Por diversas razones, el acoso y la violencia en los establecimientos educativos siguen sorprendiendo a la población con diversos casos que en la medida que trascienden, alarman sobre la situación de la población infanto-juvenil. Esta realidad exige hoy nuevas estrategias, protocolos capaz más rigurosos que puedan frenar este agobiante flagelo.
Las autoridades, los responsables de instituciones pertinentes como la comunidad en general deben ser conscientes de que la violencia desatada en las escuelas y que continuamente son noticia por los diferentes medios de comunicación constituye un problema que requiere de un tratamiento cuidadoso, impostergable por el grado de delicadeza.
Un sector muy vulnerable de la sociedad como son los niños y jóvenes viven hoy en un contexto en el que todo es acelerado, la innovación tecnológica cambia de manera rápida y los paradigmas de relacionamiento suelen resultar más que confusos. Padres físicamente más ausentes de sus hogares y una presión social de ciertos estándares de vida que a veces no concuerda con las realidades, frustran y confrontan en cualquier circunstancia.
Es urgente encontrar el camino para recuperar los valores como sociedad entre los que la disciplina no puede quedarse atrás en la formación d ellos niños y adolescentes.
Los eventos que vienen apareciendo en los últimos años y que muy frecuentemente son sometidos en una comparación con la educación de antes, todavía no abre posibilidades reales en una lucha más eficiente contra el acoso escolar llamado (bullying), la discriminación, la violencia física y tantas otras modalidades de maltrato.
Todavía sigue siendo una discusión que no dirige a ningún lado si el modo en que antes se educaba a los niños y jóvenes era mejor que los sugeridos en la actualidad en las diferentes familias e instituciones educativas. Mientras esta dicotomía en las posiciones sigue latente, vemos cómo los números de casos de acoso y violencia no dan tregua a la tranquilidad de la sociedad.
El reciente evento de violencia en una escuela de la ciudad de Ñemby, en el que se ve a un adolescente que posee una discapacidad y sufre epilepsia ser brutalmente golpeado en plena sala de clase, de vuelta revivió la impotencia de la ciudadanía de seguir tolerando estas situaciones que, hasta ahora no tienen fin.
Como lo sucedido con el joven estudiante de Ñemby existen otros niños y adolescentes convertidos en víctimas de una manera normalizada en la que el entorno se ha desentendido totalmente de la solidaridad y la empatía. Esto en un contexto mayoritariamente de frialdad ciudadana y un plantel docente desprovisto de atribuciones al punto de verse superados por el miedo para la intervención en estos casos complejos en los que la propia familia ejerce un rol muchas veces negacionista de lo que afecta a los hijos.
Este año, en nuestro país apareció una serie de amenazas de tiroteos en escuelas que se atribuyen a retos virales en redes sociales y que generan mucho pánico en la población. Los ejecutores de estas peligrosas advertencias argumentan “bromas de mal gusto”; sin embargo, los especialistas ya alertaron en varias ocasiones de que resulta más riesgosa aun la situación si estos casos son considerados simplemente como acciones jocosas.
La situación de violencia en las instituciones educativas volvió a movilizar a las altas autoridades del Gobierno que están en un proceso de replanteamiento de los protocolos de seguridad. Necesariamente, tienen que encontrar alguna alternativa para amortiguar el problema de inseguridad e inconducta que afecta a niños y jóvenes.
Las formas de violencia lastimosamente se innovan cada vez más. La situación no puede seguir acreditando sencillamente a la inmadurez o a la efervescencia de una adolescencia que solo busca divertirse. En la realidad saltan episodios que pueden llevar a circunstancias muy drásticas e irreversibles y de eso no podemos ser responsables como sociedad.
Urge atender los problemas juveniles de la manera más sincera posible para así hallar soluciones reales, tangibles que los guie en el proceso de sus respectivas como personas y futuros profesionales. El Estado debe invertir los recursos que fueren necesarios para salvaguardar a este sector sensible y fundamental en la estructura social.