El gobierno del presidente Santiago Peña se mantiene firme, a la fecha, en reducir el déficit fiscal que había trepado a más del 5 por ciento, antes de asumir su gestión. El déficit fiscal está llegando a lo establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal que establece un porcentaje del 1,5 por ciento con relación al producto interno bruto (PIB). Fue la administración actual la que desde el inicio de su gestión propuso como uno de sus objetivos reducir el déficit fiscal dado que, cuando había asumido, el porcentaje heredado del anterior gobierno conspiraba contra toda posibilidad de obtener el tan ansiado grado de inversión, además, implicaba desorden en las cuentas públicas con efectos sobre el crecimiento de la economía.
Estas situaciones fueron bien expresadas desde un comienzo por el Ejecutivo nacional. El Gobierno está haciendo bien la tarea de reducir el déficit fiscal y consolidar el orden monetario. Fue así que se logró por primera vez en la historia del país el grado de inversión y no solo uno, sino dos. Primero por parte Moody’s y luego por la Standard & Poor’s (S&P) agencias calificadoras de estatus internacional de afectación global. Estos datos son suficientes para entender lo que significa bajar el déficit fiscal respetando la correspondiente ley fiscal. Los portafolios de valores e inversiones de las empresas que se movilizan en el mercado global empiezan por tales motivos a visibilizar a nuestro país como un lugar interesante por su predecibilidad para el retorno de sus respectivas inversiones.
Esta cuestión en ningún modo es, e insistimos con énfasis, un tema técnico distanciado de los intereses de la gente de a pie, del ciudadano que desea mejorar sus condiciones de vida junto con la de sus familias.
Es un tema vital. Significa que el dinero que obtienen las personas y las empresas privadas va a lograr sostenerse y aumentar su poder adquisitivo por la menor incidencia de los pagos a realizarse para cubrir el déficit fiscal, ya sea mediante deudas, inflación o directamente con nuevos impuestos o subiendo los existentes.
La presión de ciertos medios y analistas que insisten en aumentar el déficit fiscal para honrar los compromisos y financiar las obras públicas y otras de carácter social es otra “cáscara de banana” puesta adrede para perjudicar al Gobierno. A los propulsores de tan absurda propuesta no les interesa las consecuencias de tal malsana medida porque no les interesa que la población sea la que pronto se encargará de pagar el nuevo festival de dinero con impuestos, deudas e inflación.
El aumento del gasto público en la situación en la que se encuentra la recaudación impositiva y en particular el delicado contexto internacional resulta una amenaza para el futuro del país. Los costos se pagan muy caro en todos los países y más en uno emergente como el nuestro.
“No hay almuerzo gratis”, decía Milton Friedman, Nobel de Economía. El Gobierno debe mantenerse firme en su postura inicial de cumplir con la ley de responsabilidad fiscal del 1,5 del PIB y no pisar la cáscara de banana de los que desean fracase. Elevar el tope del déficit fiscal implicará una flexibilización que no será transitoria, sino que se convertirá en permanente hasta abrir un nuevo escenario fiscal y monetario más laxo supeditado a la mera coyuntura sin tomar en cuenta el largo plazo.
Sobre los compromisos del Estado, consideramos que las deudas atrasadas ya cuentan con un programa de pago y un modo de ejecución que está siendo puesto en marcha por medio del factoring. Esta modalidad, es cierto, es un caso especial tomando en cuenta la coyuntura por la que atraviesan las contratistas y empresas vialeras. Deben pagarse las deudas para evitar mayores atrasos. Esto es absolutamente posible, vendiendo los certificados de obra al sistema bancario para obtener liquidez, mientras el Estado abona a los bancos en el plazo que corresponda.
Este es un caso especial, insistimos, pero realizable, que permite mantener lo importante, esto es, el equilibrio fiscal de acuerdo a los recursos obtenidos con las recaudaciones del fisco que, por cierto, en el Estado “hay mucha tela que cortar”, para de ese modo contar con cada vez más recursos genuinos.
Pero, salir de la sana práctica que viene realizando el Gobierno para saltar a otro esquema basado en elevar el tope del déficit para gastar más de lo que se recauda, será una señal negativa que impactará sobre el riesgo país y de ese modo sobre las inversiones nacionales como extranjeras.
Además, cambiar el modelo de limitación del gasto público – valorado en el ámbito internacional como algo a imitar en otros países– en ningún modo corregirá el problema de fondo de las finanzas y de la economía que consiste en que Paraguay debe inexorablemente seguir haciendo reformas y más profundas abriendo más espacios de libertad económica.
Esta es la única manera para que el dinero cuente con cada vez más poder adquisitivo, se creen puestos laborales y aumenten los salarios, todo en beneficio de la población. Es por ello que el Gobierno debe mantenerse firme en seguir reduciendo el déficit fiscal.