El Gobierno está iniciando un ambicioso proyecto denomi­nado Nueva Ruralidad, que consiste en una novedosa estrategia para hacer crecer las zonas rurales y dar más oportunidades econó­micas a la población del campo, que en el pasado no ha recibido buenas posibilida­des de crecimiento.

El Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) es el encargado de apli­car el nuevo programa, que se puso en marcha el sábado último en el departa­mento de Ñeembucú con el propósito de consolidar una política pública de creci­miento rural, que luego se aplicará a todo el territorio nacional.

De acuerdo con las explicaciones dadas por voceros del ente, el plan consiste en una política de desarrollo integral del campo, con un enfoque de progreso rural desde las instituciones del Estado. Tiene tres ejes: el primero es tratar de asegu­rar el mercado para los artículos que produce la gente del campo, y para ello se pondrán en práctica medidas destina­das a aumentar la productividad, que es el segundo eje. Y, por último, se tomarán medidas para impulsar el arraigo de la gente para que se quede a vivir en su zona de origen mediante inversiones públicas encaminadas a producir el bienestar de las comunidades rurales.

Por mucho tiempo la población campe­sina ha migrado hacia las zonas urbanas por una serie de motivos, especialmente por falta de buenas oportunidades de progreso económico y desarrollo social. No era suficientemente rentable lo que se producía en el campo y los pueblos y ciudades ofrecían propuestas laborales atractivas, aparte de oportunidades de formación y estudio para los niños que no existían en las zonas donde vivían.

Durante el acto del lanzamiento del plan, el presidente del Indert, Francisco Ruiz Díaz, explicó que el trabajo que se reali­zará en Ñeembucú servirá como expe­riencia para promover el desarrollo cam­pesino que luego se extenderá al resto del país. Enfatizó que el eje de la política que se llevará a cabo es lograr el bienestar del campesino y su familia.

Para comprender mejor el proyecto del Gobierno, es bueno entender que la rura­lidad es el conjunto de fenómenos socia­les, económicos y culturales que se desa­rrollan en el espacio del campo. Abarca la baja densidad poblacional, la identidad comunitaria, la relación con el medioam­biente y las dinámicas territoriales que interactúan con las ciudades. Por ello a partir de la regularización de los lotes agrícolas, que es la tarea principal del Indert, se buscará que la gente se arrai­gue en su zona mediante las inversio­nes del Estado que son necesarias para el bienestar de los campesinos. Un dato que ayuda a comprender la importancia de poner en orden la documentación de los campesinos es que solo el 40 % de las tierras productivas están dentro de las reglas legales. Lo que indica que la mayo­ría de los lotes rurales están en el campo de la irregularidad. Otro de los propósi­tos es adoptar medidas para que los jóve­nes del campo se arraiguen fuertemente y no migren a las ciudades. Para lo cual se les brindará un enfoque de negocio a partir de la actividad rural. Entonces se buscará hacer alianzas público-privadas con cooperativas industriales, además de tratar de incluir los productos del campo en los programas de compras públicas y en los acuerdos de comercialización internacional.

El proyecto que se acaba de iniciar en Ñeembucú no es un simple plan que abarcará solo a algunas regiones. Es un programa de alcance nacional que se extenderá en todo el país para sanar una de las grandes heridas existentes, la falta de regularización de la mayor parte de las tierras que por décadas ha sido un problema sin resolver. Que el produc­tor campesino que trabaja un lote rural tenga el título de propiedad de su tierra es de suma importancia, porque ello le permitirá obtener créditos en las entida­des financieras para programas de desa­rrollo y para realizar inversiones enca­minadas a ampliar su producción.

Que solo 4 de cada 10 tierras agrícolas estén en condiciones legales a favor de sus tenedores es lamentable, y encon­trarle una solución adecuada consti­tuye un desafío enorme para el gobierno y la sociedad nacional. Por eso el plan que acaba de comenzar la entidad esta­tal tiene que conocerse y valorarse de manera adecuada para que reciba el apoyo de las instituciones, de las empre­sas y de los ciudadanos del país.

El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tie­rra (Indert) inició el fin de semana la titulación de tie­rras de la Colonia Nueva Mes­tre, con más de 30 años de conformación, ubicada en el distrito de Villa Hayes, Chaco paraguayo.

El presidente del Indert, Francisco Ruiz Díaz, encabezó el acto del inicio de entrega de títulos de propiedad a los poblado­res de la colonia, destacando como un hecho histórico en el marco de la política del Gobierno con la reforma agraria.

“En los 122 años de reforma agraria nunca antes se llegó a titular una colonia completa en el Chaco. Hoy comenza­mos la entrega de títulos de propiedad a los 1.400 campe­sinos de Nueva Mestre”, des­tacó Ruiz Díaz.

El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tie­rra (Indert) señala que la regularización de tierras a favor de trabajadores del campo, a través del proceso de titulación masiva que viene desarrollando el gobierno de Santiago Peña, será un factor decisivo para contribuir en el objetivo para superar el 6 % del producto interno bruto (PIB) que se tuvo en el 2025.

