El próximo miércoles 1 de julio, el presidente de la República, Santiago Peña, deberá cumplir con lo que dispone el artículo constitucional 238, inciso 8, en cuanto a sus deberes y atribuciones: “Dar cuenta al Congreso, al inicio de cada periodo anual de sesiones, de las gestiones realizadas por el Poder Ejecutivo, así como informar de la situación general de la República y de los planes para el futuro”.
Algunos expertos extranjeros que habían ocupado cargos de relevancia en el entorno inmediato de los jefes de Estado de sus respectivos países recomendaban que el discurso debía centrarse en tres o cuatro ejes bien específicos que marcan la impronta de su gobierno y que se correspondan con sus plataformas de campañas electorales. “No hay que convertir el mensaje –decían explícitamente– en un ladrillo difícil de tragar”.
Y aconsejaban que los demás detalles, números y estadísticas, hasta las más pequeñas acciones de su gestión, deberían incluirse en una publicación que se reparta entre los legisladores y que esté a disposición del público en general en las distintas plataformas del Gobierno.
La idea planteada por estos tecnopolíticos es que sea un escrito didáctico y digerible, de fácil atención y comprensión para todos. Pero que, al mismo tiempo, señale con claridad los logros, avances, proyecciones y compromisos del mandatario con su país y la ciudadanía. Sobre todo, que contemple las reglas de la buena redacción en cada párrafo: sencillo, claro y conciso.
El propósito central es que la comunicación al pueblo sea efectiva y asertiva. Creíble. Que el destinatario pueda decodificar los mensajes sin mucho esfuerzo y que consigan generar una devolución –favorable o crítica– al emisor.
De lo contrario, nadie se animará siquiera a escucharlos, como ha ocurrido en las últimas décadas, salvo durante la larga hegemonía de Alfredo Stroessner, en que una inmensa cantidad de personas estaban prendidas a sus radios para, luego, halagar al dictador a través de sus lacayos, diseminados a lo largo de todo el territorio nacional. Que no eran solo obsecuentes, sino sumamente peligrosos.
Pero volvamos al tiempo reciente. En los primeros años de la transición democrática, un régimen que se había inaugurado el 2 y 3 de febrero de 1989, teníamos un auditorio expectante por conocer las buenas nuevas sobre un Estado garante de la justicia, de la libertad, de la equidad social, del pluralismo y de la separación de poderes, conceptos totalmente nuevos en cuanto a su ejecución práctica.
Sin embargo, esa ilusión rápidamente se esfumó porque en los periodos siguientes, más que “dar cuenta al Congreso” como representación popular, los presidentes de turno –quizás con una o dos excepciones– pretendían el lucimiento personal con frases tan rimbombantes como carentes de sustancia y contenido real, palpable, verificable.
Nos referimos a datos que no puedan ser desestimados o refutados desde la simple opinión. Porque cada año, desde la disidencia interna del Partido Colorado o desde la oposición, estos mensajes son desacreditados a partir del discurso y, a veces, hasta con justificada razón por los motivos que explicamos precedentemente: palabras que no se compadecen de la realidad.
El mandatario Santiago Peña tiene por delante dos años más de gobierno y tres mensajes presidenciales. Su periodo concluirá el 15 de agosto de 2028. El tiempo se agota. Y la gente exige resultados más allá de una macroeconomía estable. Debe enviar señales inequívocas a la sociedad, mediante signos que puedan ser interpretados sin interferencias.
Que lleguen directamente a la población, especialmente a los sectores más vulnerables e históricamente postergados que, a pesar del modelo democrático en el cual vivimos, todavía no logran alcanzar el sueño de la “tierra sin mal”.
En términos actuales diremos que precisamos, con urgencia, una democracia sustantiva, una democracia que no se agota en la formalidad de las elecciones libres, universales y transparentes, que son el origen de la legitimidad de un gobierno.
Decimos origen, porque cada administración también debe justificarse en el ejercicio de sus funciones. El mensaje presidencial tiene que despertar nuevamente las expectativas de las familias paraguayas.
Peña es un hombre ilustrado en su profesión. No obstante, tenemos que reconocer que una gestión exitosa depende –en un amplio porcentaje– de la capacidad de elegir buenos asesores.
Más allá de que nuestra selección de fútbol haya clasificado para una Copa Mundial de la FIFA, la ciudadanía esperará recibir un mensaje que pueda darle la esperanza de que seguimos caminando hacia ese destino de bienestar y de grandeza que nos merecemos todos los paraguayos.