En toda democracia, las elecciones libres, limpias y transparentes constituyen uno de los pilares que ratifican su vigencia formal. Legalizan el origen de un gobierno, pero no suscriben su legitimidad a futuro, aquella que se construye desde el ejercicio del poder, centrándose fundamentalmente en resultados sociales cuantificables mediante una economía que crece de manera sostenida y equitativa. En una sociedad abierta, el pueblo tiene el derecho de reclamar rapidez y eficacia para la resolución de los problemas que impiden que la gente pueda satisfacer sus necesidades más básicas para una vida digna, como el acceso a una educación de calidad, un sistema de salud sin exclusiones, seguridad alimentaria, jurídica y pública, oportunidad de empleos y vivienda. Muchas autoridades llegaron a sus cargos con discursos que prometieron un futuro de bienestar, discursos sostenidos con una supuesta formación académica superior, pero que, una vez sentadas en sus doradas oficinas, carecieron de sensibilidad social y aptitud para gobernar.
La prioridad debe ser siempre la clase humilde, los eternos desheredados de los beneficios del progreso, los pobres que sueñan con días mejores para ellos mismos y su descendencia, rompiendo así el círculo perverso de la ignorancia que genera indigencia y la indigencia que multiplica la ignorancia. Es por ello que, en los comicios, es urgente que los simples votantes, aquellos que solo se limitan a cumplir con el rito de sufragar, se conviertan en ciudadanos, es decir, personas con pensamiento crítico, aptos para discernir y elegir a conciencia a aquellos que consideran que los han de representar con capacidad, eficiencia y manejo ético de los recursos públicos. Aquellos candidatos o candidatas que despierten estas expectativas deben ser los favorecidos con la confianza de los electores. Sin embargo, es apenas el primer paso. En cuanto esas expectativas sean defraudadas por incompetencia, nepotismo o corrupción, o todos estos vicios juntos, el pueblo debe constituirse en juez inapelable para reclamar el cambio de rumbo o, llegado el momento, incluso, la destitución de quienes eligieron el camino torcido de los privilegios personales, grupales o de círculos (incluyendo familiares), apurando el enriquecimiento rápido e ilícito, antes que servir a su país o comunidad con honestidad y solvencia.
En los últimos años, la conducta inmoral de quienes fueron elegidos para ocupar cargos de representación popular ha contaminado con mayor frecuencia y volumen la política, aumentando el descrédito hacia ella de parte de una creciente población cansada de que sus ilusiones sean frustradas por malos gobernantes, ya sean nacionales, departamentales o municipales. Están a la vista los hechos de corrupción, así sean por denuncias ciudadanas o corroboradas por los propios organismos de control del Estado. Lamentablemente, seguimos tropezando con procesos jurisdiccionales excesivamente lentos que posibilitan que ciertos políticos –demostradamente corruptos por fuerza de las pruebas incontrastables– continúen haciendo campaña proselitista, como si fueran personajes de trayectoria impoluta, apoyados por medios de comunicación convertidos en un tribunal de memoria selectiva que condena a sus enemigos y absuelve a sus socios, aliados o protegidos, aunque sobren las evidencias de manejos turbios en el desempeño de sus cargos. Y, ante tamaña complicidad y complacencia, ahora se pasean orondamente con aires de redentores de la patria, cuando que sus gestiones públicas jamás soportaron una investigación seria y documentada de parte de la Contraloría General de la República.
Hoy se realizan las elecciones municipales en todo el país, de donde saldrán los 263 nuevos intendentes que dirigirán los destinos de sus respectivas comunidades durante los próximos cinco años. Los que han renunciado a la ética como valor insustituible de un medio de comunicación ya no consideran a la capital del Paraguay, Asunción, como la “madre de todas las batallas”, sino a Ciudad del Este, porque ahí fija sus reales el que decidieron que sea el candidato “capaz de derrotar al Partido Colorado”, según sus sesgadas pretensiones. Los que han elegido la estrategia de la campaña sucia para instalar a su candidato no se apartarán de este retorcido camino, porque solo les obnubila sus mezquinos intereses y no la salud de la República. Por tanto, no tienen ningún escrúpulo ni vacilación para sacrificar la verdad, la ética y la sana conciencia, aunque ello implique apostar a la improvisación, la mediocridad y la corrupción.
Nuestras comunidades, especialmente las más pobres del interior del país, ya no pueden caer en manos de políticos inventados desde el engaño publicitario y el falso ropaje de una honestidad de la que no pueden ufanarse precisamente porque es una de sus mayores deficiencias. Alguna vez, estos medios de comunicación –que apuestan incluso a lo peor con tal de derribar a sus enemigos– deberán cargar con el castigo ciudadano. De hecho, desde hace un buen tiempo han perdido –si no toda– gran parte de su credibilidad del pasado. En fin, que hoy sea una fiesta de la democracia y la libertad de sufragar. Aunque los que se creen dictadores de la opinión pública no estarán muy de acuerdo al respecto.