El titular del ente, Francisco Ruiz Díaz, destacó que, por la lógica del flujo económico, la producción rural se sumará, en proyección, a sectores de servicios, ganadería y manufacturas, que fueron claves para el buen porcentaje del PIB del año pasado. Explicó que tiene el mandato del pre­sidente de la República para mantener el mismo ritmo de trabajo.

“Con la documentación requerida, siempre habrá más posibilidades de calidad de vida en los distritos”, pun­tualizó Ruiz Díaz, y agregó que en la última sesión del Gabinete Social se dejó en claro que la macroecono­mía debe tener impacto posi­tivo en la clase trabajadora, lo que posibilitará que las familias de labriegos sean protagonistas económicos.

“También nosotros como Indert debemos aportar para que la mayoría de la población pueda empezar a gozar de los beneficios del crecimiento económico. En este punto, juega un rol crucial la formalidad con la titulación de las tierras”, dijo Ruiz Díaz.

Uno de los temas de gran trascen­dencia social y económica ha sido siempre la entrega y docu­mentación legal de lotes agrí­colas para la población rural de la nación. Debido al crecimiento poblacional, desde hace décadas existe y aumenta el problema de miles de campesinos sin tierra, que no se ha atendido de manera adecuada. Si bien la distribución de tierras agrícolas era la intención política principal proclamada por algunos gobiernos, se ha avanzado muy lentamente debido a inconvenientes varios, entre los que se instalaba también la desho­nestidad de muchos administradores esta­tales, aparte de la incapacidad profesional.

Por ello se hicieron cambios de diversa índole, convirtiendo al Instituto de Bien­estar Rural (IBR) de antes en el actual Ins­tituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert). Pero el requerimiento prin­cipal no era la simple mutación de nombre, sino la capacidad para realizar la transfor­mación agraria, que no se consiguió ade­cuadamente.

Eso cambió radicalmente con el actual gobierno, uno de cuyos principales logros es la distribución de grandes cantidades de títulos de lotes agrícolas a sus propietarios, cosa nunca alcanzada anteriormente.

Recientemente, un político de la oposición quiso desvirtuar el número de documentos de propiedad de tierras que ha entregado el gobierno del presidente Santiago Peña a los productores rurales y señaló que apenas entregó realmente una cantidad mínima, desconociendo los datos oficiales.

Para desmentir y desentrañar esa falsedad, la máxima autoridad del Indert, Francisco Ruiz Díaz, resaltó que el número de títu­los otorgados por esta administración es de 11.200. “Es correcto decir que este gobierno entregó 11.200 títulos de tierras, por más que les duela a muchos”, afirmó el funcionario, haciendo hincapié en que desde el inicio de la gestión actual se agilizó y se multiplicó el suministro de las escrituras de propiedad a productores rurales en cifras muy elevadas, rompiendo todos los esquemas anteriores.

Para ello no hubo necesidad de realizar mila­gros ni recurrir a mentiras fastuosas, sino simplemente agilizar los procesos burocrá­ticos y acelerar los trabajos de distribución mediante una mejor organización y mayor esmero en la tarea. Gracias a ello se triplicó el otorgamiento de las documentaciones rura­les de 900 títulos por año que eran el prome­dio de las administraciones anteriores.

En cinco años de tarea, el gobierno de Mario Abdo Benítez distribuyó 6.000 títu­los de propiedad, cosa que la administra­ción encabezada por el presidente San­tiago Peña está por duplicar en dos años y tres meses. Los 11.200 entregados hasta ahora representan el 186,6 % de las escri­turas propietarias proporcionadas por el gobierno anterior durante el quinquenio que duró su gestión.

El titular del Indert resaltó que la institu­ción está trabajando para multiplicar la dis­tribución de las propiedades rurales. “Que­remos llegar a entregar 50 mil títulos. Si a la gente le está asustando porque entregamos 10 mil, lo que se está viniendo les va a asus­tar más”, manifestó.

El trabajo que realiza el organismo estatal ha sido reconocido internacionalmente por una organización de las Naciones Unidas, la FAO, por la gran cantidad de tierras que viene distribuyendo a las mujeres rura­les. La entidad dedicada a la alimentación y la agricultura en todo el planeta entregó al Indert un premio equivalente a 250.000 dólares, que se destinará a fomentar la dis­tribución de títulos de propiedad a las muje­res que son jefas de hogar, lo que será una gran ayuda para el fomento de la propiedad agraria que está impulsando el Estado.

Este gobierno ha facilitado el acceso al título de propiedad a las mujeres mediante varias medidas. Una de ellas es que las tasas de interés que pagan por los lotes se redujeron a cero para las damas. Por lo cual uno que costaba 216 millones de guaraníes se reduce a 140 millones de guaraníes para las mujeres. Los intere­ses de los créditos rurales para los hom­bres siguen en el 12 % anual.

Teniendo en cuenta la mejor organización montada para agilizar los trámites de con­cesión de las tierras rurales y las facilida­des que está proporcionando, el propó­sito de entregar 50.000 propiedades en los cinco años de este gobierno es perfecta­mente realizable. Si en dos años el Indert logró proporcionar 11.200 títulos, en los casi tres años que restan todavía se pue­den alcanzar los 38.800 nuevos que faltan. A eso apunta la gestión que está llevando a cabo la entidad agraria.