Durante el estudio del proyecto de ley que reforma la Caja Fiscal de Jubilaciones en la Cámara de Diputados, dirigentes del sector docente señalaron que harán una huelga para impedir que las clases se ini­cien el 23 de febrero próximo, como está previsto en el cronograma oficial de este año. Será para protestar contra las dis­posiciones de la nueva legislación que busca mayor ingreso para las cajas esta­tales a fin de cubrir los requerimientos de las jubilaciones y no recurrir al subsi­dio estatal, que requerirá usar el dinero de los impuestos, que tiene otros desti­nos en salud, educación y seguridad.

El proyecto de ley, que ya tiene la media sanción de la Cámara de Diputados, modifica el sistema de jubilaciones que rige actualmente para educadores, magistrados y miembros de las fuerzas públicas.

La decisión de no iniciar las clases el día indicado se conoció en medio de la pro­testa de docentes, enfermeros y médicos que se realizó en momentos que los legis­ladores de la Cámara Baja analizaban el referido proyecto de ley.

El documento aprobado, que será anali­zado ahora por la Cámara de Senadores, establece algunos ajustes en los aportes, en las edades para la jubilación, a fin de hacerlo más llevadero para el sector fis­cal.

Si no se aplican las medidas que se pro­ponen en la nueva ley, dentro de dos años la Caja Fiscal ya no tendrá dinero para pagar los beneficios a los jubilados y será el Estado, con los fondos públicos prove­nientes de los impuestos, el que deberá cubrir el 100 % de los requerimientos. Esto implicará una sangría financiera extraordinaria que irá en detrimento de la salud pública, la educación estatal y demás sectores públicos que dependen del presupuesto estatal.

Cualquier análisis sincero que se haga de la situación de la Caja Fiscal da como resultado la necesidad urgente de hacer una profunda transformación de la situación actual. Porque, así como está es inviable y va contra los intereses del país, aunque beneficia a un pequeño sec­tor de gente que quiere seguir disfru­tando de sus privilegios indebidos.

La amenaza docente de hacer una huelga y no comenzar el año escolar el día indi­cado es inaceptable. Y se la puede califi­car incluso como inmoral, en el sentido de que va contra el derecho legítimo de perso­nas que no tienen la suficiente protección para defenderse, como el caso de los meno­res, que deben recibir la educación, como manda la Constitución Nacional y las leyes.

Ir contra el derecho de los niños es un recurso penoso, porque significa que se está castigando a los menores de tan­tas familias, que, aparte de conocimien­tos educativos, necesitan una protección adecuada, además de la de sus fami­lias, también de parte de los educado­res. Golpear a los indefensos con un cas­tigo indebido no es un acto de valentía, sino una lamentable demostración de cobarde prepotencia.

La intimidación de los educadores de impedir el inicio de las clases no es una simple amenaza, porque se tiene la expe­riencia pasada de que cuando quieren presionar, siempre van al paro de acti­vidades. Y así golpean a miles de chicos dejando de darles el necesario alimento de la instrucción académica que requie­ren. En los conflictos con las autoridades estatales, los gremios de educadores casi siempre han recurrido a esa coacción, sin importarles la suerte de sus alumnos. Y es muy probable que en esta oportuni­dad cumplan su amenaza, si no se llega a un arreglo previo.

Por ello, es recomendable que los gre­mios docentes cambien de postura y se inicie el año escolar como está previsto. O, en el peor de los casos, que el gobierno recurra a alguna medida correctiva para poner en vereda a los que no quieren cumplir su obligación educativa.

No se debe tolerar bajo ninguna condi­ción que se castigue a los chicos de nues­tra sociedad, que tienen el derecho de ser atendidos como las personas privilegia­das que son, por su condición de meno­res. Los gremios docentes deben recapa­citar y dejar de lado la posibilidad de una medida de fuerza contra los niños de la sociedad paraguaya.

El diálogo, el buen sentido y el respeto a los menores deben prevalecer en este conflicto que tiene soluciones perfectamente alcanzables si existiera la suficiente sensibilidad y buena voluntad.