Paraguay viene reduciendo sustancialmente el riesgo país en el gobierno del presidente Santiago Peña, cuestión que merece nuestro detenimiento para que la información y el respectivo análisis lleguen de modo veraz especialmente al público que recibe otras declaraciones sobre este tema, las más de las veces con el objetivo de desacreditar este indicador y así menoscabar la gestión gubernamental.
El riesgo país, como se sabe, es un indicador importante en el contexto global y se convirtió en un elemento importante para determinar la viabilidad de los compromisos a cumplirse en cuestiones que hacen al cumplimiento por parte de un Estado con el pago de su deuda externa. Es como un reflejo de la confianza o desconfianza de los mercados internacionales en la economía e influye sobre los costos que un país debe pagar para financiarse. Como se podrá notar, solo en esta introducción ya encontramos algunos detalles que requieren ser difundidos en su correcta acepción para no tener que caer en la injundia e ignorancia de los que se refieren sobre este tema.
En efecto, cuando baja el riesgo país, las posibilidades de que el Estado y el sector privado conformado por las empresas se ven beneficiados conjuntamente porque el costo de futuros financiamientos se ven influidos con menores trabas burocráticas y sobre todo en las tasas de interés, expandiéndose de esta manera el mercado capitales, tan necesario para las inversiones y la creación de puestos de trabajo en cualquier lugar del planeta.
De modo que si un Estado mediante la administración del gobierno de turno en el poder en ese momento se muestra creíble porque cumple en tiempo y forma sus compromisos, también obtienen ventajas los sectores privados involucrados en la tarea de invertir en más negocios, todo lo cual es de impacto positivo sobre la economía en su conjunto.
Ahora bien, para que dicho escenario pueda darse y fructificar la baja en el riesgo país también los inversionistas locales como foráneos, son beneficiados con aquel cumplimiento en el compromiso de la deuda contraída por el gobierno.
Cuanto más bajo el riesgo de un país determinado quiere decir –y lo siguiente es muy importante para tomar en cuenta– quiere decir que existe estabilidad política y solidez institucional. Esto último ocurre en los países democráticos expuestos permanentemente a la discusión sana y constructiva por parte de sus ciudadanos.
Por supuesto, nos referimos a la discusión que trae consigo propuestas sensatas adosadas de críticas con argumentos que la gente sabrá apreciar en las respectivas elecciones de autoridades. Así es como funcionan las sociedades libres.
En el caso de nuestro país y con referencia al tema aquí expuesto, ocurre que estamos ubicados como el tercer país con menor nivel de riesgo en la región, en el que Uruguay ocupa el primer lugar, luego Chile y Paraguay, de acuerdo a los datos proveídos desde el Indice EMBI (Emerging Markets Bond Index) de la J. P. Morgan Chase, calculado según el indice de rendimiento que pagan los bonos soberanos emitidos por países emergentes en dólares y los bonos del Tesoro de Estados Unidos.
Esto es, un EMBI alto implica dificultades para pagar deudas y un EMBI bajo indica mayor confianza de los inversores. Efectivamente y como decíamos más arriba, no se trata solo de pagar deudas sino del prestigio que tiene un país desde el gobierno ante los mercados globales que informan a las empresas si resulta prudente o no invertir en un país determinado, siempre tomando en cuenta las cuestiones relacionadas a la política como la estabilidad y el cumplimiento de la supremacía de la legalidad constitucional.
En ningún momento ni en ningún lugar del mundo, la economía es un compartimiento estanco de la política y viceversa. Ambas se relacionan íntimamente al punto que una economía en crecimiento, como lo es la nuestra, es el resultado de la fortaleza en el cumplimiento de sus normativas internas de política y economía aplicadas en su territorio. Es por ello que el menor riesgo país que viene obteniendo nuestro país –y que algunos desprecian– va más allá de los compromisos en el pago de la deuda.