El lunes último se recordó el jura­mento de la Constitución Nacio­nal que rige desde hace 34 años y está marcando la consolida­ción de la democracia de nuestro país, con el fortalecimiento de las institucio­nes republicanas y el respeto de los dere­chos y libertades ciudadanos que hoy son partes fundamentales de la vida del país. Para una nación que ha tenido lamenta­bles experiencias de dictaduras políticas en el pasado intensificar la democracia y la vigencia de las normas de conviven­cia pacífica son primordiales. Por lo que conmemorar este nuevo aniversario de la Carta Magna tiene gran significación. No es cualquier fecha, sino el paso crucial que ha dado la República del Paraguay en esta etapa de su historia para vivir en el marco del respeto a las leyes y a las instituciones democráticas.

Para valorar la importancia de la máxima ley de la nación hay que tener en cuenta que fue concebida para hacer realidad la vigencia de las libertades y derechos de los que habitan este suelo luego de lamen­tables experiencias de totalitarismo que provocaron centenares de muertes violen­tas, el enfrentamiento armado entre dife­rentes grupos políticos y el exilio de miles de personas. Con la Constitución de 1992 los paraguayos ya no son expulsados de su suelo ni perseguidos por sus posturas polí­ticas o ideológicas y pueden vivir en su país, como lo que es, su tierra propia. No es una nación perfecta, pero ya no resulta un lugar de intimidación y hostigamiento de las per­sonas.

La mejor convivencia se debe en gran medida a que en la Carta Magna se introdujeron mecanismos que limitan la concentración del poder, con el fortalecimiento del papel del Poder Legislativo. También se han estable­cido de manera clara disposiciones para pro­teger la libertad de expresión y garantizar la prensa libre y el respeto al trabajo periodís­tico.

Como señaló recientemente un exconven­cional constituyente de 1992, la elabora­ción de la nueva ley máxima fue posible mediante un gran pacto político, social, económico y cultural, que se construyó mediante el consenso entre distintos sec­tores de la sociedad paraguaya. Y lo resal­tante es que, a pesar de las crisis y proble­mas enfrentados por el país en estas tres décadas que han pasado, se la ha man­tenido en plena vigencia, con elecciones libres, el respeto a las libertades funda­mentales y la participación de los ciudada­nos sin trabas ni restricciones de ninguna laya.

Por eso la instauración, por ley, del feriado del 20 de junio para recordar el juramento a la Constitución Nacional tiene una alta sig­nificación histórica y política. No es cual­quier fecha, sino un día de fuerte impacto en la vida de la ciudadanía.

El presidente de la República, Santiago Peña, que promulgó la ley respectiva, resaltó que la Carta Magna tiene un carác­ter transformador y que su aprobación marcó el nacimiento de un nuevo tiempo para la nación paraguaya. Resaltó que la nueva Constitución posibilitó la consolida­ción de la democracia, el fortalecimiento del respeto a los derechos, la garantía de las libertades públicas y la construcción de las instituciones que hacen posibles resol­ver las diferencias dentro del marco de las leyes.

Algunas de las disposiciones de relevancia de la Constitución de 1992 preservan los derechos más importantes de la persona humana y la sociedad. Como el de la exis­tencia, que en el Artículo 4.° señala que el derecho a la vida es inherente a la persona humana y que está garantizada su protec­ción desde la concepción de la persona. Por lo que queda abolida la pena de muerte. Establece además que toda persona será protegida por el Estado en su integridad física y síquica. También prohíbe la tortura, así como las penas, tratos crueles, inhuma­nos o degradantes. Dispone que el genoci­dio, la tortura, la desaparición forzosa de las personas, el secuestro y el homicidio por razones políticas no tienen prescripción jurídica.

Otra de las disposiciones de gran valor es que garantiza la libertad de expresión, de prensa, de la difusión del pensamiento y opinión, sin censura, y prohíbe crear leyes que la restrinjan. Dispone que toda persona tiene derecho a generar, procesar o difundir información, como utilizar cualquier ins­trumento lícito para tales fines.

Por todo lo señalado hay que resaltar que la Constitución Nacional no es solo la norma más importante, constituye además el com­promiso primordial de todos los que habitan el país.