Los operativos de inteligencia llevados adelante con importante cooperación internacional terminaron destruyendo la estructura delictiva del uruguayo narco Sebastián Marset y de sus aliados. Sin embargo, queda pendiente un siguiente capítulo, castigar a cada uno de los funcionarios del gobierno de Mario Abdo Benítez que facilitaron el fortalecimiento del ilícito y generaron un daño tremendo al país con el auge de la narcoexportación.
Los responsables del gobierno anterior, principalmente las cabezas de los organismos de seguridad y porque no, el mismo expresidente de la República –de quien dependían los altos funcionarios antinarcóticos– tienen que rendir cuentas ante la justicia por la alevosa complicidad, la negligencia con la que actuaron ante un esquema de tráfico de drogas que operó a sus anchas en el territorio nacional.
Abdo Benítez debe explicar qué criterio le indujo a firmar un decreto el mismo día de su asunción al cargo para dar una licencia discrecional a su exministro de la Secretaría Nacional Antidrogas y de Interior, Arnaldo Giuzzio, el mismo que terminó destituido precisamente por sus vinculaciones con un sindicado narcotraficante brasileño.
Las cabezas del organismo antidroga –Giuzzio y su secretaria y luego sucesora, Zully Rolón– deben ser investigados y explicar por qué se obviaron datos de inteligencia reportados por la Dirección de Investigación Área Fluvial y Terrestre (DIAFT) en el marco de los operativos de ARAI I y II que ya alertaron sobre la estructura criminal de Marset y miembros de otras organizaciones criminales aliadas al uruguayo.
Es evidente que la decisión de Giuzzio de desmantelar las bases de inteligencia (DIAFT) de los puertos tenía intereses ocultos. Cooperar con la organización criminal y frustrar investigaciones como acciones sobre los sujetos identificados en los grupos narco. Este hecho es un capítulo pendiente de investigación de todo lo que se maniobró detrás de la instalación de Marset en el Paraguay.
(DIAFT) identificó a los miembros de la estructura Marset y a cada uno de los aliados de los demás grupos. Reportó sobre las características y las especificaciones de las avionetas utilizadas en el ilícito, ubicó la ruta y las pistas de arribo de la mercancía proveniente de Bolivia, descubrió los depósitos y centros de acopio, así también informó sobre bloque criminal dedicado al envío de cocaína desde los puertos en contenedores. La respuesta de Giuzzio a todos estos datos recabados por los agentes de inteligencia fue la represalia de cerrar sus oficinas en los puertos privados y la orden de retiro de los mismos.
Los agentes de la DIAFT, claramente molestaban al negocio de Marset y compañía, pero, ¿Giuzzio por qué tomó esa decisión? Qué intereses protegía Giuzzio con la resolución de cierre de los puestos de inteligencia en los puertos. Abdo Benítez y los suyos no pueden seguir haciéndose los desentendidos de la situación. Tienen la obligación de explicar sobre las decisiones que tomaron y que facilitaron la logística de la coca en el Paraguay.
Además de la represalia contra agentes de la Senad para dejar libre de controles las zonas donde se contaminaban las cargas y se procedía al envío de la droga, no hay que olvidar que luego aplicaron serie de filtraciones a las tareas investigativas, que resultaron más convenientes para los objetivos que para los hallazgos institucionales. Todos deben ser cometidos a serias pesquisas.
El colmo del estatus que en el gobierno de Abdo le dieron a las estructuras criminales llegó incluso a la firma de acuerdos oficiales en la administración de la exministra de la Senad Zully Rolón con el exdiputado Juan Carlos Ozorio, preso por narcotráfico tras el operativo A Ultranza Py.
Rolón también debe explicar por qué continuó manteniendo como arco libre los puertos y casualmente, después de la exposición A Ultranza Py ensayó un convenio nuevo con los portuarios para volver a realizar vigilancias. Por qué el gobierno de Abdo le otorgó estadía, residencia, documentos de identificación a Marset y su familia cuando ya manejaban la información de su actividad de tráfico internacional de drogas.
Todas estas interrogantes que, de por lógica suponen ya ciertas respuestas, deben ser explicadas ante la ley y aplicar la misma con todo el rigor que amerite. Se desmantelaron las asociaciones narco, pero quedan los posibles cómplices que los ayudaron desde el gobierno y eso no puede quedar impune.