Después de años de búsqueda finalmente cayó el uruguayo Sebastián Marset, jerarquizado como el tercer narcotra­ficante más importante del mundo. Paraguay es uno de los países en el que desarrolló su enorme logística para el ilícito que movió cifras de negocios multimillonarias, todo con la compla­cencia del gobierno corrupto de Mario Abdo Bení­tez que permitió al hoy preso en los Estados Unidos se moviera a sus anchas en todo el territorio, con todos los privilegios para pasar inadvertido.

Este despliegue durante el gobierno anterior se materializó a través de las instituciones de segu­ridad que prácticamente actuaron de cómplices y que facilitaron el movimiento del crimen orga­nizado, no solo manejado por Marset sino por varios otros capos.

La indisimulada liberación de los puestos de con­trol es un hecho que además de no tener prece­dentes colaboró con el florecimiento del negocio ilícito, una situación que debiera ser investigada para castigar a quienes contribuyeron con este auge.

No puede quedar como simple anécdota para la especulación aquel decreto con fecha 15 de agosto del año 2018 que firmó Abdo Benítez apenas reci­bió el mando presidencial.

El documento firmado por el exmandatario otorgó un poder discrecional a su elegido minis­tro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Arnaldo Giuzzio de disponer lo que llamaron “reorganización” de la entidad antidrogas. Esto no significó otra cosa que el desmantelamiento de los puestos de control en sitios clave de entrada y salida de cargas, lo que permitió el incremento de la narcoexportación como nunca antes se había visto.

No hay que olvidar que Giuzzio, irónicamente fue ministro de seguridad de Abdo Benítez y fue des­tituido por “favores” recibidos, precisamente de uno de los sindicados como mayores narcotrafi­cantes en el Brasil: Marcus Vinícius Espíndola Marqués de Padua.

Los tiempos apuntan a un esquema perfecta­mente sincronizado con los brazos caídos del gobierno de Abdo Benítez, por un lado; y, por el otro, una estructura delictiva que operaba a su antojo.

El 15 de agosto de 2018, decreto mediante le con­cede esa autoridad total a Giuzzio para disponer de la Senad. Con esta licencia, el exfiscal desman­tela los puestos de control en 2020.

Coincidentemente, al momento que Giuzzio libe­raba los puestos de control, principalmente por­tuarios, la estructura de Sebastián Marset ya había fortalecido una logística y una red opera­tiva formal de fachada y empezaba sus envíos de cocaína a Europa.

Dos años después de que el uruguayo se afincara en Paraguay, el gobierno de Abdo “descuidó” las fronteras.

Si recordamos las fechas subrayadas en las inves­tigaciones de la Fiscalía, institución que, por cierto, se lució con un minucioso trabajo, pode­mos notar que nada fue casualidad con relación a las operaciones de Marset en Paraguay.

El 8 de abril de 2018, Marset llega por primera vez a Paraguay. Diez días después, el 27 de abril de 2018, tras la victoria electoral de Abdo Benítez, Marset se instala en nuestro país y a partir de allí despliega la logística corporativa para mover el ilícito.

Aparecen empresas productoras de conciertos, de servicio y venta de vehículos y otras pertene­cientes a demás socios implicados en el esquema. En mayo de 2020, Giuzzio firma la resolución de retiro de agentes de investigación, canes, etc. de los puertos, quedando así arco libre para la nar­coexportación.

En agosto de 2020, el Departamento de Identi­ficaciones de la Policía de Abdo expidió cedulas paraguayas para Gianina García Troche (pareja de Marset), Diego Nicolás Marset (hermano), Mauro García Troche (cuñado) y dos de los hijos menores de edad de Sebastián Marset. Cabe recordar que el 2020 fue el inicio del próspero negocio del envío de drogas desde Paraguay y la Senad prácticamente era informante de los líde­res de la estructura, según puede entenderse de los análisis de inteligencia como la investigación fiscal. Se llega al punto de que la propia exminis­tra de la Senad Zully Rolón firmaba convenios contra el lavado de dinero con uno de los implica­dos en el esquema de Marset.

Todos estos hechos que ofenden la inteligencia son una muestra palpable de cómo guiñaron a los líderes del crimen organizado y merecen ser investigados para que el peso de la ley caiga sobra cada uno de los responsables.

La facilidad que tuvo la estructura Marset para moverse libremente tuvo sus cómplices en el gobierno anterior y deben ser identificados, es la única forma de avanzar en la verdadera lucha contra el negocio de las drogas.

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