Tanto el alza como la baja de los precios de los principales pro­ductos de consumo son fenóme­nos que tienen fuertes reper­cusiones en la sociedad. Sobre todos los aumentos, que ponen en peligro la calidad de vida de los sectores sociales que tienen menores ingresos.

Debido a ello el descenso de los precios de las mercaderías de consumo habitual tiene una gran relevancia en el presu­puesto familiar y en toda la sociedad. Ya que significa gastar menor cantidad de dinero, sentir menos peso en el presu­puesto de gastos, lo que implica un impor­tante alivio económico.

En el caso de los artículos que se impor­tan de otros países, uno de los elementos que actúa para su aumento o descenso de precios es la cotización en guaraníes de la moneda en que se los adquiere, el dólar norteamericano. Con un menor valor de esa moneda, baja el costo financiero de la importación, por lo que las mercade­rías y servicios que se traen del exterior cuestan menos en términos de dinero, lo que tiene que traducirse en la disminu­ción del precio final en que se los vende. Esto es lo lógico. Pero ocurre que en estos momentos la caída del costo de los pro­ductos importados no se está traduciendo en los precios, que no bajan, un hecho que suscita la reacción de los consumidores y preocupa a las autoridades nacionales.

“Cuando vemos que los precios suben, los ajustes son inmediatos. Pero cuando hay una depreciación del tipo de cambio, una disminución de precios, esto lastimosa­mente no se da”, dijo el presidente de la República, Santiago Peña, para graficar lo que pasa en estos momentos en que, a pesar de la disminución de más del 20 % de la cotización del dólar, los comercios no están bajando los precios de los pro­ductos importados. Algo muy difícil de entender, según el más elemental razo­namiento lógico, pues si disminuyen los costos, el valor real de los productos, lo esperable es que también desciendan los precios al consumidor final.

Algunos empresarios han tratado de explicar los motivos por los que no se reducen los precios a pesar de la importante baja del tipo de cambio del dólar. Algunas explicaciones no son muy convincentes teniendo en cuenta la apreciación que se puede tener de la realidad, pues no resulta fácil entender que 4 menos 2 es igual a 3, cuando por lógica matemática y deducción racio­nal no es así.

El primer mandatario explicó en un pro­grama periodístico que, a través de los organismos que tienen competencia en el tema, el gobierno está procurando que la mayor cotización de la moneda nacio­nal frente al dólar se traslade a los pre­cios al consumidor, con un descenso en el valor de compra final de los artículos importados.

El Poder Ejecutivo está trabajando, a tra­vés de la Secretaría de Defensa del Consu­midor y el Usuario (Sedeco) y la Comisión Nacional de la Competencia (Conacom), para analizar el comportamiento de las entidades comerciales. La idea es ver si se están produciendo actos de manipula­ción de precios que van en perjuicio de los consumidores, como alzas indebidas en el valor final de las mercaderías y servicios.

El tema no es de muy fácil solución teniendo en cuenta la libertad de comer­cio que existe en el país, con acento en el libre mercado. Pues el gobierno no puede obligar a ningún comerciante que ponga un valor determinado al producto que comercializa.

Pero en la vida cotidiana existen hechos y reglas muy importantes que ayudan a los consumidores. Por ejemplo, si un vendedor pone precios más altos en un producto que los otros para tener más ganancias, se encontrará con que los compradores irán a los negocios que ten­gan valores más bajos. Que es el princi­pal motivo por cual no se puede elevar los precios a cifras no razonables, ya que con ello se espanta a la clientela.

Por eso es fundamental que los consumi­dores tengan suficiente información para percatarse dónde y cómo se obtienen los valores más convenientes tanto en cali­dad como en los precios finales de los pro­ductos y servicios que requieren.

Los organismos públicos tienen que vigi­lar que no haya ningún tipo de abuso y, si lo encuentran, que actúen de acuerdo a las disposiciones legales vigentes. Siem­pre respetando la libertad comercial y aplicando las leyes vigentes.