Últimamente los parlamentarios opositores y algunos de sus amigos de la disidencia colorada se enfocan más en ser periodistas, investigadores y hasta actúan de jueces de sus adversarios políticos antes que legislar en beneficios de la gente.
Viven tratando de pillar los errores de sus rivales como caballito de batalla diario ocupando así el tiempo en sus revanchismos para ganar espacio en los medios amigos.
Los opositores no bajan el dedo acusador para apuntar y señalar culpables que no son de su agrado. Sin embargo, apuntan hacia sus adversarios, sus filas apañan a personajes que se han burlado de la Justicia, sindicados y vinculados a narcos, abusadores de la cosa pública y hasta políticos que vendieron bienes públicos para financiar un curul en el Senado.
Es intolerable ver que ante el silencio de los oficialistas cómo prima el descaro de varios villanos disfrazados de “héroes”, que en el Congreso desarrollan una oratoria contra la corrupción y la impunidad al mero efecto teórico porque en la práctica son peores que sus denunciados favoritos.
Sin ninguna intención de defender a impresentables que hay en distintas carpas, los recientes “adjudicados” en la intensa campaña –más de odio y desprestigio que de una preocupación por la institucionalidad– son el exsenador Javier Vera y el senador Hernán Rivas. La persecución inmisericorde por la duda de un título de carrera y la adjudicación de un techo no dejan dormir a los opositores y sus aliados mediáticos.
Titulares y refritos amanecen con los nombres de los mencionados y otros colegas que no gozan de la simpatía de quienes fungen ser propietarios de la moralidad, mientras cargan con oscuros antecedentes en los que no demostraron piedad por la cosa pública.
Yolanda Paredes hace retumbar las paredes del Congreso Nacional con discursos que en la teoría desprecian la inmoralidad, el despilfarro, la falta de transparencia, los privilegios desmedidos, la corrupción, etc. Fue la propulsora de un juicio político para sacar del cargo a su excolega Javier Vera al que denunció como beneficiario de privilegio de un departamento gestionado por el Estado.
Paredes quiso sacar a un colega suyo por acceder a un departamento de un programa estatal. Sin embargo, después se supo, y con documentos, que ella se había quedado con una casa propiedad de la Itaipú en condiciones poco claras, que terminó vendiendo para financiar su campaña política.
Si lo que hizo Paredes fuera obra de un oficialista ya habría sido lanzado a la hoguera, pero los suyos y la prensa amiga de inmediato, antes que asumir los hechos, acudieron a la vieja estrategia de la persecución política por la denuncia realizada.
Como Paredes, hay varios opositores y amigos con serias denuncias en su contra, pero que no tienen destaque mediático y se arrastra en medio de un silencio cómplice, una hipocresía que ofende a los ciudadanos de bien.
El caso del senador Líder Amarilla, cuyo nombre se repite varias veces como padrino de funcionarios detenidos y presos por casos de narcotráfico esquematizado en su momento en el aeropuerto Silvio Pettirossi.
Lejos de aclarar, el padrinazgo y la recomendación de quien se fue con una misión clara de articular el ilícito, el parlamentario no dudó en arremeter contra el fiscal en un abierto amedrentamiento en la labor de investigador del agente del Ministerio Público.
Pero, estos casos no caen en el discurso de la presión política a la Justicia que tanto gusta a los opositores, y mucho menos a la prensa cómplice.
Ninguno de los opositores –autopercibidos honestos y defensores de la ética– salió a mencionar siquiera la necesidad de una aclaración del caso de Líder Amarilla.
La imputación y el pedido de desafuero del diputado Walter García, amigo del exintendente destituido por corrupción Miguel Prieto, tampoco es libreto de campaña anticorrupción. El diputado García está imputado por lesión de confianza ya que, según la Fiscalía, cuando fue presidente del consejo local de Salud estuvo involucrado en caso de pago por obras no realizadas y otros.
Casos como los mencionados y de otra índole como la gran tragada de Rafael Filizzola con las comisarías de “oro”, la compra de helicópteros con un perjuicio de G. 5.000 millones, de los que salió impune gracias a un proceso dilatado con chicanas, existen cientos más.
Sin embargo, pasan desapercibidos para la oposición, mientras en sus filas se guarecen impresentables con oscuros antecedentes.
La ciudadanía debe diferenciar muy bien a los políticos con doble moral y dejarlos desprovistos de voto ya que con la indignación selectiva se constituyen en cómplices de quienes deben afrontar las consecuencias de sus malos actos.