El Gobierno nacional está tomando diversas medidas que ayudan a fortalecer la seguridad en el país, con nuevos instrumentos que darán mayor efectividad a la lucha contra los criminales. Como el delito no se frena, es necesario tener más instrumentos de combate de diversa índole para tener mejo­res posibilidades de éxito en esa incansa­ble tarea.

Por eso las autoridades acaban de poner en marcha el acuerdo SOFA, que es el instru­mento jurídico relativo al Estatuto de las Fuerzas, que consiste en una disposición que busca dar un marco legal a la coopera­ción que existe entre Paraguay y los Esta­dos Unidos de América. Antes que ceder la soberanía del país, como quieren dar a entender los que se oponen al acuerdo, el documento establece reglas jurídicas para una cooperación que anteriormente no tenía normas bien establecidas. Por lo que constituye un avance de gran nivel en la relación con la más importante potencia internacional.

La idea es que mediante el acuerdo se van a regular las actividades del personal militar de los EE. UU. en nuestro país, para refor­zar la cooperación en seguridad nacional y combatir a fuerzas delictivas vinculadas con el terrorismo. Lo que se persigue es facilitar el entrenamiento de las fuerzas de ambos países, así como la asistencia huma­nitaria, la respuesta a desastres y otros temas de seguridad de manera compartida.

Los especialistas en protección ciudadana y seguridad le otorgan una importancia tras­cendental al referido acuerdo, pues consi­deran que es “altamente estratégico” para los países involucrados y toda la región. De acuerdo con el experto colombiano Juan Carlos Buitrago, este acuerdo de coopera­ción en seguridad es de suma importancia, porque nuestro país quiere cooperar con las naciones en que “prevalece la seguridad y la lucha contra el crimen como prerrequisito para fortalecer el desarrollo, la economía y la confianza inversionista”.

Refirió que mediante el mencionado acuerdo se producirá un salto de calidad en la formación técnica y especializada de los organismos de seguridad en temas rela­cionados a la inteligencia, la investigación, además de restricciones e impedimentos en las actividades económicas criminales, la corrupción y el terrorismo.

Fue más explícito resaltando que el inter­cambio de las informaciones tendrá un papel clave en la tarea de desmantelar a las organizaciones mafiosas que se enseño­rean en la región. En especial las que están ubicadas en la triple frontera, en la zona este de nuestro país.

El especialista dijo que este acuerdo con el gran país del norte puede ayudar a que exista una mayor fortaleza en materia de justicia, seguridad policial, transpa­rencia, integridad y respeto por los dere­chos humanos y la democracia. Tal como ha sucedido en otros países que tuvie­ron similares acuerdos, como es el caso de Colombia y Ecuador, según precisó.

“El nuevo ordenamiento político en la región demanda una mayor integración de los Estados para cooperar contra las más serias amenazas que aún tienen vigen­cia, entre estas, los regímenes dictatoria­les como el de Venezuela, y otros gobier­nos muy proclives a aliarse con el mal y el crimen organizado; cuando la posición correcta es estar luchando hombro a hom­bro con los gobiernos que se esfuerzan para que haya mayor libertad, seguridad, demo­cracia y justicia”, apuntó el experto.

Todo lo que se realice para hacer más fuerte al país y más eficientes a las insti­tuciones nacionales en la lucha contra el crimen debe ser bienvenido y apoyado con fuerza. Porque está visto que el poder de los criminales no tiene fronteras y está cada vez más fuerte y con más medios eco­nómicos y bélicos para imponer su domi­nio perverso.

Teniendo en cuenta esta dura realidad, el acuerdo SOFA que acaba de promulgar como ley el Poder Ejecutivo es un impor­tantísimo paso para garantizar la seguri­dad del país y dar tranquilidad a la ciu­dadanía. Por eso antes que cuestionar su valor con opiniones que no resisten la lógica, como hacen algunos políticos con escasa visión, requiere el apoyo de todos.

Asociarse con la mayor fuerza mundial para combatir el crimen no es un pacto cualquiera, que se puede menoscabar por su escasa importancia. Es uno de los mayo­res aciertos de la política del Gobierno y solo puede significar mejores posibilidades contra los delincuentes para garantizar la tranquilidad que se merece nuestro país y su gente.