A medida que avanza la gestión del actual gobierno que logró más que importantes logros como el doble grado de inversión, la reducción del déficit y la inflación, al igual que bajar el riesgo país acompañado de inversiones en varios sectores de la economía, en este momento a algunos se les viene ocurriendo elevar el déficit fiscal al 2,5 por ciento con relación al producto interno bruto (PIB) violando la regla institucional más importante con el que cuenta el país establecido para un déficit de no más del 1,5 por ciento del PIB.
En efecto, la Ley de Responsabilidad Fiscal aprobada en el año 2013 durante el exitoso gobierno del presidente Horacio Cartes para frenar el aumento descontrolado del gasto público, es una regla institucional que recibió halagos incluso de orden internacional y es nombrado en conferencias y foros de estudios en la materia, dado que con la misma se consolida lo que todo país necesita y desea, esto es, la estabilidad macro económica, propiciadora del ahorro y la inversión privada.
La misma es el principal incentivo que tienen las inversiones tanto nacionales como extranjeras para colocar sus capitales en cualquier lugar del planeta; pero para ello debe existir certidumbre institucional y que nuestro país ha logrado forjar.
De hecho, con la Ley de Responsabilidad Fiscal se fueron logrando consecuencias nunca antes vistas, como el hecho cierto de contar en Paraguay con un modelo económico envidiable.
Un logro económico envidiable, decíamos, porque aquella regla fiscal es una de las causantes de lo que bien podríamos denominar como milagro económico en atención a que el Paraguay logró lo que muchos países desearía. En estos años, la Ley de Responsabilidad Fiscal ha venido ofreciendo ese escenario de seguridad que llevó al país a quintuplicar su producto interno bruto, pasando de ocho (8) mil millones de dólares a más de cincuenta (50) mil millones de la misma moneda en las últimas décadas.
Y como decíamos, una de las causales es la seguridad expresada en sus reglas de juego institucionales que hicieron de las finanzas públicas una fuente de confianza que, como también sabemos, hizo que por ejemplo se redujera la pobreza monetaria el año pasado, ubicándose en dieciséis (16 %) por ciento, lo que representa que más de 213 mil paraguayos lograron salir de la precariedad para mejorar sus condiciones de vida.
Sin embargo, y tal como venimos escuchando con cada vez más reiteración, se pretende cambiar aquella regla fiscal para que la misma supere su límite para situarse a más del 2,5 por ciento del PIB. Los que están detrás de esta malsana intención desde luego desconsideran algo fundamental que al no tomarlo en cuenta les hace ver tal como son: están lejos y en contra del pueblo.
Están lejos y en contra del pueblo porque; primero, un cambio en aquella regla de carácter institucional emitiría una señal de alerta roja para las inversiones. Sería como si alguien esté haciendo bien sus deberes y por un contratiempo se le ocurre volverse desordenado y poco serio con tal de pasar el problema circunstancial que tiene.
Esto, de darse, demostraría que todo lo que se estaba haciendo dependía de los vientos favorables y ahora que se tiene que cumplir con ciertas deudas (como sin duda sucede con las empresas constructoras a las que el gobierno dijo les pagaría) entonces se puede apelar a cualquier solución aunque ello implique llevar al país hacia una tormenta de la que no saldrá ileso.
Segundo, los que plantean el cambio de la regla fiscal, por lo visto, no toman en cuenta que la ampliación del déficit fiscal significa inexorablemente preparar el camino para aprobar y/ o crear nuevos impuestos, gravámenes a ser pagados por las familias paraguayas. Tercero, el aumento del déficit significará una señal interna, como un nefasto antecedente de que en cualquier otro momento se puede hacer lo mismo, es decir, aumentar el déficit para solucionar un inconveniente específico o lo que es lo mismo pan para hoy, hambre para mañana.
Y cuarto, es de destacarse y dejamos aquí expresa mención en este editorial que no estamos de acuerdo con las soluciones cortoplacistas como sería cambiar la regla fiscal con la que contamos. Si se diera tal decisión, las consecuencias serán sumamente dañinas para el país y no nos referimos a las arcas fiscales, sino que sobre todo al bolsillo de los ciudadanos dado que serán los que tendrán que pagar aquella “solución parche” con el desmejoramiento de sus ingresos y menos puestos de trabajo.
De manera que, y para finalizar, decimos enfáticamente que el gobierno del presidente Santiago Peña tiene toda la razón cuando dice que no se prestará a subir el déficit fiscal cuando que, precisamente, es la actual administración la que está reduciéndolo al punto de su consolidación, luego del cierre del año pasado que llegó al dos (2) por ciento del PIB.