La política dejó de convertirse en un espacio para intercambiar o contrastar ideas con el propósito de acceder a la verdad por el método del razonamiento y la reflexión lógica. Y, por el contrario, se ha transformado en un territorio de denostaciones, ofensas y manipulación de los hechos, donde la infamia y la ruindad se impusieron a la decencia y la integridad intelectual, que evita los maliciosos sesgos, asumiendo errores y exponiendo los acontecimientos con la requerida imparcialidad. En nuestro ambiente, hace años que el fanatismo –que obnubila y entorpece el ejercicio democrático del debate sereno y honesto– ha marcado el rumbo de las discusiones. Nadie ve más allá de la punta de su propia nariz ni escucha más voces que las que surgen de su interior.
En esas condiciones, el panorama que tenemos en la gestión del Estado es similar a dos bueyes que estiran la carrera cada uno por su lado, en vez de hacia adelante y de manera rítmica y sincronizada. A esta situación debemos añadir la agravante de que la dispersión inútil de las fuerzas ocurre dentro de un mismo partido político, un lugar –se supone– donde los militantes deberían estar unidos en los fundamentos ideológicos que promueven y defienden, y no en los personalismos tan mezquinos como estériles. Por eso, desde hace tiempo venimos observando que los hombres sellan con su marca personal a las organizaciones partidarias, alejándose de los principios doctrinarios que forjaron durante su itinerario de luchas, reivindicaciones y formulaciones programáticas acordes con las conquistas sociales que reclamaba cada época. Conquistas sociales que no estaban subordinadas a los objetivos de los grupos poderosos que históricamente pretendieron someter a nuestro pueblo a la explotación y el vasallaje.
Y en esas batallas, los representantes más ilustres del Partido Nacional Republicano inauguraron por primera vez en el Paraguay, al decir de Roberto L. Petit, las cruzadas por la justicia social. Levantaron las banderas de los desheredados de la tierra, los obreros, los campesinos, los jóvenes y las mujeres, dejando un legado honroso para las generaciones que habrían de venir después. Lo hicieron con gallardía y pundonor. No retrocedieron ante las arbitrariedades del poder de turno –a veces, del mismo partido– ni pudieron ser intimidados por las amenazas, las prisiones y el exilio. Hoy, en la distancia, hay que escudriñar no solamente el comportamiento y las lecciones de coraje de estos antiguos líderes, sino, también, hurgar nuevamente en los papeles originales que dieron nacimiento y andamiaje a este partido: el Manifiesto del 11 de setiembre de 1887 y la Declaración de Principios del 23 de febrero de 1947.
A partir del 4 de mayo de 1954, fue desviándose la línea ideológica del partido creado por el general Bernardino Caballero, lugarteniente del mariscal Francisco Solano López y sobreviviente del genocidio de la Guerra Grande. Su programa de nacimiento es de meridiana claridad. No admite interpretaciones liberalizantes que beneficien a la rancia oligarquía, la minoría privilegiada, en detrimento de las clases populares. En sus párrafos puede leerse esa consigna que determina a fuego su proyección programática: “Leyes sabias y protectoras” para los más débiles. Si todos los integrantes de la representación popular –Poder Ejecutivo, senadores, diputados, gobernadores e intendentes– entendieran la profundidad de este mensaje, no estarían disputando el poder por el torcido camino de la intolerancia, la maledicencia, la calumnia y la indisimulada ojeriza para destruir al otro. Aniquilarlo políticamente. No se ofrecen virtudes propias al electorado, sino el vicio –real o falso– de los “enemigos”. Porque a este extremo de gravedad hemos llegado: los adversarios pasaron a llamarse enemigos.
Con el resabio maniqueísta de los buenos y los malos, la luz y la oscuridad, las disidencias se afanan en dividir a la sociedad bajo argumentos emocionales, generando sentido de pertenencia, por un lado, y aversión, por el otro. Y así, cada buey va tirando la carreta hacia los costados, impidiendo que el país pueda avanzar hacia una meta de prosperidad y bienestar general, sin exclusiones odiosas ni irritantes privilegios.
Hemos alcanzado este punto crítico, porque fueron escasos los gobiernos de la transición democrática que realmente se preocuparon por la promoción y el fomento de la cultura. Y el resto, aun peor, porque nunca pudo entender que, sin ese telón de fondo, ninguna transformación o cambio importante en la sociedad tendrá sostenibilidad ni durabilidad en el tiempo y, simplemente, se limitará a su ejecución efímera el tiempo de cinco años que dura un gobierno, para, luego, volver a empezar todo de nuevo.