Es inadmisible y un desprecio a la vida que, a 14 meses del derrumbe de un edificio en Encarnación, se siga dilatando trámites clave para que el peso de la ley caiga sobre los responsables de la desidia y la corrupción que ocasionaron el luctuoso suceso en el que perdieron la vida una joven de 15 años y su abuela.
La Justicia no debe seguir aplazando sus veredictos. Hay dos víctimas fatales y familiares mutilados que claman por una investigación más eficiente para que la sentencia de los tribunales llegue a todos los involucrados en la fallida obra. La excesiva demora en la Justicia levanta todo tipo de sospechas, más aún cuando el caso implica a la máxima autoridad municipal y un diputado nacional cuya empresa participó de la construcción.
La primera imputación fiscal reveló que los controles en el proceso constructivo fueron totalmente omitidos, esta desidia permitió que los dueños del edificio elevaran más pisos sobre una estructura que no iba a soportar más metros en altura y la obra se vino abajo el 2 de abril de 2025. El intendente de Encarnación, Luis Yd, su director de obras René Miglio y otros subordinados implicados fueron imputados por la fallida construcción.
Yd y sus funcionarios no solo se desentendieron de los controles que son de su responsabilidad, sino blanquearon de manera alevosa con una irrisoria multa el mal procedimiento de más pisos de una estructura que no aguantaba, principal causa del desmoronamiento del edificio. Sin embargo, este avance de la investigación fiscal todavía no es suficiente, puesto que existen otros involucrados que a más de un año del derrumbe, siguen al margen de un proceso judicial que aclare sobre sus roles en el caso.
El fallido proyecto tiene detrás vinculaciones políticas con exitosos negocios que fueron facilitados por la suspicaz negligencia municipal. Llamativamente, la responsabilidad en el siniestro de empresas de estos poderosos, como el caso de la concretera del diputado liberal Carlos Pereira Rieve, sigue siendo un misterio, precisamente porque el estudio pericial, trámite clave de la investigación, tiene un retraso de 6 meses.
No olvidemos que la empresa del diputado liberal fue la responsable de cargar el hormigón en zapatas, losas, vigas, etc., de la estructura caída. No es menos relevante que Pereira Rieve sea aliado de Yd y aspire al cargo de intendente de Encarnación, lo que podría blindar muchos datos sobre el edificio derrumbado.
La pericia es fundamental para identificar las fallas y los responsables, pero todavía sigue en espera por razones desconocidas. La Fiscalía había dado un plazo de 90 días para la conclusión del informe pericial, debía entregarse a fines de 2025, pero hasta este momento no se sabe cuándo habrá un dictamen. Lamentablemente, nadie brinda explicaciones al respecto.
El análisis pericial incluye determinar la calidad del hormigón, la resistencia del mismo y de la estructura que debía soportar el concreto. También el relevamiento pormenorizado de las secciones estructurales, los planos de las mismas, etc. Viendo la información que puede recabar analizar el informe pericial es inconcebible que no se dé la prioridad que requiere y se siga postergando las conclusiones.
¿A quién se protege en este caso? ¿Quiénes se benefician con el no esclarecimiento del siniestro? Obviamente familiares víctimas no, por el contrario, siguen siendo relegados en su búsqueda de justicia para sus seres queridos muertos. La Justicia tiene que aplicar firmeza y exigir el dictamen de los datos estudiados. No se puede seguir especulando sobre un hecho tan sensible en el que se debe dilucidar los pormenores de las causas del fatal suceso.
Si el objetivo es llegar a la verdad y responder al clamor de justicia de los familiares de las víctimas del edificio colapsado en Encarnación, no se puede seguir dilatando los trámites clave de la investigación.