La reforma de la Caja Fiscal de jubilados del sector público se aprobó exitosamente en la Cámara de Diputados con los cambios que propuso el Poder Ejecutivo. Elevando la edad así como los aportes, se dio un primer paso que hace tiempo debió hacerse. Con media sanción, la Cámara de Senadores tendrá ahora la última palabra luego de su reciente postergación. El presidente Santiago Peña realizó una movida estratégica con esta iniciativa. Puso orden donde hay desorden. Presentó de modo transparente su proyecto ante la opinión pública, que generó debate nacional, cumpliendo con los requisitos de la democracia que exigen nuestra Constitución Nacional y las leyes.
Tanto el sector privado como la prensa y el público en general llegaron, con matices, a una conclusión: las cajas fiscales bajo ninguna circunstancia pueden seguir como están. Las razones son muchas, pero las tres más importantes están en que, primero, los egresos son superiores a los ingresos (una irrefutable y sencilla operación del debe y el haber en la contabilidad). Segundo, a los mismos beneficiarios directos de las cajas no les conviene seguir así porque más temprano que tarde no cobrarán sus haberes o percibirán mucho menos de lo que podrían hacerlo.
Y la tercera razón, respecto de la cual nuestra línea editorial ha sido consistente desde un comienzo en este tema, se encuentra en que el pueblo conformado por los habitantes de este país de ninguna manera puede seguir financiando a otros, no solo una parte, sino que el total de todos sus haberes jubilatorios, puesto que se estaría convalidando un acto de intolerable injusticia.
Resulta inadmisible desde el punto de vista financiero-económico y de justicia, por tanto, que las personas que ciertamente pagan sus aportes luego tengan que ser financiadas por otras personas que incluso ni siquiera tienen jubilación. Todavía más, resulta igualmente inadmisible desde las finanzas, la economía y la justicia que se tenga que subir los impuestos para que una parte de la población que no quiere cambiar las reglas del juego –objetivamente erróneas– se beneficien a expensas de otras.
Sobre el tema en cuestión es de manifestarse que una persona de bien de ningún modo se mostraría de acuerdo con que ante algo que está mal no se haga nada al respecto. Mediante el análisis desapasionado se puede colegir que lo que ocurre en las cajas fiscales está mal desde todo punto de vista.
Por nuestra parte, no tenemos duda alguna sobre la necesidad impostergable de la aprobación en el Congreso de este proyecto, a la fecha con media sanción en Diputados. Y tal como hemos venido desarrollando en este espacio y en otros desde nuestro grupo periodístico, de no realizarse los cambios sugeridos por el Ejecutivo, el déficit anual estaría fácilmente llegando este año a la escalofriante suma de ochocientos millones (800.000.000) de dólares, lo que conllevará a quebrantos sociales.
En este momento, la situación empieza a revertirse para así evitar la inminente catástrofe que castigará a la nación. En la Cámara de Diputados en lo relacionado a los docentes, magistrados judiciales, policías y militares, se retiraron en términos legales los privilegios que guardan relación con la edad de jubilarse junto con los respectivos aportes, los cuales eran exiguos y se han cambiado, pasando ahora a la Cámara de Senadores.
No somos ilusos. Sabemos que aquí se juegan muchos intereses espúreos y no son precisamente los del país, sino de ciertos grupos que sabiendo de la necesidad de aprobar esta reforma se congracian con los sectores que protestan. Consideramos correcto que toda persona tiene derecho a peticionar a las autoridades tal como establece la Constitución Nacional; sin embargo, hay sectores políticos claramente oportunistas que aun sabiendo de la imperiosa necesidad de este cambio que, por cierto, nunca se atrevieron a hacer, aparecen ahora como inmaculados defensores de los sectores directamente involucrados.
Les están mintiendo. Nos referimos concretamente a la oposición interna del partido de gobierno que arguye todo tipo de falacias que no son más que un engaño premeditado cuyo objetivo son las próximas elecciones internas en los distintos municipios; por supuesto, acompañados servilmente por una oposición que no hace más que seguir actuando como furgón de cola, sin ideas ni propuestas serias y razonables.
La postergación del tratamiento de la reforma de la Caja Fiscal en el Senado, por todo ello, de ninguna manera debe terminar en un “arreglo” a espaldas y en contra del pueblo, esa mayoría que trabaja todos los días y que no está dispuesta a que le suban los impuestos para pagar a otros por un problema que debe ser subsanado cuanto antes por su alto interés nacional.