La modificación del Sistema de Pensiones y Jubilaciones del sector público, conocido como Caja Fiscal, va camino a su con­creción en el Congreso con el estudio y la aprobación del proyecto de ley presen­tado por el Poder Ejecutivo. El jueves de la semana pasada la Cámara de Diputa­dos dio su visto bueno a la propuesta del Gobierno con algunas modificaciones y se aguarda que esta semana haga lo propio la Cámara de Senadores.

El cambio del actual sistema vigente es una necesidad que debe producirse en el tiempo más breve posible. Por eso se está trabajando con fuerza para apurar la nueva norma que permita realizar los ajus­tes necesarios y evitar los déficits que ame­nazan al país de manera contundente.

La oposición de algunos sectores a la modificación del sistema jubilato­rio vigente es entendible, sobre todo de parte de los docentes, militares, policías y magistrados, que pretenden seguir con los privilegios indebidos que vienen usu­fructuando en perjuicio del presupuesto estatal. Está demostrado que ese sistema no puede continuar si se pretende sanear las finanzas públicas y hacer viable un sis­tema jubilatorio sólido que beneficie a la mayoría. Sin los cambios que propone el Ejecutivo, el déficit anual superaría los 5 billones de guaraníes (unos 800 millones de dólares) y echaría por tierra la estabili­dad financiera del país.

Las disposiciones aprobadas en Diputa­dos mantienen la versión del Poder Ejecu­tivo en materia de jubilación de docentes, magistrados judiciales, policías y mili­tares, cuyo sistema actual permite una situación de excesivos privilegios, espe­cialmente debido a la edad en que pueden jubilarse y el escaso aporte que realizan.

La modificación realizada por Diputados para docentes y magistrados plantea una edad mínima de 57 años para la jubila­ción ordinaria, con un aporte mínimo de 25 años y una tasa de sustitución del 70 % que puede llegar hasta el 85 %. La tasa de sustitución es el porcentaje del último salario del trabajador que recibe como pensión jubilatoria, que sirve como indi­cador para medir el mantenimiento del poder adquisitivo.

Para los efectivos de las fuerzas públi­cas se ha propuesto una edad mínima de 57 años, con 25 años de aporte y tasas de sustitución del 60 % al 85 %. El promedio de haberes de los últimos cinco años de servicio se utilizará para el cálculo de la pensión.

En el caso de la jubilación extraordinaria, se establece una edad mínima de 55 años, con un aporte mínimo de 30 años y una tasa de sustitución del 70 %. Para el pro­medio se tendrá en cuenta como base los 5 o 10 últimos años de aporte, lo que depen­derá de cada caso. Una de las modificacio­nes importantes que se hizo al proyecto del Ejecutivo es la inclusión de un aporte esta­tal del 5 %, porcentaje que se irá aplicando de manera gradual, comenzando con un 2 % en 2027 hasta llegar al 5 % en 2030.

El aporte personal tendrá variaciones, de acuerdo con los cambios incluidos en Diputados. Para los funcionarios que tie­nen déficit en su caja, o sea, los educado­res, magistrados, fuerzas públicas, la con­tribución subirá al 19 %, en tanto que para los sectores que tienen superávit el aporte será del 16 %. Con estas modificaciones se pretende alcanzar una mayor equidad.

Según algunos entendidos del área, los cambios realizados en la Cámara de Dipu­tados responden al propósito de compen­sar en el proyecto la reducción en la edad mínima de la jubilación.

Ante la posibilidad de que en algunos sec­tores de funcionarios se produzcan jubila­ciones masivas de manera anticipada, una de las técnicas del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) considera que no existe ningún motivo para que suceda ese hecho. Diversos sectores ciudadanos que juzgan los acontecimientos con objetividad están de acuerdo con la reforma de la Caja Fiscal que está realizando el Gobierno.

Es el caso de los empresarios vincula­dos a la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco), enti­dad que hizo conocer su apoyo a favor de la reforma del sistema jubilatorio público y criticó la propuesta de huelga de los docentes. Rechazó de manera categórica que se tengan que cubrir los déficits pre­visionales con impuestos que tiene que pagar toda la sociedad, lo que sería tras­ladar el costo a toda la ciudadanía, cas­tigando a los que producen, invierten y generan empleo.