En reiteradas ocasiones ya había realizado denuncias tanto ante la Fiscalía como ante la prensa, exponiendo públicamente los riesgos a los que está sometida y advirtiendo sobre la escalada de violencia.

Sin embargo, pese a la visibilidad de sus reclamos y a las pruebas presentadas, asegura que las medidas adoptadas han sido insuficientes para frenar los ataques, lo que la mantiene en una situación de extrema vulnerabilidad.

Musso enfatiza que su caso encarna un patrón de violencia de género, caracterizado por la intención de quebrar su estabilidad emocional, limitar su autonomía económica mediante la destrucción de cultivos y ejercer presión psicológica constante.

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La denunciante insiste en que la falta de respuestas eficaces por parte de las instituciones encargadas de proteger a las mujeres constituye una revictimización que la expone aún más al peligro. “El hostigamiento continuo, las amenazas y la destrucción de mis medios de vida son una clara forma de violencia patrimonial y psicológica. Mi vida y mi seguridad están en riesgo”, señala en su escrito.

La abogada espera que esta nueva presentación no quede sin efecto y que las autoridades actúen con urgencia para garantizar su derecho a vivir libre de violencia y temor en su propio hogar.

En contacto con La Nación/Nación Media, la denunciante puso énfasis en que ella es la ex esposa de Eduardo Núñez (ya fallecido) con quien convivió durante 15 años y que solo reclama el respeto de sus derechos.

“Ellos quieren pisar y destruir por maldad mis cultivos, cosa que ya habían hecho previamente en otra parcela y que con mi vida voy a defender lo que corresponde”, enfatizó.

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