La reforma de la Caja Fiscal de Jubilaciones es una de las tareas de gran relevancia que está enca­rando el Gobierno nacional. Como toca el privilegio de algunos secto­res que no aportan casi nada y se quedan con pagos importantes, existe una fuerte oposición de los mismos para que no cam­bie nada y todo siga igual. Por ello, los edu­cadores amenazan con medidas de fuerza que ponen en duda la continuidad normal del sistema educativo si es que no se llega a un acuerdo.

En caso de que no se tomen las medi­das adecuadas en el sistema jubilatorio, la situación puede llegar a ser insosteni­ble desde el punto de vista financiero. Eso porque va a perjudicar a la ciudadanía, que tendrá que aportar mucha plata a través de nuevos impuestos para financiar el pri­vilegio de algunos sectores de la función pública.

El presidente de la República, Santiago Peña, explicó que tomó la decisión de reformar la Caja Fiscal de Jubilaciones a pesar de las dificultades, porque es una necesidad muy sentida y porque hay que hacerlo para bien del país. Dijo que encaró la decisión que ninguna administración anterior se animó a realizar, por las difi­cultades que implicaban, que será difícil para los trabajadores, porque algunos polí­ticos aprisionan a los ciudadanos por sus intereses.

Hizo hincapié en la necesidad de mirar el futuro a fin de evitar que en pocos años más los ciudadanos tengan que pagar más tribu­tos para solventar el déficit de la Caja Fiscal, que es lo que va a suceder si no se afronta la modificación que prepara el Gobierno.

“Lamento cuando la clase política uti­liza esto para tomar prisioneros, porque muchas veces los paraguayos que no mane­jan toda la información son prisioneros de los políticos y medios de comunicación, de aquellos que tienen interés de corto plazo, pero no tienen esa conciencia del futuro”, manifestó el presidente.

Los docentes, magistrados y los funciona­rios policiales y militares están en contra del cambio que se pretende hacer, porque no quieren que se les saquen los privilegios actuales.

“Yo podría haber privilegiado mi bienes­tar, como lo hicieron muchos presidentes, de no abordar este problema, pero yo tomé la decisión y claro que esto tiene un costo”, explicó el mandatario.

Reconoció que los cambios que se están haciendo serán difíciles para muchos tra­bajadores. Pero agregó que son necesa­rios. “Yo no vine aquí para simplemente ser uno más, yo quiero cambiar la historia del Paraguay”, afirmó para enfatizar que el Gobierno está decidido a la modificación apuntada, a pesar de la presión existente de algunos grupos que no quieren perder sus privilegios, cosa que perjudica a la mayoría ciudadana.

Los análisis técnicos indican que, sin los cambios propuestos por el Gobierno a la Caja Fiscal, el déficit anual sería mayor de 5 billones de guaraníes y pondría en serio peligro la estabilidad financiera del país.

El proyecto de ley que fue aprobado en la Cámara de Diputados dispone para docen­tes y magistrados una edad mínima de 57 años para la jubilación ordinaria, con un aporte mínimo de 25 años y una tasa de sustitución del 70 %, que puede llegar hasta el 85 %. Se entiende por tasa de sus­titución el porcentaje del último salario del trabajador que recibe como pensión jubilatoria.

En el caso de los empleados de las fuer­zas militares y policiales, se propone una edad mínima de 57 años, con 25 años de aporte y tasas de sustitución del 60 % al 85 %. Para la jubilación extraordinaria, se pone una edad mínima de 55 años, con un aporte mínimo de 30 años y una tasa de sustitución del 70 %.

Para el promedio se tendrá en cuenta como base los 5 o 10 últimos años de aporte, lo que dependerá de cada caso. Una de las modificaciones importantes que se hizo al proyecto del Ejecutivo es la inclusión de un aporte estatal del 5 %, porcentaje que se irá aplicando de manera gradual, comenzando con un 2 % en 2027 hasta llegar al 5 % en 2030.

El mencionado proyecto de ley está en la actualidad en poder de la Cámara de Sena­dores, luego de la aprobación de Diputados. Se espera que reciba el mismo tratamiento positivo, aunque existen temores bien fun­dados de que los sectores docentes y afines querrían impedirlo.